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Disputa por uso de la playa

En la zona de Bávaro, ubicada en la turísticamente importante región Este, se litiga un conflicto desde hace varios años, cuyo dilema se concentra en la libertad de usar la playa como espacio público o en el desarrollo de un proyecto hotelero privado. Por Mariela Mejía, Redactora Senior 

Los ministerios de Turismo y Medio Ambiente afirman que es la justicia la que debe seguir decidiendo el curso de la litis que por más de cinco años enfrenta a la empresa Inversiones Alana y a la Asociación de Vendedores Artesanales de la Provincia La Altagracia (Asavepa).

Esta última mantiene desde hace dos décadas un mercado artesanal en un segmento de la playa Arena Gorda del turístico pueblo de Bávaro, justo frente al terreno donde la citada compañía pretende construir un proyecto hotelero estimado en US$200 millones.

Para exigir el desalojo de Asavepa, Inversiones Alana se ampara en el artículo 15 de la Constitución, que establece que las "playas y costas nacionales pertenecen al dominio público y son de libre acceso, observándose siempre el respeto al derecho de la propiedad privada". Por ello prevé llevar el caso al Tribunal Constitucional, luego de que en noviembre de 2012 la Suprema Corte de Justicia fallara a favor de Asavepa, un gremio que agrupa 280 vendedores.

"¿Por qué tenemos que movernos, si los 60 metros de playa son de dominio público?", es la interrogante de Asavepa. La asociación se refiere al artículo 147 de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, que señala que los bienes de dominio público marítimo-terrestre incluyen la franja marítima de 60 metros de ancho a partir de la pleamar.

En medio del conflicto, Luis Saviñón Botello, presidente de Inversiones Alana, cuestiona dónde queda la meta del gobierno de atraer 10 millones de turistas, cuando el proyecto hotelero que pretende levantar en 200 mil metros cuadrados, correspondientes a la parcela 87-B-7 del Distrito Catastral número 11/4ta. Parte, de Higüey, (al lado del hotel Ocean Blue), aportará 678 habitaciones a la zona Este y generará más de 600 empleos directos.

 

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"Esto era un monte, esto eran manglares cuando llegamos. A nosotros lo que nos interesa es que tenemos 22 años aquí y que los 60 metros son propiedad del Estado dominicano, y que el único que tiene potestad para sacarnos de aquí es el Estado dominicano, así lo definen las diferentes sentencias que hemos tenido", dice Carlos Martínez, secretario general de Asavepa.

El más reciente dictamen fallado a favor de la Asociación fue dictado por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, presidida por Manuel Ramón Herrera Carbuccia, en una audiencia pública celebrada el 9 de noviembre de 2012.

El alto tribunal rechazó un recurso de casación elevado por Inversiones Alana contra la sentencia del 30 de abril de 2010 del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, basándose en que las casetas de los comerciantes se encuentran en la franja de los 60 metros de la pleamar, considerada de dominio público, y no a nadie en particular, y que los recurridos han presentado la documentación expedida por Medio Ambiente de que los puestos de venta están en una zona cuya propiedad es del Estado.

Martínez estima que en días de buena venta, cada caseta consigue entre US$100 y US$200. Asegura que la solución más amigable es que Inversiones Alana les venda 7 mil metros de su terreno para los vendedores instalarse.

"Es verdad que le tenemos todo el frente ocupado, pero nosotros queremos desocupárselo; que nos den 30 metros de acceso a la playa y que nos vendan 7 mil metros en esa esquina, al lado del hotel Ocean Blue, donde les vamos a dejar todo su frente para que lleven a cabo su proyecto", sugiere Martínez. Sin embargo, Saviñón Botello rechaza esa propuesta, al afirmar que ubicarla en ese espacio le restaría valor al complejo turístico.

Aunque rechazado por Saviñón, el acuerdo propuesto por los vendedores de artesanía es el más conveniente, a juicio del presidente de la Asociación de Hoteles y Proyectos Turísticos del Este, Ernesto Veloz.

Él recuerda que hace varios años se registró un caso similar, que afectaba a dos complejos, y "se resolvió de manera satisfactoria". "Al final quedaron en entendimiento con los señores que ocupaban la playa, se les cedió un espacio y se hizo un mercado entre los dos hoteles. Negociaron un espacio de terreno y ése es el mercado de Punta Blanca. Lo que no podemos es seguir arrabalizando las cosas", entiende Veloz.

El presidente de Inversiones Alana explica que hizo una propuesta de traslado que Asavepa rechazó. "Aquí no estamos hablando de pobres padres de familia. Ahí no vive nadie. Son empresarios que llegan a las 8 de la mañana y se van a las 5 de la tarde… Esa gente ha hecho millones de pesos en más de 10 años que tienen ahí, y lo que le pagan son unos impuestos miserables al Estado a través del Ministerio de Turismo", afirma Saviñón.

Los vendedores de artesanía criolla aseguran que desean mover las casetas más lejos de la playa, ya que a consecuencia de la destrucción de la barrera de coral en la costa de Bávaro, el mar ha penetrado varios metros y en ocasiones el agua entra a los locales de venta.

 

El director provincial de Medio Ambiente, Omar Castillo, explica que debido a que el caso está en manos de la justicia, es ésta la que debe seguir decidiendo el curso del conflicto. Mientras tanto, señala que el presidente Danilo Medina desarrollará un plan de rescate de las playas de Bávaro -como la de Arena Gorda-, afectadas por la penetración de las aguas marinas.

El Ministerio de Turismo coincide con el de Medio Ambiente en dejar el caso en manos de la justicia. La respuesta de la dependencia a la inquietud de DL sobre su posición referente al tema, es que fijaría una postura oficial después que el Tribunal Constitucional emita su fallo, en dado caso que Inversiones Alana recurra ante esa alta instancia la sentencia de la Suprema Corte de Justicia.

La playa Arena Gorda ha perdido espacio tras la penetración del mar por el deterioro de la barrera de coral.