Casos de políticos caldean ambiente jurídico del país
El procurador remitió dos instancias a la SCJ con solicitudes
Federico Méndez
SANTO DOMINGO. Como si se tratara de despertar a un león que descansa en su morada selvática, el boom originado por los sometimientos por presuntos actos de corrupción a dirigentes políticos encendió las llamas del debate jurídico.
La etapa de transición entre los gobiernos de los presidentes Leonel Fernández y Danilo Medina pasó en medio de discusiones políticas, producto de la resaca electoral, con respecto a los casos de presuntas corrupción en la administración pública.
Una vez instalado el nuevo gobierno, la Procuraduría General de la República desató el avispero.
Los archivos provisionales y definitivos a favor de los senadores Félix Bautista y Amable Aristy Castro se convirtieron en el pespunte que terminó la luna de miel en el área del Ministerio Público.
El origen se deriva de la solicitud del procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, de revocación del archivo definitivo a los sometimientos por presuntos actos de corrupción en contra del legislador por San Juan de la Maguana.
Domínguez Brito había encontrado el "caso resuelto", desde el 13 de agosto, tras la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA) adoptar una decisión, con todas sus consecuencias legales.
No bien termina esta marejada, siguen soplando vientos cuyas ráfagas impactan en la arena política.
La Procuraduría General de la República removió el expediente en contra de "El Cacique de La Altagracia".
El archivo provisional que le había sido otorgado por la DPCA, fue anulado por Domínguez Brito, con el propósito de perseguirlo penalmente por alegados actos de corrupción durante su gestión al frente de la Liga Municipal Dominicana (LMD).
En cifras
60%
El Censo Nacional Penitenciario puso al desnudo la situación que se esconde en el interior de los barrotes. El 60.2% de presos sufre aislamientos.
28%
El 28.1% de los reclusos de las cárceles viejas y y del nuevo modelo recibe castigo físico, según un censo presentado por la Finjus y la Defensa Pública.
Federico Méndez
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