Lamentan pacto en Bahía de las Águilas

SD. Representantes del movimiento ambiental dominicano lamentaron ayer el pacto que hizo el gobierno con los supuestos propietarios de títulos en Bahía de las Águilas (Pedernales), argumentando que con ello se crea un mal precedente en el caso de las áreas protegidas y la seguridad jurídica del país.

"Nosotros sí estamos de acuerdo en que se desarrolle el turismo en Pedernales y en todo el Sur, lo que no estamos de acuerdo es que el Estado ceda las tierras que le pertenecen y nos pertenecen a todos, a particulares que tienen títulos falsos que son producto de un fraude colosal", expresó Ivonne Arias, directora del Grupo Jaragua.

En igual sintonía está el biólogo Luis Carvajal, para quien este pacto implica un mal precedente para el país. "La decisión del gobierno es muy lamentable", dijo, y se quejó de limitada visión de desarrollo que hay desde el oficialismo.

Los dos activistas coinciden en que el gobierno miente cuando asegura al país que no tocará las áreas protegidas, ya que casi todas las parcelas numeradas en el acto 7-13 firmado por el Presidente el pasado 15 de enero, están al interior del parque. "Yo no entiendo por qué mienten sobre esa base de que no están en un área protegida, porque simplemente hay que tomar las parcelas y ponerlas en un mapa para ver que están dentro", agregó Arias. Gran parte de Bahía de las Águilas está en el Parque Nacional Jaragua, que a su vez pertenece a la Reserva de la Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo, reconocida por la Unesco.

Acciones

Carvajal anunció que tomarán medidas legales para anular el desistimiento del gobierno en el caso. También activarán el movimiento ambiental, el inicio de una campaña internacional denunciando la violación al sistema nacional de áreas protegidas, así como informarles al país la forma en que se apropiaron de esos terrenos, y las propuestas de desarrollo integral que ha presentado la sociedad civil para la zona sin afectar las áreas protegidas.

 Abogados analizan el acuerdo Gobierno-propietarios 

SANTO DOMINGO. El desenlace dado al expediente de Bahía de las Águilas, tras una batalla legal, que terminó en una persecución penal por expropiación de terrenos del Estado, generó ayer posiciones jurídicas divergentes.

El experto en derecho inmobiliario y abogado particular del Estado en el expediente, Manuel Cáceres Genao, planteó que es correcto que se desarrolle el potencial turístico de la zona, donde la gente está pasando miseria.

"No es en las mejores condiciones, pero tenemos un tranque desde el 97 que no se ha podido resolver por la litis", agregó, refiriéndose al acuerdo.

Cree que los acuerdos así se resuelven. Las condiciones dependen de las circunstancias, porque conllevan sacrificios desde ambas partes.

De su lado, el también experto en la materia, Lincoln Hernández Peguero entiende que es un acto contrario a la ley y que sienta un precedente funesto para el Estado dominicano, "en razón de que a los que falsificaron y hurtaron los bienes públicos se les está premiando con un porcentaje de los terrenos que fueron objetos de ese robo".

Consideró que la sociedad debe incoar un tipo de acción judicial, que puede ser una demanda en nulidad del contrato que se suscriba, "en función del dolo o fraude que constituye lo que el Poder Ejecutivo pretende hacer".

Mientras que el abogado Frank Reynaldo Fermín, que representa a varias personas con títulos de propiedad en la zona, sostuvo que el acuerdo beneficia el bienestar del desarrollo de la zona del suroeste, que es la más deprimida económicamente.

La mayoría de los terrenos ya estarían en manos de grandes inversionistas, según algunas fuentes, que habrían comprado convencidos de que el asunto judicial estaba ya resuelto, y a su favor.

El caso de la apropiación ilegal de terrenos en Bahía de las Águilas fue uno de los casos más controversiales en los años 90, y objeto de continuos aplazamientos en los diferentes gobiernos.

Diario Libre