Constitución, seguridad jurídica e inversión extranjera (1 de 2)

La idea de que las actuaciones de gobernantes y gobernados deben ajustarse a las previsiones del sistema normativo, seguida de la facultad para la desautorización coactiva, -por parte de la autoridad- de las conductas infractoras de ese supuesto, constituyen el fundamento último del ordenamiento jurídico en un Estado de derecho. Son la base de la confianza y la seguridad que, en un entorno fáctico atenazado por la incertidumbre, introduce la idea del derecho en la sociedad. Es lo que comúnmente se conoce como seguridad jurídica.

Esa fundamentalidad de la seguridad jurídica, y la necesidad de confianza en el derecho es lo que protege la disposición contenida en el artículo 110 constitucional que prevé: “La ley sólo dispone y se aplica para lo porvenir. No tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que esté subjúdice o cumpliendo condena. En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior”. Concebido de esta forma, el principio de seguridad jurídica atraviesa todo el espectro del subsistema social que es el derecho (Niklas Luhmann), pues allí donde la misma no despliega su imperio, la incertidumbre y sus indeseadas secuelas pueden terminar volviéndose la norma.

Desde la perspectiva del régimen económico, la seguridad jurídica desempeña un papel de especial trascendencia en lo relativo a la inversión extranjera. Esto por dos razones: (i) porque la seguridad jurídica se presenta como condición de sostenibilidad e incremento de esa inversión; y (ii) por el peso específico creciente que la misma ha venido teniendo en los últimos lustros en la dinamización y crecimiento de nuestra economía.

Para que se tenga una idea de lo anterior, en el año 2017 la inversión extranjera directa en el país ascendió a un monto consolidado de 3,570 millones de dólares estadounidenses. Si se compara con los 2,407 millones que aportó en 2016, tenemos que esta importante área de la economía se incrementó en un total de 1,163 millones de dólares, equivalente a un crecimiento porcentual de un 48.3% en un año. Lo anterior, según el Informe de la CEPAL titulado “La inversión extranjera directa en América Latina y El Caribe 2018”. Convertidos a pesos dominicanos, este ámbito de la economía representó casi 180 mil millones de pesos en 2017. Si se tiene en cuenta que el Presupuesto General del Estado para ese año fue de alrededor de 800 mil millones de pesos, tenemos como resultado que la inversión extranjera representó nada menos que un 22% del mismo.

En el mismo informe de la CEPAL se da cuenta de que “La República Dominicana lleva años recibiendo montos récords de inversión, gracias al interés de los inversionistas en el turismo, la manufactura, los servicios de exportación, el sector eléctrico y la minería. Además, el crecimiento económico impulso el consumo y atrajo inversiones en todos los sectores de servicios de la economía. En 2017 el país recibió 3.570 millones de dólares, un 48,3% más que el año anterior y la mayor cifra registrada hasta el momento.”

Retrospectivamente, conforme información del Banco Central, entre los años 2010 al 2013 (ambos inclusive), la inversión extranjera directa en ascendió a un total consolidado de 9 mil 304.2 millones de dólares, equivalente a un 4.0% del PIB consolidado durante el mismo período: mil 896.3 en el 2010, equivalente al 3.5% del PIB; 2 mil 275 en el 2011, equivalente a 3.9% del PIB; 3 mil 142.4 en el 2012, equivalente a 5.2% del PIB; y mil 990.5 en el 2013, equivalente a 3.2% del PIB. Esto significa que si bien el nivel de crecimiento anual no necesariamente es de la magnitud del operado entre 2016 y 2017, el promedio por año supera los 3 mil millones de dólares en inversión extranjera en el país.

Los principales renglones receptores de los flujos de inversión para el año 2017 fueron turismo, con 700 millones de dólares, el sector inmobiliario, receptor de 546 millones de dólares y minería, que registró 410 millones de dólares de entradas.

Con un flujo de inversión extranjera tan significativamente consistente, resulta de suma relevancia la existencia de un clima de seguridad jurídica que genere confianza a los inversionistas. Confianza en que las reglas de juego serán respetadas, y que por tanto no habrá cambios intempestivos en el marco jurídico que sirva de base a los acuerdos sobre flujos capitales de inversión, que de manera arbitraria puedan actuar en desmedro de sus intereses.

Cristóbal Rodríguez Gómez