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Guido Gómez se querella contra expresidente de la JCE, Roberto Rosario

Denuncia que cometió faltas graves durante su gestión en la JCE

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Guido Gómez se querella contra expresidente de la JCE, Roberto Rosario
Guido Gómez dijo que su acción pretende aportar a la lucha contra la corrupción.

SANTO DOMINGO. El dirigente político Guido Gómez Mazara depositó ayer en la Fiscalía del Distrito Nacional, un recurso contra la pasada gestión de la Junta Central Electoral (JCE), encabezada por su entonces presidente, Roberto Rosario, a quien acusa de haber cometido faltas graves en el ejercicio de sus funciones.

De acuerdo con la documentación depositada en el tribunal, lo que se pretende demostrar es, que en la administración de Roberto Rosario, en la JCE hubo abuso y descuido de los fondos públicos e incapacidad de sus autoridades para tomar las medidas pertinentes y evitar favorecer a la empresa Indra con cerca de US$40 millones por los equipos para el conteo de votos que no podrán volver a ser utilizados en procesos electorales futuro, según establece un estudio.

La denuncia también establece que hubo reportes de entidades locales e internacionales que “consignaron alarmantes deficiencias de los equipos informáticos, que se tradujeron en prácticas de corrupto perfil y conculcadoras de los derechos de ciudadanos que participaron en la contienda pautada para mayo del 2016”.

Piden investigación

Guido Gómez solicitó al Ministerio Público profundizar las investigaciones relativas al Informe Financiero certificado por Diómedes Ogando Lorenzo, director Financiero de la Junta Central Electoral (JCE).

Plantea que es posible que en la gestión de Roberto Rosario se cometieran ilícitos que transgreden normas claramente establecidas en el ordenamiento legal vigente. Asegura que se violó la Constitución de la República, que en su artículo 146 establece la Proscripción de la Corrupción; también el Código Penal dominicano, que en su artículo 166 contempla la Prevaricación. Dice que también hubo violación a la Ley sobre Lavado de Activos No. 155-17; la Ley de Función Pública No. 41-08 y la Ley Sobre Declaración Jurada de Bienes No. 82 del año 1979.

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