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Trump disuelve su Comisión de “fraude” electoral

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Trump disuelve su Comisión de “fraude” electoral
Fotografía de archivo del 19 de julio de 2017 que muestra al presidente estadounidense, Donald J. Trump (c), mientras habla junto al secretario de Estado de Kansas, Kris Kobach (i), y el vicepresidente estadounidense, Mike Pence (d), durante la primera reunión de la Comisión Asesora Presidencial sobre Integridad Electoral. (EFE)

WASHINGTON. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, disolvió el miércoles una investigación sobre presunto fraude electoral en las elecciones de 2016, pero se negó a dar marcha atrás en sus acusaciones infundadas de irregularidades masivas en las urnas.

Haciendo frente a la oposición del país y ante una batalla difícil para demostrar algo que casi todos los expertos están de acuerdo en que no sucedió, Trump decidió abandonar su polémico panel de investigación.

Pero el presidente no pareció abandonar por completo su reclamación de que entre tres y cinco millones de personas votaron ilegalmente en las elecciones presidenciales de 2016.

“A pesar de la evidencia sustancial de fraude electoral, muchos estados se han negado a proporcionar información básica relevante para la investigación de la Comisión Asesora Presidencial”, dijo Trump en una declaración.

“En lugar de participar en interminables batallas legales a costa de los contribuyentes, hoy [por miércoles] he firmado una orden ejecutiva para disolver la Comisión, y he pedido al Departamento de Seguridad Nacional que revisara estos asuntos para determinar las próximas acciones”, precisó.

Trump ganó las elecciones porque obtuvo la victoria en más colegios electorales estatales, pero perdió el voto popular por cerca de tres millones sufragios.

La Comisión Asesora Presidencial sobre la Integridad Electoral hizo sonar la alarma cuando su vicepresidente, Kris Kobach, el secretario de estado de Kansas, envió una carta a los 50 estados pidiendo información confidencial de todos los votantes registrados.

Kobach buscaba nombres, direcciones, fecha de nacimiento, afiliación política, los últimos cuatro dígitos del número de la seguridad social, estatus militar, datos de condenas por delitos graves e “historial del votante”.

Muchos estados rechazaron las demandas de la Comisión, alegando que los datos solicitados podrían usarse para privar a algunas personas de su derecho a voto.

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