Abogados dominicanos divergen sobre las sobrevaluaciones de Odebrecht

Santo Domingo. Las declaraciones del procurador Jean Alain Rodríguez de que las sobrevaluaciones de obras de parte de Odebrecht no es materia de la Procuraduría y que compete solo al ámbito administrativo, tienen lecturas muy disímiles entre los abogados del país.

Mientras algunos soportan la tesis de que las instituciones contratantes son las que deben determinar si las obras se construyeron al precio real, otros ven en la posición del procurador una evasión de su responsabilidad.

El pasado martes, tras conocerse que un juez homologó el acuerdo al que arribó la Procuraduría con la empresa Odebrecht por los US$92 millones de sobornos que pagó en el país, el Procurador declaró: “El rol nuestro es el Código Penal y el Código Procesal Penal, la ley de sobornos. En cuanto a Ley de sobornos estamos trabajando y ese es nuestro ámbito, ya el ámbito de la sobrevaluación es un ámbito administrativo que le compete a las demás autoridades y nosotros respetamos ese rol”.

Al respecto, el jurista Félix Damián Olivares entiende que, en efecto, la sobrevaluación es un aspecto técnico administrativo que da lugar a la revisión de los contratos y que los tipos penales que se cuestionan en la investigación que se sigue por Odebrecht es el soborno.

“Si hay sobrevaluación, quien tiene que perseguir es la parte contratante, o la Cámara de Cuentas que llame al CODIA en materia de ingeniería para que dé el dictamen de si hubo o no”, considera.

Pero el abogado Carlos Pimentel, uno de los integrantes del movimiento Marcha Verde, que demanda el fin de la impunidad en el país, considera las declaraciones del Procurador “una barbaridad”.

“El Ministerio Público tiene competencias para conducir una investigación donde se demuestre la sobrevaluación de obras, para eso solo hay que tener la voluntad y auxiliarse de peritos forenses que puedan auditar las obras. De esa manera identificar si existe o no sobre valuaciones, y entonces se configura un tipo penal que el Ministerio Público puede perseguir”.

El abogado Cándido Simón Polanco es enfático al afirmar que “eso es evasión de responsabilidad, porque la sobrevaluación es estafa contra el Estado, que es un tipo penal, por lo cual es de su absoluta responsabilidad investigarlo”.

Delatores en Brasil afirmaron que Odebrecht mantenía una Caja 2, desde la que pagaba sobornos y financiaba campañas políticas dentro y fuera de Brasil. Dicha caja se alimentaba con una tasa de 22% que se aplicaba a las obras.

Tania Molina

Justo Féliz