La protección de los espacios naturales -especialmente los que tienen vocación de ser generadores de agua- es un mandato que los incumbentes del Ministerio de Medio Ambiente reciben cuando asumen el cargo.

No se trata de que les guste sembrar aguacates o de que les convenga políticamente no desalojar a nadie. Ese patrimonio natural protegido es de todos los dominicanos, no de un grupo.

No es opcional (menos para el ministro) cumplir la ley 64-00 ni la resolución 14-06. Ni para un funcionario ni para un ciudadano, tenga las condiciones que tenga: un proyecto agrícola a pleno funcionamiento en la sierra de Bahoruco o en el Parque Jaragua, un conuco en Valle Nuevo o un cultivo en Ocoa.

Si se prometió reubicación en Valle Nuevo y no se ha cumplido, debe revisarse. Si los que exigen reubicación no calificaban para recibir esa ayuda, no deben seguir chantajeando. Y si chantajean... la autoridad tiene que ceñirse estrictamente a la ley.

Mientras, los guardabosques llevan tres y cinco meses sin cobrar las dietas de compensación alimentaria y grupos amenzan con cultivar de nuevo en Valle Nuevo, organizaciones internacionales siguen desplegando programas y fondos para ayudar a salvar ecosistemas en peligro, detener la deforestación que avanza desde Haití o colaborando con el país en la recuperación de barreras coralinas y en la limpieza de ríos y cañadas. Por no hablar de todas las iniciativas del sector privado en la reforestación.

Esfuerzos admirables y valiosos que de nada sirven si desde las insituciones oficiales se mantienen políticas titubeantes, se desconocen las decisiones tomadas y se privilegian grupos (muy altos o muy bajos) desconociendo lo que la ley estipula.

La pelota está en la cancha del ministro.

IAizpun@diariolibre.com

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