Fiscal Olga Diná Llaverías con la tarea de investigar dos sonados casos de corrupción

SANTO DOMINGO. La fiscal titular de la provincia Santo Domingo, Olga Diná Llavías, tiene bajo su responsabilidad investigar dos casos de corrupción que acaparan la atención de la sociedad; el de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) y el de la línea aérea Pawa Dominicana.

Por el escándalo de la OMSA, la semana pasada fueron investigadas 22 personas relacionadas a esa institución, entre los que figuran auditores, suplidores y parientes de funcionarios que trabajaron en la entidad durante la gestión de Manuel Rivas, administración en la cual se realizaron pagos fraudulentos por más de trescientos millones de pesos, según la Cámara de Cuentas.

El pasado viernes, la fiscal dijo que realizan los levantamientos de los resultados alcanzados en el primer bloque de entrevistas de la semana pasada y que a partir del martes continuarán. “Llamaremos para entrevistar a todas las personas que sean necesarias”, aseguró la fiscal.

Aunque algunos abogados consultados por Diario Libre consideran que estas investigaciones debieron ser asignadas a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), la fiscal Llaverías Diná entiende que ambos casos “jurisdiccionalmente corresponden a Santo Domingo y que simple y llanamente, como Ministerio Público, estamos asumiendo las instrucciones que nuestros superiores nos están imponiendo”.

Las desviaciones de Pawa

Fue el pasado jueves cuando el procurador general de la República, Jean Rodríguez, remitió a Fiscalía de la provincia Santo Domingo la denuncia del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) y la Junta de Aviación Civil (JAC) contra la línea área Pawa Dominicana, por presuntamente haber incurrido en la distracción de fondos e incumplimiento de los pagos de las tasas aeronáutica y aeroportuaria.

La Procuraduría General de la República (PGR) informó que la denuncia presentada ante esta institución por los citados organismos el pasado mes de marzo, fue enviada a la Fiscalía de Santo Domingo, que dirige Olga Diná Llaverías, por ser éste el departamento judicial competente para establecer la veracidad de la misma y adoptar las medidas de lugar.

En la instancia depositada por el IDAC y la JAC en la PGR, estas entidades establecen que el dinero que dicha línea aérea le cobraba a los pasajeros y que debió de entregar al Estado a través de los pagos de las tasas aeronáutica y aeroportuaria, presuntamente eran desviados a otro destino.

Los denunciantes informaron que además de sus instituciones resultaron afectadas con el incumplimiento de dichos pagos otros organismos como la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Seguridad Social, la empresa Aeropuertos Dominicanos (AERODOM), así como el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil, entre otros.

Diario Libre