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El glifosato, en el banquillo de los acusados desde San Francisco a Sri Lanka

Considerado por la OMS como “cancerígeno probable”, el glifosato es comercializado en productos de diferentes marcas

PARÍS, Francia. Panorama de las restricciones en el uso del glifosato, el herbicida más empleada en el mundo y principal componente del Roundup, atacado en todas partes pero hasta ahora raramente prohibido o penalizado.

Considerado desde 2015 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como “cancerígeno probable”, el glifosato es comercializado en productos de diferentes marcas, la más célebre es el Roundup fabricado por el grupo estadounidense Monsanto, que pertenece ahora al gigante alemán Bayer.

- ESTADOS UNIDOS -

Un tribunal de San Francisco condenó el viernes a Monsanto a pagar casi 290 millones de dólares por no haber informado sobre la peligrosidad de su herbicida RoundUp, que contribuyó “sustancialmente” a la enfermedad terminal de Dewayne Johnson, una victoria para este jardinero estadounidense que espera un efecto bola de nieve.

Miles de demandas contra Monsanto están siendo tratadas en Estados Unidos, algunas más avanzadas que otras.

El gigante agroquímico repitió que “la decisión no cambia el hecho de que 800 estudios científicos y las conclusiones de la agencia estadounidense de protección del medioambiente (EPA), de los institutos nacionales para la salud y otras autoridades de regulación en el mundo sostienen que el glifosato no causa cáncer”.

- EUROPA -

Los Estados miembros de la Unión Europea (UE) renovaron a fines de 2017 por 5 años la licencia para el uso del glifosato en el bloque, luego de dos años de un difícil debate.

La Comisión Europea, órgano ejecutivo del bloque, destacaba la venia de sus agencias científicas, la Autoridad Europea para la Seguridad de los Alimentos (EFSA) y la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA), que no clasificaron la sustancia como cancerígena.

Pero se puso en duda la independencia de la EFSA dado que, según revelaciones de prensa, su informe incluía pasajes copiados de un documento presentado en 2012 por Monsanto.

- FRANCIA -

El gobierno francés prometió en mayo que el glifosato sería prohibido “en sus principales usos” para 2021, y “para todos sus usos” en un horizonte de cinco años.

Tras el hallazgo de glifosato en miel, un sindicato apícola presentó en junio una demanda contra Bayer, en Lyon (este) en donde se encuentra la sede francesa del gigante alemán. Se inició una investigación por “sustancias nocivas” sin que se señale específicamente a Bayer.

- ARGENTINA -

Argentina, tercer productor mundial de soja detrás de Estados Unidos y Brasil, consume cantidades masivas de glifosato.

En algunos sectores agrícolas el conflicto es permanente entre los habitantes y los productores, para quienes este producto es indispensable.

Sin legislación nacional, los intendentes reglamentan localmente las fumigaciones, pero estas reglas son cuestionadas por los productores, lo que acentúa el conflicto.

- BRASIL -

A principios de agosto, un juez de Brasilia suspendió por 30 días la posibilidad de registrar ante las autoridades todo nuevo producto con glifosato, para que la agencia brasileña de vigilancia sanitaria procediera a su “reevaluación toxicológica”.

El gobierno brasileño planea recurrir a la justicia para anular esta decisión antes de la próxima campaña agrícola.

- El SALVADOR -

La Asamblea Legislativa votó en septiembre de 2013 el retiro del mercado de 53 productos agroquímicos, entre ellos herbicidas y plaguicidas.

Una decisión parcialmente anulada por el presidente de entonces, Mauricio Funes, quien pidió que de los 53 productos, 11 plaguicidas no fueran retirados, señalando que eran muy utilizados y no estaban prohibidos a nivel internacional.

Se creó entonces un comité técnico y la situación no evolucionó en cinco años. El glifosato sigue vendiéndose en El Salvador.

- SRI LANKA -

El gobierno de Sri Lanka prohibió la importación de glifosato en octubre de 2015 luego de la campaña que lanzó un monje budista.

Las organizaciones agrícolas criticaron al gobierno por no haber procedido a otros estudios científicos, afirmando que la prohibición les costó la pérdida de 10% de los 300 millones de kilos de té que se producen anualmente.

En julio, el gobierno volvió a autorizar la importación, pero restringió el uso del glifosato a las plantaciones de té y de caucho.

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