Asesinato de líderes sociales en Colombia, un lunar para la paz del Gobierno

BOGOTÁ. La ola de asesinatos de defensores de derechos humanos en Colombia se ha convertido en un punto negro en la implementación del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC que supone una disminución drástica de la violencia en el país.

Las voces que piden parar esos asesinatos vienen de varios lados.

La más reciente fue la del expresidente del Gobierno español Felipe González (1982-1996), quien dijo que el asesinato de líderes sociales y de defensores de derechos humanos en Colombia “hay que cortarlo”.

González, al igual que el expresidente uruguayo José Mujica (2010-2015) encabezan el mecanismo de verificación y acompañamiento internacional para la implementación del acuerdo de paz del Gobierno colombiano y las FARC.

En los últimos meses en Colombia se han incrementado los asesinatos de líderes sociales, algo que, según el Gobierno, no obedece a una práctica sistemática, sino que son casos aislados.

Sin embargo, según el informe “Violencia y amenazas contra los líderes sociales y los defensores de derechos Humanos”, presentado este viernes por la Defensoría del Pueblo de Colombia, 156 personas de esta condición fueron asesinados en los últimos 14 meses.

El periodo analizado por la Defensoría abarca del 1 de enero de 2016 al 1 de marzo de este año, que coincide con la mayor expectativa del país por la paz con las FARC.

El informe también advierte que en ese periodo de tiempo hubo además cinco desapariciones forzadas y 33 casos de atentados contra líderes sociales.

Las cifras de la Defensoría se suman a las que presentó a mediados de este mes la ONU, que expresó su “preocupación” por la situación de violencia contra defensores en Colombia, en donde en 2016 “observó” 389 ataques de los cuales 59 fueron homicidios.

El documento ahonda que hasta el pasado 31 de diciembre, la Oficina de la ONU contabilizó 389 ataques de los siguientes tipos: 59 homicidios, 44 ataques, 210 amenazas (69 colectivas), 72 violaciones a los derechos a la privacidad y la propiedad, incluyendo fotografías, vigilancia y robo de computadores.

En medio de la aguda situación, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, pidió a la Policía y la Fiscalía que esclarezcan “de inmediato” el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos Humanos.

Santos también ha ordenado a la fuerza pública reforzar la protección para estas personas e insistido en que no va a dejar “ningún caso en la impunidad”.

Según cifras del propio Santos, desde inicios del año pasado se han identificado 74 casos reportados y verificados con Naciones Unidas de atentados contra líderes sociales.

El jefe de Estado ha destacado que en 25 casos hay avances significativos en la investigación, lo que ha llevado a que haya cuatro sentencias, dos casos en etapa de juicio, siete con órdenes de captura, doce con imputaciones por autoría establecida, 50 personas privadas de la libertad y 66 personas vinculadas a los procesos.

Para luchar contra esta situación, el Gobierno creó en marzo pasado una comisión de alto nivel integrada por los ministros del Interior y de Defensa, el director de la Policía, el fiscal, el Defensor del Pueblo, el director de la Unidad de Protección y el representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, para que hagan seguimiento de los casos denunciados.

El asesinato de defensores también ha encendido las alarmas de la Unidad de Víctimas y por esa razón su director, Alan Jara, quien estuvo secuestrado por las FARC, ha hecho reiterados llamados a la Fiscalía y otras autoridades para que investiguen.

A diferencia de otros miembros del Gobierno, Jara sí ha dicho que lo que sucede es que “están masacrando a los líderes sociales”, defendió que sus actividades estén protegidas por la ley y que lo que procede es que el Estado debe brindarles protección para que puedan seguir desarrollando sus labores.

A la luz de las cifras, la construcción de la paz en Colombia le está costando cara a los defensores de los derechos humanos, 80 de los cuales fueron asesinados a lo largo de 2016, según otro informe de la ONG Programa Somos Defensores, divulgado el pasado 21 de febrero.

El documento señala que cuando se comienza a vislumbrar el fin del conflicto armado y se pensaba que los defensores centrarían su lucha “en coadyuvar a construir el camino de la paz desde escenarios territoriales y nacionales”, el escenario no cambia y los golpes son “simplemente mortales y crecientes”.

Con las cifras y el poco avance en la justicia por esclarecer los asesinatos, el panorama es poco menos que alentador en un escenario que supondría una mejoría significativa para los defensores de derechos humanos y líderes sociales en Colombia.

Ovidio Castro Medina

EFE