La amenaza de prisión se cierne nuevamente sobre Keiko Fujimori

LIMA. La amenaza de terminar en prisión preventiva por un presunto delito de lavado de activos en la financiación de su campaña para las elecciones de 2011 se cernió nuevamente hoy sobre Keiko Fujimori, líder de la oposición en Perú, tan solo dos días después de haber sido liberada de una detención preliminar.

El nuevo intento por mantener privada de libertad a la hija del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) viene, según medios, del fiscal contra el lavado de activos José Domingo Pérez, el mismo que recientemente la llevó a permanecer arrestada durante una semana en una sede policial de Lima.

De ser aceptado por el juez, el paso implica la formalización de la investigación preparatoria, paso previo a la apertura de un juicio oral según el proceso penal peruano.

La solicitud es por 36 meses y también está dirigida a otras once personas, algunas de ellas del círculo más cercano a la líder del partido fujimorista Fuerza Popular, como sus inseparables asesores Pier Figari y Ana Herz de Vega y los exministros Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya.

Este pedido del fiscal, incluida la prisión preventiva, era esperado desde el miércoles 10 de octubre, día en que fue detenida por sorpresa en la misma sede de la Fiscalía a donde había acudido a una citación para ser interrogada.

A pesar de que la detención era por diez días, Keiko Fujimori y otros implicados en el caso quedaron en libertad al prosperar una apelación, concedida por un tribunal que observó que el juez que ordenó capturarla había copiado los argumentos del fiscal sin someterlos a una debida valoración.

Si bien el tribunal que anuló la detención de Fujimori y el resto de detenidos criticó las formas en que se dictó la medida, no lo hizo sobre el fondo, e incluso conminó a los fiscales a volverla a solicitar a otro juez, pero ellos prescindieron de ello para dar el siguiente paso: la prisión preventiva.

En una conferencia de prensa, la congresista Úrsula Letona, portavoz del fujimorismo, afirmó hoy que el pedido de prisión preventiva contra su líder les causa “una profunda preocupación” y esperó que sea rechazado igual que se revocó la detención.

Letona afirmó que Fujimori no se fugará del país para eludir a la Justicia y deseó que obtengan la recusación presentada contra el juez Richard Concepción Carhuancho, quien ordenó la detención preliminar y quien sería el responsable de admitir o no el trámite solicitado por el fiscal.

La solicitud de la prisión preventiva se resolverá en una audiencia judicial que deberá ser programada en un plazo de 48 horas.

Con el eventual ingreso en prisión de Keiko Fujimori, el fiscal Pérez pretende profundizar las investigaciones en la contabilidad de Fuerza Popular, iniciadas el 8 de marzo de 2016 y cuyo plazo, de 36 meses por tratarse de un caso de criminalidad organizada, vence en menos de cinco meses.

La investigación se centra en hallar pruebas que demuestren que el partido de Fujimori, Fuerza Popular, ocultó grandes donaciones de dinero irregular para la campaña presidencial de 2011 mediante el registro de aportes ficticios.

Entre las donaciones presuntamente ocultas estaría al menos un millón de dólares de la constructora brasileña Odebrecht, que la compañía declaró ante fiscales haber entregado a los exministros Yoshiyama y Bedoya.

También otras sospechosas partidas de dinero procedentes de la corporación estadounidense LVF Liberty Institute, constituida en Delaware.

Estos aportes fueron supuestamente diluidos en los libros de contabilidad a nombre de múltiples donantes particulares, entre ellos algunos que ya testificaron ante el fiscal no haber dado nunca dinero a favor de Fuerza Popular.

Asimismo, en rifas y tres cócteles, galas para recaudar fondos donde el partido fujimorista aseguró haber reunido unos 2 millones de soles (unos 600.000 dólares).

Desde que Keiko Fujimori se erigió como líder del fujimorismo, ha afrontado diversas investigaciones sobre los fondos que le permiten mantenerse en la primera línea política, pero esta es la primera vez que afronta un pedido de prisión preventiva.

El mayor aprieto judicial de la heredera del fujimorismo llega en el momento que su padre permanece hospitalizado desde el día en que fue anulado el indulto del que gozaba sobre una condena de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad.

EFE