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FINJUS dice que urge la modernización del sistema de compra y contrataciones públicas

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FINJUS dice que urge la modernización del sistema de compra y contrataciones públicas
Adriano Miguel Tejada

SANTO DOMINGO. La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), considera que la modernización y reforma del sistema de compras y contrataciones públicas implicaría un avance significativo en materia de transparencia, institucionalidad y seguridad jurídica .

”Conocemos de los esfuerzos que se realizan para acelerar este proceso de reforma, pero aún necesitamos más apoyo desde la Administración Pública y, sobre todo, desde el Poder Legislativo, lo que implicará una respuesta importante para las exigencias ciudadanas en esta materia”, dice la entidad en un comunicado enviado a Diario Libre.

Dice que más allá de promulgar leyes, emitir reglamentos o resoluciones, la sociedad hoy exige la ejecutoriedad de políticas que mejoren la institucionalidad y la vida cotidiana de la población.

“En base a lo anterior resaltamos uno de los retos más importantes que tiene nuestro Estado: la concretización del principio de transparencia en la ejecución administrativa como mecanismo de control democrático. Somos de opinión que la transparencia es un principio fundamental en cualquier institución, ya sea pública o privada”.

A continuación el texto completo del comunicado de FINJUS, suscrito por su vicepresidente, Servio Tulio Castaños G.

La implementación de políticas públicas ha venido a erigirse como el estandarte principal del Estado Social y Democrático de Derecho. Más allá de promulgar leyes, emitir reglamentos o resoluciones, la sociedad hoy exige la ejecutoriedad de políticas que mejoren la institucionalidad y la vida cotidiana de la población.

La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), considera indispensable la creación de una nueva cultura de cumplimiento y actuación que, independientemente de que sus expresiones se visualicen en escalafones jerárquicos de tercer nivel dentro de la Administración, generen un proceso de reproducción de esta cultura en toda la macro estructura estatal.

En base a lo anterior resaltamos uno de los retos más importantes que tiene nuestro Estado: la concretización del principio de transparencia en la ejecución administrativa como mecanismo de control democrático. Somos de opinión que la transparencia es un principio fundamental en cualquier institución, ya sea pública o privada.

En el pasado, el diálogo Estado- sociedad era un poco más complejo. Hoy día, la ciudadanía tiene una mayor capacidad de participar en la elaboración de las respuestas que se dan a sus distintos reclamos. Consideramos importante hacer mención de algunos ejemplos concretos al respecto.

Hoy en día la ciudadanía ha adquirido mayores niveles de conciencia respecto a la importancia de involucrarse en los asuntos públicos o de gobierno, los cuales se traducen en una ola democratizadora de la cosa pública. En otras palabras, las personas pasan a ser de observadores pasivos a entes activos en la formulación de decisiones de Estado e incluso en su implementación.

Esto nos lleva a visualizar dos ideas elementales y que ameritan ser desarrolladas a continuación: la afectación de la autonomía individual desde lo colectivo y la necesidad de una ruptura con las prácticas corruptas.

En primer lugar, cuando hablamos de la relación entre la autonomía individual y los intereses colectivos, estamos volviendo a los principios básicos que hicieron la efectiva conformación del Estado como hoy lo conocemos. Desde la antigüedad, es bien sabido que el funcionamiento del Estado dependerá del funcionamiento de lo colectivo y, por tanto, si falla esta dinámica se podrían ver afectadas las libertades individuales.

De manera que, el ciudadano de hoy reconoce el alcance de sus prerrogativas y puede determinar cuánto puede afectarle que desde procesos colectivos pueda verse afectada su autonomía individual.

Por otro lado, habíamos mencionado un auge de la participación de la sociedad en el ámbito estatal por la necesidad de una ruptura en las prácticas corruptas. No es un secreto que nuestro país se encuentra en los primeros lugares de estudios como el Latinobarómetro de las Américas en percepción de la corrupción en la esfera pública y en el clima de impunidad existente.

No obstante, propugnamos porque que todas las instituciones fortalezcan el combate a la corrupción y la impunidad, tal como aspira la mayoría de la sociedad, y que se expresa en variadas formas de denuncias, propuestas y acciones que, con diferentes signos e intensidades, contribuyen a mejorar la cultura de transparencia.

En el marco del ámbito legislativo, lo mismo que del Ejecutivo, hemos insistido en otras ocasiones que la modernización de la Administración Pública no puede pasar por alto la reforma al sistema de compras y contrataciones. No sólo la reforma a la norma, lo cual es fundamental, sino también al modelo sobre el cual se ha erigido este sistema en la cultura administrativa de nuestro país.

Consideramos que la modernización y reforma del sistema de compras y contrataciones públicas implicaría un avance significativo en materia de transparencia, institucionalidad y seguridad jurídica para nuestro país. Conocemos de los esfuerzos que se realizan para acelerar este proceso de reforma, pero aún necesitamos más apoyo desde la Administración Pública y, sobre todo, desde el Poder Legislativo, lo que implicará una respuesta importante para las exigencias ciudadanas en esta materia.

Expectativas sobre la adecuación de la macro estructura del Poder Ejecutivo.

Antes de finalizar nuestro análisis, debemos hacer algunos señalamientos con relación a la adecuación y/o reformulación de la macro estructura del Poder Ejecutivo.

Rediseñar el marco del Poder Ejecutivo representa uno de los principales retos a nivel macro estructural, dado que concentra el control y manejo esencial de la Administración Publica. No en vano se dice que el Poder Ejecutivo “rige los destinos del pueblo y administra sus intereses”.

Uno de los aspectos a considerar en esta reformulación de estructura es la reducción de órganos con funciones y atribuciones similares. Así también debe trabajarse en una mejor coordinación de los trabajos entre las distintas instituciones gubernamentales que interactúan, para eliminar las duplicidades, solapamientos e incoherencias que son conocidas y que ocasionan graves daños a la economía y la sociedad.

Dr. Servio Tulio Castaños G.

15 de febrero del 2018.

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