La ley no es dura, es «asigún»

Solo en la sentencia latina la ley es dura. En la práctica judicial criolla, esa dureza se convierte en maleabilidad conforme al normalizado precepto de «asigún» quien sea el imputado. Aceptar como verdad dogmática que «la ley es dura, pero es la ley», edulcora los excesos del sistema y colabora, aun sea por omisión, con un entramado que devora los derechos y libertades de los más débiles.

Porque la ley es «asigún» y no dura, nuestras cárceles están llenas de presos preventivos pobres. Nada que ver con la disponibilidad de recursos económicos de la justicia, sino más bien con un indisimulado clasismo y un ejercicio cínico de prerrogativas. Fue precisamente la procuradora Miriam Germán quien hace apenas dos años llamó a los fiscales a reflexionar antes de solicitar prisión preventiva.

Lo hizo con palabras que reproduzco porque dichas por una jueza de integridad inatacable, están libres de sospecha: el encierro preventivo es «una restricción a derechos fundamentales que requiere una debida ponderación de su necesidad, idoneidad y proporcionalidad (para) evitar el uso indiscriminado de medidas privativas de libertad».

La muerte en prisión de Juan Tomás Llibre, 79 años y enfermo, reafirma el desparpajo con el que el Ministerio Público pide y consigue que sus acusados sean encerrados. Defensor del uso medicinal de la marihuana, apenas días antes de su apresamiento Llibre sometió un recurso contra la Ley 50-88 sobre drogas. En su casa allanada encontraron plantas de marihuana y una escopeta sin permiso de tenencia. No era traficante, era consumidor por razones médicas.

¿Se ponderaron en su caso la necesidad, la idoneidad y la proporcionalidad de la coerción? Me atrevo a decir que no. El famoso «tránquenlo», metonimia del poder de los jueces sobre la libertad de las personas, es el sustrato en el que crece la mala yerba del abuso sistémico. Para quienes lo azucaran, los artículos 234 del Código Procesal Penal y 69.3 de la Constitución son papel mojado.

Lo sucedido con Llibre desnuda también la doblez de una sociedad recalcitrante frente a temas que exigen ser encarados, como el uso de sustancias psicoactivas por las personas adultas. Preferimos la coacción a la razón, el punitivismo a la justicia, mirar para otro lado cuando lo moral y ético es responsabilizarnos de nuestros problemas.

En estos días de fariseos en turbamulta rasgándose las vestiduras en nombre de la salud mental, social y hasta cognitiva ajena, vuelvo al Fernando Savater que me gustaba. Ese para quien despenalizar las drogas tiene tres finalidades: recuperar el derecho de hacer con nuestras vidas lo que creamos conveniente a condición de no dañar a terceros; devolver al Estado la función de prevenir el delito y evitar los crímenes, quitándole la de perseguir vicios; e impedir el lucrativo y criminal negocio propiciado por el prohibicionismo.

Ojalá que pronto, contrario a lo frecuentemente afirmado, estemos listos para esta conversación.

Clotilde Parra

Aspirante a opinadora, con más miedo que vergüenza.