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Cuando la paz no extingue la violencia: las amenazas activas en Colombia

CHOCÓ. Ahorró sangre y lágrimas, pero el acuerdo para el desarme y transformación en partido de la guerrilla FARC, anunciado hace un año, no condujo a la paz automática para Colombia.

Nuevas o viejas violencias estimuladas por un boom del narcotráfico postergan el fin del último conflicto armado de América.

ELN

Docenas de hombres y mujeres armados se agrupan en el remoto departamento del Chocó, fronterizo con Panamá. Allí, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) es ley.

“Seguimos considerando la vía armada como la única, porque las vías legales están cerradas en Colombia”, dice a la AFP “Uriel”, comandante del Frente de Guerra Occidental Ómar Gómez, que opera en este departamento donde el 80% de los habitantes vive en la pobreza extrema.

Con el rostro cubierto, desconfía de la “voluntad” del gobierno, con el que los rebeldes negocian la paz en Quito desde febrero.

Con 1.500 combatientes y menor capacidad de fuego que las FARC, que desmovilizaron a 7.000 guerreros, el ELN está en tregua desde el 1 de octubre. El primer cese al fuego bilateral que compromete a esa guerrilla en 53 años de lucha terminará el 9 de enero.

El ELN opera en 99 de los 1.122 municipios colombianos, según la Fundación Paz y Reconciliación (Pares). Tras la salida de las FARC, el grupo guevarista se ha consolidado como “actor dominante” en 46 localidades y se ha expandido a otras donde no estaba.

Narcocultivos

Un solo municipio en Colombia, mayor productor mundial de cocaína, concentra el 16% de los narcocultivos. Está en la frontera con Ecuador, es hogar de negros, colonos e indígenas, pero sobre todo es una ruta de droga hacia Estados Unidos, principal consumidor.

Tumaco no ha saboreado la paz. Hasta 15 grupos armados se disputan hoy el territorio que controlaban los rebeldes marxistas. Hay muertos, desplazamiento y temor. “La coca es el detonante”, dice Arnulfo Mina, de la Diócesis de Tumaco.

Mientras se negociaba la paz, los plantíos de coca saltaron de 96.000 a 146.000 hectáreas entre 2015 y 2016. La insaciable demanda y la valorización del dólar explican este crecimiento.

Presionada por Washington, Bogotá se propuso acabar este año con 100.000 hectáreas a la fuerza o mediante acuerdos de sustitución. “Colombia es uno de esos pocos países en el mundo que crean una economía de guerra que mantiene viva la violencia”, incluso si cambian los actores, dice Ariel Ávila, de Pares.

Disidencias

Cinco meses antes de que se firmara la paz, unos 300 guerrilleros renunciaron al acuerdo que a la postre supuso el fin de las FARC como organización armada. Surgió entonces la disidencia o lo que algunos llaman desertores.

Más de un año después de la única fractura visible dentro de la guerrilla en su camino al desarme, los disidentes ya son entre 700 y 1.000, implicados en el narcotráfico y la minería ilegal, según el gobierno.

En el sur del país se están fortaleciendo “de manera significativa”, advierte Pares. En parte lo atribuye al regreso a las armas de un número incierto de excombatientes ante las “debilidades” en los planes de reincorporación social y económica.

Los disidentes operan hasta en 43 municipios (4% del territorio), y sobre ellos pesa la amenaza de bombardeos militares.

En cinco años “volveremos a ser un ejército”, auguró Aldemar, uno de sus jefes, cuando la AFP lo encontró con fusil al hombro a orillas del río Inírida, en las selvas cocaleras del sur. Las disidencias representan hasta el 9% de la exguerrilla.

“No son grupos guerrilleros, son grupos del narcotráfico”, afirma Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflicto (CERAC).

Crimen

Alexis Viera pudo figurar en el listado de muertos de Cali, la ciudad del Pacífico con más homicidios de Colombia y una de las más peligrosas del mundo. En 2015 el arquero uruguayo fue víctima de un atraco, los delincuentes le dispararon y afectaron su médula. Los médicos dijeron que nunca volvería a caminar.

Aunque debió dejar el fútbol, agradece esta “nueva oportunidad para vivir”. Poco más de 11.000 personas no tuvieron esa oportunidad el año pasado en Colombia, de ellas 1.335 en esta urbe.

Cali duplica la tasa nacional de homicidio: 55,74 por cada 100.000 habitantes. A finales de los 90, la tasa era de 110.

Con 2,4 millones de habitantes, está en la posición 21 de las 50 ciudades más peligrosas del mundo, según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, una ONG con sede en México.

Cali es “un epicentro tanto para los negocios lícitos como para los ilícitos”, explica Juan Pablo Paredes, alto consejero de Seguridad de la Alcaldía. Los narcotraficantes trabajan a lo largo del Pacífico e invierten, lavan dinero y saldan deudas en la ciudad, agrega.

La mitad de los homicidios son crímenes sicariales, afirma Henry Jiménez, subcomandante de la policía de Cali.