Interpretando las aclaraciones presupuestarias de Hacienda

«En primer lugar, aclaramos que el Banco Central de la República Dominicana no ha financiado ni financiará la construcción de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, ni ninguna otra operación del Sector Público No Financiero, tal como lo establece la Ley No. 183-02 Monetaria y Financiera. Debido al avance en la construcción de las plantas de generación termoeléctrica de la Central Punta Catalina, que permitirá el inicio de sus operaciones antes de la finalización del año 2018, surgió la necesidad de inyectarle al proyecto más recursos de lo que se había contemplado en el PGE2017. (...) de no haberse realizado la modificación presupuestaria, el Gobierno se hubiera visto forzado a duplicar el monto de recursos a transferir al Banco Central durante este año 2017, lo que hubiera puesto en una muy difícil situación a las cuentas fiscales». Ministerio de Hacienda, diciembre 2017

Definitivamente, la transparencia no es una virtud de la presente gestión fiscal. Con frecuencia se asume que un mayor volumen de informaciones es equivalente a una mayor transparencia; pero, en realidad, una mayor cantidad de informaciones pudiera estar ocultando informaciones más relevantes. La típica diferencia entre cantidad y calidad. Un ejemplo de esto es la reciente modificación que al presupuesto del presente año fue aprobada por el Congreso Nacional. Cuando se busca en la página web de Hacienda no se encuentra por ningún lado -al menos al escribir estas notas- la nueva ley con las addendas que se le hicieron al presupuesto 2017. Tampoco aparece en la página web de la Dirección General de Presupuesto (Digepres). Esto es inexplicable dada la importancia financiera de esos cambios. Una situación peor se presenta con la ejecución presupuestaria de 2012. A la presente fecha, dicha ejecución solo aparece preliminarmente hasta el mes de junio. Se desconocen las razones por las que la Digepres no ha publicado, cinco años después, los datos finales de 2012. De manera que en materia de transparencia la tarea sigue pendiente.

En este sentido, es un buen indicio que el Ministerio de Hacienda se haya tomado la molestia de precisar el alcance y las motivaciones de las recientes modificaciones que fueron introducidas al presupuesto general de 2017. Son unas aclaraciones que confirman las deficiencias institucionales en el manejo del presupuesto. Lo primero es que el gobierno tiene la mala práctica -ilegal, por demás- de gastar fuera del presupuesto y luego resolverlo con las addendas que envía a un Congreso sumiso. Esto queda claro con la aseveración de Hacienda de que «El gasto de capital adicional que se incluyó en la modificación presupuestaria para este proyecto fue financiado exclusivamente con la emisión de bonos globales (...)». Como se puede ver el gasto de capital adicional ya había sido ejecutado cuando llegó al Congreso la solicitud para su autorización.

Un detalle revelador de las aclaraciones de Hacienda es que durante la presente ejecución presupuestaria el gobierno le ha estado transfiriendo recursos al Banco Central (BC) - programa de recapitalización- por «concepto de pagos de compromisos correspondientes a períodos anteriores». Es decir que este año no se han transferido recursos al BC por concepto de compromisos establecidos en el presupuesto vigente; y que, por eso, podía -según la lógica de Hacienda- transferir al gobierno la partida que había sido asignada al BC. ¿Existe otra manera de tipificar esto que no sea la del gobierno financiándose con los recursos del BC? ¿En dónde se registraron los recursos presupuestarios para pagar atrasos de ejercicios fiscales anteriores?

La aclaración de Hacienda no encaja del todo con el informe de ejecución presupuestaria del primer semestre de 2017, elaborado por la Dirección General de Presupuesto, dependencia del Ministerio de Hacienda. En ese informe, Digepres dice que el pago de los intereses de la deuda incluye «los montos para la recapitalización del Banco Central (RD$21,914.4 millones)», y los presenta como parte del monto presupuestado para 2017. Si este fuera el caso -como parece ser-, ya al final del primer semestre se habían utilizado casi RD$22,000 millones con cargo a la cuenta de recapitalización del BC, estimada en unos RD$30,000 millones. Entonces, ¿cómo es posible que el gobierno se haya apropiado de esos casi RD30,000 millones de esa cuenta sin considerar que ya la cuenta había sido disminuida en por lo menos RD$22,000 millones? La aclaración de Hacienda necesita de mayores aclaraciones. O, por lo menos, que concilie su posición con Digepres.

En otro orden, Hacienda presenta el incremento en el déficit fiscal como si se tratara de un logro muy positivo para la economía dominicana, cuando afirma que las modificaciones presupuestarias «no tendrán un efecto negativo sobre la actividad económica, debido a que el balance primario, indicador que refleja el impacto de la política fiscal sobre la economía, se modificó hacia una postura fiscal más expansiva», lo cual quiere decir, en simple castellano, que el déficit fiscal será mayor.

Parecería que la formulación presupuestaria -por la experiencia reciente- está dirigida a crear unas expectativas favorables al desempeño económico; y luego, al final cuando llega el momento del cierre, se hacen las modificaciones para ajustarlo a la ejecución ya consumada. Es una práctica muy distante de la transparencia que exige una sociedad basada en la información y el conocimiento. El presupuesto y su ejecución se presentan de una manera que busca dificultar un ejercicio ciudadano mejor fundamentado. Partidas presupuestarias importantes son encubiertas en un lenguaje burocrático que pocos entienden y a muchos confunde. El ejercicio presupuestario parece estar orientado a ocultar lo esencial...

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Pedro Silverio Alvarez