Abinader plantea acuerdo nacional contra la corrupción y la impunidad

SANTO DOMINGO. El excandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, exhortó hoy a la sociedad trabajar por el consenso de un acuerdo nacional en contra de la corrupción y la impunidad, que consideró como principal preocupación de la población y que cuesta anualmente al país al menos 46 mil millones de pesos.

Abinader sostuvo que sería un primer paso para rescatar la institucionalidad para contrarrestar la ambición personal de los funcionarios de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana y ahogan financieramente a los órganos de control del Estado.

El dirigente político también acusó al PLD de controlar las Altas Cortes, designando en ellas personas afines, y de postergar legislaciones esenciales para la lucha contra la impunidad para beneficiar a individuos vinculados.

“El esquema de apuntalamiento de la impunidad incluye la limitación del accionar de los tribunales y los órganos de control de la administración, eliminando la autonomía presupuestaria consagrada en la Ley 194-04”, expuso Abinader en una presentación a ejecutivos de medios.

Citó que en el reciente escándalo de Odebrecht República Dominicana es el país que más sobornos recibió en proporción al PIB, con un 0.15%; “más que Brasil, 0.025%, y que el resto de los países involucrados”.

Asimismo, mencionó que la Cámara de Cuentas recibió en 2006 el 0.23% de los ingresos corrientes, que en 2016 bajó al 0.15%, aunque la Ley dispone la asignación del 0.30%. Por igual, a la Procuraduría General de la República en 2006 y 2016 le fue asignado el 1.0% de los ingresos corrientes, mientras la Ley le asigna el 1.435.

Reducir miembros del CNM

En el ámbito judicial, Abinader propone reducir a siete miembros el Consejo Nacional de la Magistratura, excluyendo al procurador general de la República, y realizar concursos de oposición para determinar la elegibilidad de los jueces de carrera y abogados para la Suprema Corte de Justicia.

Igualmente, sugirió que se impida ser juez de las Altas Cortes a una persona que haya militado en la política o haya tenido un puesto de libre designación durante los cinco años previos.

Procurador general independiente

Durante su encuentro con los medios, Luis Abinader expuso que el Ministerio Público, empezando por el procurador general de la República, debe ser autónomo e independiente del Poder Ejecutivo.

“En este acuerdo que proponemos, llamo a que en conjunto determinemos los mecanismos óptimos para garantizar esta independencia. En este sentido, propongo la descentralización de los organismos técnicos tales como el INACIF, prisiones, entre otros, para garantizar su autonomía e independencia”.

El excandidato presidencial del PRM explica que el conjunto de acciones que propone, y que denomina círculo virtuoso de la institucionalidad, inicia con el control de gastos de las campañas electorales y continúa con la ejecución eficiente del presupuesto; fortaleza e independencia de las instituciones, que establecerían un régimen de consecuencias y eliminaría la corrupción pública y los males que genera al país.

Propuso someter al gobierno a la legalidad, ya que nadie puede estar por encima de la ley, limitar los gastos de campañas políticas, el cumplimiento de la Ley de Presupuesto a las instituciones llamadas a controlar la gestión del Poder Ejecutivo, y en el aspecto interno fortalecer la eficiencia e independencia de las Unidades de la Contraloría de las entidades públicas. Rotación periódica del personal

Además, propone transparentar la gestión de las entidades gubernamentales publicando los soportes de cada autorización de pago, auditar las instituciones públicas por parte de la Contraloría de manera semestral, con equipos de auditoría rotativos.

Dijo que de manera aleatoria, deberán usarse empresas de auditoría del sector privado para confirmar el resultado de la Contraloría.

Luis Abinader cree también que se debe garantizar la publicación íntegra de los hallazgos que soportan las auditorías y modificar la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, a fin de establecer sanciones penales y civiles para los miembros de los comités de compras y contrataciones de cada institución pública.

Diario Libre