La propiedad peligra

Durante más de cuatro décadas me he desempeñado como asesora y gestora de negocios en la industria inmobiliaria. Aunque debí superar muchas situaciones, jamás pensé que podría pasar por momentos tan difíciles como los que estoy pasando ahora.

En materia inmobiliaria, cuando hemos tratado situaciones que comprometen la responsabilidad del Estado, como ente garante de los derechos violados, por error u omisión, lo único que obtenemos son respuestas dilatorias o rebotes que nos hacen comprender que la responsabilidad fue delegada en alguien que no conoce sus deberes o quiere ganar tiempo.

La industria inmobiliaria es exitosa gracias a que el Estado otorga garantía a los títulos que circulan en el mercado y respeta el derecho de propiedad. No obstante, la realidad es otra, en virtud de que tanto las resoluciones o sentencias del Poder Judicial, las ventas irregulares del Poder Ejecutivo a través de Bienes Nacionales como de otras instituciones públicas, con frecuencia, son objetadas por la Jurisdicción de Tierras y hasta los Certificados de Títulos que se supone gocen de la garantía del Estado dominicano, están ocasionando serios conflictos porque la misma Dirección de Mensuras Catastrales está permitiendo solapamiento parcelario.

¿Como es posible que casos que atañen a la responsabilidad del Estado tengan que judicializarse por negligencia o prepotencia de funcionarios que no están dispuestos a reconocer su error o peor aún, los errores de sus antecesores, porque son amigos o relacionados de usted o de algún miembro del Partido de gobierno o de uno de sus aliados?

María Mora

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