Hoy empiezan las deliberaciones. No es que haya un plazo o fecha límite, pero no se espera que los sabios tarden mucho en decidir quiénes serán los elegidos. Los nuevos jueces serán criticados, estudiados minuciosamente, tendrán sobre ellos los ojos de miles de ciudadanos que han decidido no dejar de salir a la calle a marchar contra la corrupción y la impunidad.

Algo está muy claro. El incontestable éxito de la marcha verde sólo tiene una lectura: los que marchan y los que les apoyan sin marchar no van a ceder un metro. Odebrecht es el detonante de un sentimiento compartido: la corrupción debe ser perseguida. Realmente. En todos los escenarios, en todas las cortes. El país ya no avanza más mirando para otro lado.

¿Por qué en otros países ya hay encausados y condenados? Quizá en otros países el poder judicial tiene una independencia que en el nuestro no tiene. Quizá es verdad que la separación de poderes no funciona y lo que llamábamos machaconamente “falta de institucionalidad” (y que para muchos era una abstracción) tiene ese efecto en la realidad: que las instituciones realmente no funcionan sino bajo el mandato del Poder Ejecutivo.

Este caso no es local. Ni siquiera los ciudadanos afectados por el robo de millones de dólares somos los más interesados en que los culpables devuelvan el dinero y cumplan su pena. Con Odebrecht se está desmontando un sistema de corrupción transnacional, mafias que operan aquí y lavan allá. Mafias que ponen y quitan presidentes en todo el continente, que se dan negocios de un país a otro... Este caso no es local. Esta vez, ni los que marchan, ni algunos jueces, ni algunos gobiernos se van a cansar primero.

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Inés Aizpún