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No es la ley, son las salvaguardas...

El problema del país no es de leyes, sino de falta de salvaguardas.

El presidente del Tribunal Constitucional se quejaba el otro día de que las decisiones de la alta corte carecían de un mecanismo de ejecución, y es queja recurrente en los medios la falta de seguridad jurídica, a pesar de todas las leyes existentes y, en algunos casos, de la mala calidad de las normas emanadas del Congreso Nacional.

Es que, como ha dicho Sartori, “la cuestión aquí no es que los autores de las constituciones liberales esperaran demasiado del talento de los que habrían de elaborar las leyes, sino que el sistema no estaba pensado para que los legisladores reemplazaran a los juristas... sino que la labor que se le encomendó no era tanto cambiar las leyes sino impedir que lo hiciera el monarca unilateralmente y a su antojo”.

Por eso, en países de baja institucionalidad como el nuestro, la ley ha dejado de ser una barrera contra las arbitrariedades de los poderes públicos, sino el instrumento que las refuerza. En países como los nuestros, la ley no impide la corrupción, ni el desorden social, ni es una garantía contra las arbitrariedades.

Es decir, el problema no es el de la supremacía de una institución o poder del Estado, sino el predominio de unas salvaguardas que aseguren que ningún poder, el caudillo individual o la asamblea constituida en dictador, pueda imponer su voluntad sobre los ciudadanos.

Sin esas salvaguardas, la ley actúa reforzando y protegiendo a los detentadores del poder que utilizan la ley, convertida en derecho, para dominar a las instituciones y a los ciudadanos.

El último de esos intentos es la Ley de Partidos.

atejada@diariolibre.com

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