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Una nueva sentencia acredita el financiamiento ilegal del PP en España

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Una nueva sentencia acredita el financiamiento ilegal del PP en España
El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, la exministra de Defensa y actual secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y el coordinador general del partido, Fernando Martínez Maíllo, durante la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP. (EFE/MARISCAL)

MADRID. Una nueva sentencia acreditó este lunes la financiación ilegal del Partido Popular (PP, derecha conservadora) de Mariano Rajoy, diez días después de la caída de del ex presidente de gobierno tras la condena de su formación en un megaproceso por corrupción.

El fallo señala que el PP, envuelto en numerosos escándalos de corrupción, financió sus campañas electorales de 2007 y 2008 en la región de Valencia (este) “de manera tan absolutamente irregular que fue delictiva”, según el comunicado del tribunal.

En total, 18 personas fueron condenadas a penas de entre 4 meses y 6 años de prisión, entre ellos el ex secretario general regional del PP Ricardo Costa, a 4 años.

Se trata de una pieza secundaria de la llamada trama Gurtel, un macrocaso de corrupción que ya provocó la caída de Rajoy el 1 de junio por una moción de censura presentada por el socialista Pedro Sánchez, que lo reemplazó al frente del gobierno.

Días más tarde, Rajoy anunció el fin de su larga carrera política.

En la pieza principal de Gurtel, el PP fue condenado como “partícipe a título lucrativo” de una trama corrupta consistente en una red de empresas que de 1999 a 2005 sobornaron a cargos del partido para obtener contratos públicos en distintos puntos del país.

La justicia condenó a un total de 351 años de prisión a 29 personas vinculadas al PP.

En su fallo de este lunes, el juez concluyó que al financiar ilegalmente al PP, los empresarios se colocaban en posición privilegiada, “por no decir monopolística”, para obtener contratos de la administración regional.

El enriquecimiento personal de los políticos no quedó demostrado, según el magistrado, para el que sus actos fueron cometidos “por pura ambición política de alcanzar y permanecer en el poder”.

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