CIDH concluye audiencias públicas del 168 periodo de sesiones en RD

SANTO DOMINGO. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) concluyó ayer el 168 periodo de sesiones en la República Dominicana, con el conocimiento de 30 audiencias públicas donde se ventilaron situaciones de violaciones de países de la región.

En las últimas vistas, Venezuela volvió a estar sobre el tapete, en esta ocasión por los preocupantes casos de violaciones de derechos humanos por la justicia militar, hostigamiento contra personas defensora de derechos humanos, a periodistas y medios de comunicación, así como a las migraciones de sus ciudadanos a países de las Américas.

En audiencia, Ligia Bolívar, del Centro de derechos Humanos de la Universidad Andrés Bello de Venezuela, informó que, en el 2017, Caracas se ubicó en el puesto número 1 de las ciudades más peligrosas del mundo con un registro de 130,35 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Precisó que su país atraviesa una fuerte crisis socioeconómica y político-institucional, que ha llevado a sus compatriotas a migrar en busca de mejores condiciones de vida. Las principales razones para migrar de Venezuela que fueron citadas son: de carácter económico, falta de empleo, violencia, inseguridad, falta de alimentos y medicamentos".

“Estudios de varias instituciones académicas proyectan que la migración alcance los 3 millones de personas para fines de 2018, partiendo de esa cifra medianamente conservadora de 1.6 millones que han estimado hasta ahora los órganos de Naciones Unidas, lo que significa una duplicación del actual flujo migratorio”, reveló.

Ana María Rodríguez, venezolana radicada en República Dominicana, abogó para que a sus compueblanos se les otorgue un permiso de residencia temporal que contemplan las leyes dominicanas.

Tras presentar a la plenaria diferentes situaciones de venezolanos que han tenido que abandonar su país, los representantes de la sociedad civil, solicitaron a la CIDH que inste a los diferentes Estados a trabajar en la adopción de respuestas regionales de la migración forzada.

De las violaciones

También representantes de la sociedad civil, de Espacio Público y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB), denunciaron atropellos y violaciones a la libertad de expresión y contra defensores de los derechos humanos.

Señalaron que unos 25 medios de comunicación se han visto afectados en este 2018, por diferentes causas, entre ellas falta de papel, bloqueos a sitios web o ataques informáticos a sus plataformas.

A ello sumaron los ataques y descalificaciones de forma constante de que son objetos los defensores de derechos humanos.

Esas imputaciones fueron rechazadas por Larry Devoe, en representación del Estado de Venezuela, quien aseguró que los defensores de los derechos humanos ejercen libremente su trabajo en el país.

Indicó que el odio y la intolerancia se ha instaurado en importantes sectores de la población, lo que obliga al Estado a adoptar medidas.

Asimismo, la sociedad civil destacó que, en el gobierno de Nicolás Maduro, la justicia militar tan solo en el 2017, imputo cargos a más de 7 mil civiles. Calificaron los apresamientos de la justicia militar como una herramienta de represión y persecución política.

Mientras el Estado afirma que da un fiel cumplimiento al Plan Nacional de Derechos Humanos.

De las conclusiones

Luis Ernesto Vargas Silva, segundo vicepresidente y comisionado, informó que el periodo de sesiones involucró dos aspectos, uno de carácter público y otro privado.

Detalló que culminadas las sesiones públicas continuaron ayer tarde con las privadas, para examinar los casos, las peticiones y medidas cautelares una por una, y luego ir impulsando comunicados y declaraciones.

“Estos insumos que nosotros sacamos de las audiencias públicas sirven para hacer pronunciamientos de carácter general a través de los cuáles exhortamos a los Estados a adoptar medidas públicas a favor de los derechos”, aseveró.

Niza Campos