La venda de la Justicia

No pretendo cuestionar el carácter jurídico ni moral de la decisión del magistrado Francisco Ortega Polanco, juez de la Suprema Corte de Justicia encargado de pautar las medidas de coerción a los imputados del caso Odebrecht.

Pretendo sólo analizar la lógica de las medidas en relación al sistema de justicia dominicano.

Nadie niega que este caso, además de jurídico, tiene altos ribetes políticos y mediáticos. Ningún juez, sin importar su investidura, podía sustraerse a la presión social por ver “sangre” y de que los culpables recibieran el “justo” castigo.

El problema es que la audiencia que presidió el magistrado Ortega no era para castigar, sino para determinar las medidas que se debían tomar para garantizar la presentación de los imputados al juicio de fondo, entre otras garantías.

Aquí vienen las preguntas de lógica. Si el juez otorgó un plazo de ocho meses para que el Ministerio Público instrumentara el proceso, ¿por qué ordenó prisión preventiva por un período de tiempo más largo para algunos y de menos tiempo para otros? Se dirá que la participación de unos y otros fue diferente, pero para eso no era la audiencia. El juicio de fondo lo decidirá.

Aquí, la regla es otorgar fianzas a los acusados de violación a la ley de drogas que no pueden demostrar arraigo ni nada. ¿Por qué no imponerle fianzas a personas que sí pueden demostrar arraigo, y que no tienen a dónde ir porque si huyen no tienen dónde esconderse?

¿Por qué imponer prisión a un ministro y fianza a los legisladores si todos cometieron el mismo pecado?

Y no me digan que la prisión es para preservar pruebas, porque todos tuvieron tiempo de destruirlas antes de que el Ministerio Público actuara.

Insisto, no cuestiono el derecho ni la moral del juez. Sólo que no le veo la venda a la Justicia.

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Adriano Miguel Tejada