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|Colombia|
| 14 JUL 2018, 12:00 AM
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FARC comienzan a responder por miles de secuestros en Colombia

La fiscalía ha documentado 6.162 casos de secuestro, con 8.163 víctimas, que involucran a los antiguos guerrilleros.

Los ex líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, Pablo Catatumbo, desde la izquierda, Rodrigo London y Carlos Antonio Lozada, son vistos en un monitor, durante una audiencia del tribunal de paz en Bogotá, Colombia, el 13 de julio de 2018.
Los ex líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, Pablo Catatumbo, desde la izquierda, Rodrigo London y Carlos Antonio Lozada, son vistos en un monitor, durante una audiencia del tribunal de paz en Bogotá, Colombia, el 13 de julio de 2018.
20180714 https://www.diariolibre.com

BOGOTÁ. Colombia abrió el viernes un histórico capítulo de justicia dentro de su dilatado conflicto. Por primera vez, los otrora jefes rebeldes de las FARC se sentaron al banquillo para responder por miles de víctimas de secuestros, como parte del pacto de paz.

“Pedimos perdón a todas ellas, haremos hasta lo imposible porque puedan conocer la verdad de lo ocurrido, asumiremos las responsabilidades que nos correspondan”, afirmó Rodrigo Londoño (Timochenko), máximo líder de la que fuera la guerrilla más poderosa de América.

Londoño encabezó la primera audiencia de juzgamiento en el marco del sistema especial pactado con el gobierno para reconocer a las cientos de miles de víctimas que dejó más de medio siglo de enfrentamiento.

Al término de la diligencia, reafirmó los compromisos de contribuir “hasta donde sea posible” con la reparación de los afectados y de jamás volver a ejercer la violencia.

Durante su prolongada y fallida lucha por el poder, las FARC recurrieron al rapto de personas con fines económicos y políticos. Miles de rehenes, incluidos militares, policías y dirigentes como la franco-colombiana Ingrid Betancourt, estuvieron en lo profundo de la selva hasta diez años antes de ser rescatados o liberados, y no pocos perecieron en cautiverio.

La fiscalía ha documentado 6.162 casos de secuestro, con 8.163 víctimas, que involucran a los antiguos guerrilleros.

“Pedimos perdón a todas ellas, haremos hasta lo imposible porque puedan conocer la verdad de lo ocurrido, asumiremos las responsabilidades que nos correspondan”, afirmó Rodrigo Londoño (Timochenko).

En este proceso, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) conocerá los delitos relacionados con esta práctica entre 1993 y 2012.

La justicia citó a esta primera diligencia de reconocimiento a 31 responsables de las ya disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia dentro de la causa 001 por “retención ilegal de personas”.

Sin embargo, solo Timochenko y los también dirigentes Pablo Catatumbo y Carlos Lozada asistieron a la audiencia que se llevó a cabo en el norte de Bogotá.

Los demás enviaron a sus abogados o en el caso de Jesús Santrich - detenido por Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico - participó a través de una teleconferencia desde la cárcel. Salvo Santrich, todos los acusados responderán en libertad.

“Exigimos verdad”

Como parte del acuerdo que desarmó a 7.000 combatientes y llevó a la FARC a convertirse en partido político el año pasado, los rebeldes se comprometieron a confesar sus crímenes y reparar a las víctimas, a cambio de recibir un castigo alternativo a la cárcel.

Si cumplen lo pactado y nunca más ejercen la violencia, purgarán penas de entre cinco y ocho años en un lugar distinto de la prisión que aún no ha sido definido y podrán ejercer como congresistas. Si no, se exponen a condenas de 15 a 20 años de reclusión efectiva.

“El inicio de esta etapa es un acontecimiento histórico que constituye un paso fundamental en los esfuerzos para poner fin a un conflicto armado”, destacó la magistrada Julieta Lemaitre.

A las afueras del edificio, una veintena de personas a quienes se les impidió el ingreso a la audiencia, se congregaron en silencio y exhibieron fotografías de “secuestrados o desaparecidos” a manos de los rebeldes.

“La verdad es lo que más exigimos las víctimas. Que les rebajen las penas solo si nos dicen qué pasó con la gente de la fuerza pública que secuestraron y dónde está”, señaló a la AFP Olga Rojas, viuda del sargento José Vicente Rojas que está desaparecido desde 1992.

Los militares que también participaron en el conflicto podrán acogerse voluntariamente a la JEP, al igual que los civiles que financiaron a grupos de ultraderecha.

Pese a que ha evitado unas 3.000 muertes al año, el acuerdo de paz fracturó a la sociedad colombiana. Una mitad defiende con vehemencia lo pactado, y la otra rechaza lo que considera generosas concesiones a la exguerrilla.

El presidente electo Iván Duque, quien asumirá el poder el 7 de agosto, venció precisamente en las urnas con la promesa de modificar parte del acuerdo para impedir que los jefes que sean hallan culpables de delitos atroces puedan ejercer como congresistas.

El pacto les garantiza una pequeña representación de diez escaños en el Congreso a partir del 20 de julio.

Entre las víctimas también hubo críticas en la apertura de los juicios.

“Esto empezó violando el criterio de que el centro somos las víctimas. Invitaron a los jefes de las FARC, a sus abogados e invitados especiales pero no tuvieron en cuenta que las víctimas merecíamos estar ahí, de frente, y ver cuál era la reacción de ellos ante nosotros”, dijo a la prensa Diego Tobón.

Este empresario y abogado de 69 años, quien perdió a su tío en cautiverio, apenas pudo contener las lágrimas a las afueras del edificio de la JEP.

por Marcela RODRIGUEZ / Rodrigo ALMONACID

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