Cortar el Nudo Gordiano

La llamada “democracia representativa” en los países de la región ha terminado siendo el más exitoso burdel de corrupción de cuantos sistemas de gobierno se conozcan.

Es frecuente afirmar que la impunidad es la causa efectiva de la corrupción, lo que obliga a preguntar ¿y qué causa la impunidad? La respuesta suele ser que ésta se debe a la gran debilidad institucional y, si insistimos en saber, a su vez, por qué se produce ésta, volvemos al punto de partida: por la corrupción. Parecería que la corrupción es una serpiente que muerde su cola, en donde terminan entrelazadas las causas y las consecuencias.

La democracia representativa se estructura a partir de un sistema plural de partidos que postulan candidatos que compiten en procesos electorales en busca del voto ciudadano. En el diseño de este sistema político son los partidos los proveedores “naturales” de las autoridades y de los representantes que asumen la dirección del Estado.

Al buscar las causas de la corrupción, hay que comenzar por examinar el marco legal que rige la selección de los candidatos, así como de los procesos y campañas electorales.

En el caso dominicano, las campañas tienen un costo multimillonario, y no hay efectivo control del dinero público y privado que utilizan, lo que facilita la financiación oculta y la penetración de dinero de origen ilícito en muchas de las candidaturas. No hay tampoco control de la duración de la campaña, ni equidad en el acceso a los medios de comunicación, la propaganda y la publicidad. Especial atención merece el uso y abuso de los recursos del Estado a favor del candidato oficial, máxime cuando se trata de la reelección del Presidente de la República, quien ni siquiera toma licencia luego de la proclama electoral.

A esto se agrega que el órgano electoral dominicano, salvo contados momentos, ha carecido de la voluntad, la independencia, el carácter y las convicciones democráticas necesarias para garantizar procesos electorales limpios, legales, equitativos y libres.

Los sistemas electorales como el dominicano, dominados por una lógica económica corrupta, dan lugar a que sólo participen y compitan “exitosamente” quienes puedan disponer de decenas o centenares de millones de pesos, dependiendo de la representación a la que se aspire. En ese contexto, el requisito para ser candidato, no son las condiciones y virtudes que pueda tener como ciudadano y profesional, ni la calidad de su propuesta programática, sino su habilidad para agenciarse por cualquier medio dinero para financiar su candidatura.

Entonces, como es lógico esperar, quienes se convierten en autoridades y representantes y asumen la dirección del Estado van a tener los principios y los valores, o la ausencia de ellos, y las buenas o malas prácticas de los partidos de donde provienen y de las condiciones de la campaña y proceso electoral del que salió electo.

Podemos afirmar que partidos y campañas electorales dominadas por la corrupción y el clientelismo no pueden producir ni mandatarios ni representantes honestos. De igual modo, al candidato que no puede justificar los recursos de su campaña ha de presumírsele un desempeño corrupto.

Un sistema político que funcione así no es una democracia, sino una cleptocracia.

Una de la matrices, pues, de donde parte todo el tramado de corrupción e impunidad de nuestro sistema político está en el sistema electoral sometido, unas veces, y cómplice otras, de los dictados e intereses de las maquinarias corruptas de los partidos.

Es por todo esto que el bloque de partidos de oposición ha reaccionado y denunciado ante la ciudadanía el mamotreto que se está llevando a cabo en el Senado para la aprobación unilateral de la Ley de Partidos y de la Ley de Reforma Electoral.

El bloque de partidos ha insistido, primero, solicitando a la JCE que mediara y definiera respecto de estas leyes, una “metodología y el proceso para construir un consenso entre los partidos, con el acompañamiento de la sociedad civil” y, luego, sobreponiéndonos al escozor que tal idea nos produce, planteando un diálogo directo con el partido oficial y sus aliados.

La respuesta del partido oficial por boca de su Secretario General y Presidente del Senado ha sido el insulto a la oposición.

Lo ocurrido con la empresa Odebrecht, todo el tramado de sobornos y sobrevaluación de obras y la financiación con dinero ilícito de las campañas de Danilo Medina, no puede verse al margen de la ausencia de un sistema electoral y de partidos sin los debidos controles y régimen de sanciones.

Por eso, la movilización ciudadana en desarrollo contra la corrupción y la impunidad tiene que hacer suyas también la lucha por la adopción de una ley de reforma a la Ley Electoral que le ponga fin al financiamiento de candidatos con dinero oculto o de origen ilícito, que garantice un sistema de consecuencias a sus violadores y, también, por una Ley de Partidos que los regularice y los institucionalice.

Estas ausencias son un nudo gordiano que está en la matriz de los altos niveles de corrupción y de impunidad que estamos obligados a cortar ya. Si no lo hacemos, difícilmente puedan celebrarse elecciones libres, limpias y con equidad en el 2020.

Guillermo Moreno