TSA conoció medida cautelar contra donación de terrenos en Cueva de las Maravillas

SANTO DOMINGO. Tras agotar un plazo de cinco días para depositar las conclusiones, que vence el 4 de octubre, quedará en estado de fallo, la medida cautelar elevada por la Defensora del Pueblo, Zoila Martínez Guante, que busca evitar que la Cámara de Diputados coloque en agenda el contrato de donación de unos terrenos de la Cueva de las Maravillas.

La medida fue adoptada por el juez Antonio Sánchez, quien acogió un pedimento de la Fundación y Patronato de la Cueva de las Maravillas para depositar documentos, que pidió además su intervención voluntaria en el proceso.

En la audiencia la Procuraduría General Administrativa pidió que se rechace en todas sus partes el recurso de la Defensora del Pueblo por no cumplir con los requisitos de ley.

Aduce que la medida no cumple con la apariencia del buen derecho ni ofrece peligro por qué el contrato de donación de los terrenos actualmente se encuentra en estudio de comisiones. Precisó qué el hecho de estar en agenda y bajo estudio no significa que los diputados aprobaran el contrato.

El abogado Nilo de la Rosa, de la Defensora del Pueblo se quejó del pedimento de la Procuraduría Administrativa por alegadamente entender que su posición no protegía los derechos e intereses del Estado.

La defensora del Pueblo interpuso una acción busca la nulidad del acto por medio del cual el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), en representación del Estado dominicano, transfiere a título gratuito 10 millones 401 metros cuadrados dentro de las parcelas números 2, 7, 10, 12 y 13 del Distrito catastral número 1 del municipio Ramón Santana, de la provincia San Pedro de Macorís.

También anular la resolución emitida por el Senado el 2 de noviembre del año 2016, que aprobó el contrato de donación de terrenos suscrito el 15 de agosto del año 2014 entre el Estado dominicano, a través del CEA y la Fundación Patronato Cueva de las Maravillas.

Igualmente, demanda la nulidad del poder otorgado por Poder Ejecutivo al director ejecutivo del CEA, número 63-10, de fecha 13 de marzo de 2010, mediante el cual se autorizó a modificar el contrato a fin de que la cantidad de tierra donada sea reducida a 16,000 tareas en vez de 44,000.

Niza Campos