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Deuda pública
Deuda pública

La crisis económica de Puerto Rico en el espejo retrovisor

“La deuda pública de Puerto Rico se ha inflado, debido al debilitamiento de la economía y a un gobierno ineficiente que ha gastado más de lo que le ha ingresado por muchos años, a menudo tomando prestado para cerrar la brecha. Mucha de la deuda es en forma de bonos municipales. Con el crecimiento del tamaño de la deuda también se hizo más compleja, con algunas de las ramas del gobierno emitiendo bonos en nombre de las otras, o respaldándose cada una de sus deudas, hasta que fue prácticamente imposible mantener el seguimiento a todo ello. Aun así, la demanda por los bonos de Puerto Rico era fuerte, porque el interés de esos bonos está exento de impuestos en todas las jurisdicciones.” Mary W. Walsh, The New York Times, mayo 16, 2017

Puerto Rico es un caso típico, casi tomado de los libros de textos; durante muchos años mantuvo una irresponsabilidad fiscal que fue llevando a ese territorio norteamericano inexorablemente hacia la catástrofe. La acumulación de deuda pública se hizo insostenible, y ya oficialmente Puerto Rico es una isla en bancarrota, gracias a los «buenos tiempos» financiados con endeudamiento público. Es claro que cuando un país, región o territorio entra en la senda de tomar prestado para pagar su deuda es sólo cuestión de tiempo para caer en la iliquidez y luego en la insolvencia. Esa ha sido la ruta de la vecina isla, la misma que han seguido tantos otros países en el mundo y que sorprendentemente se repite una y otra vez.

La mayoría de los analistas coinciden en que los problemas de la economía puertorriqueña se agudizan a partir del 2006, cuando la ley de incentivos a las corporaciones completaba su proceso de desmonte. Desde esa fecha se nota la caída sistemática en la generación de empleos de la industria manufacturera -una caída cercana al 40%-, una importante reducción en la tasa de participación de la fuerza laboral, y un extraordinario incremento en los negocios en Estados Unidos propiedad de puertorriqueños -entre 2007 y 2012 se registraron en EE.UU. unos 100 mil nuevos negocios, para un incremento superior al 60%. Este incremento se toma como un indicador aproximado del traslado de negocios o empresas desde Puerto Rico hacia EE.UU. Todo esto complicado por las interminables regulaciones y sus inevitables procesos burocráticos. Y como si el daño no fuera suficiente, los más talentosos o emprendedores -y quizás, menos condicionados por la edad- han estado emigrando hacia tierra firme o continental, en una «fuga de cerebros» que ha impactado negativamente en la capacidad de Puerto Rico para levantarse de la grave crisis en la que el endeudamiento desordenado la ha postrado.

El hecho es que desde 1976 la economía de Puerto Rico había sido beneficiaria de los incentivos contemplados en la Sección 936 del código impositivo de Estados Unidos. Bajo ese esquema, las empresas norteamericanas que se radicaban en Puerto Rico gozaban de exenciones del impuesto sobre la renta y sólo tenían que pagar un pequeño impuesto de repatriación. Con el tiempo, estas exenciones se convirtieron en el sostén de las inversiones en Puerto Rico, e incluso, a partir de los años 80, el beneficio se hizo extensivo para tales empresas que instalaran «plantas gemelas» en la República Dominicana. Sin embargo, en 1996 el presidente de EE.UU. -Bill Clinton- firmó el programa de desmonte de la Sección 936 a ejecutarse -como en efecto ocurrió- en los siguientes diez años.

Como se puede inferir, la eliminación de los incentivos significa en la práctica un incremento de la carga impositiva de las empresas o las personas. Por tanto, no era razonable pensar que una eliminación de los incentivos -ceteris paribus- dejaría inalterado el proceso de toma de decisiones de las empresas o de las personas. Como vimos precedentemente, las empresas comenzaron a localizarse fuera de Puerto Rico, tal como hicieron y siguen haciendo un gran número de puertorriqueños. El efecto inmediato de la relocalización de las empresas y de las personas fue una caída en los ingresos fiscales del gobierno de Puerto Rico -contrario al propósito de eliminar los incentivos. Pero, los gobiernos de la isla, en lugar de realizar los necesarios ajustes en niveles y composición de los gastos públicos, optaron por el camino fácil del endeudamiento. Un camino fácil, de lamentables consecuencias, como ha sido obvio.

Pero aun cuando ya era inminente la bancarrota de Puerto Rico, y sus bonos habían sido degradados a «bonos basura», lograron colocar US$ 3,500 millones -con una demanda mucho mayor- en los mercados de capitales, una muestra de la «confianza de los inversionistas» en el futuro de la economía puertorriqueña, dijeron algunos funcionarios. Si la afirmación les parece familiar es porque es exactamente lo que dicen nuestros burócratas cuando colocan un nuevo bono, como se puede leer en esta misma semana en la prensa tras la colocación de un bono por US$ 500 millones para continuar el financiamiento de Punta Catalina. Y nos deja la sensación de que somos unos tontos que no aprovechamos la gran demanda de nuestros bonos para endeudarnos más.

Quizás lo somos. Sin embargo, es de inteligentes aprender en «cabeza ajena». La experiencia puertorriqueña nos alerta sobre lo peligroso que pudiera resultar la eliminación pura y simple de los incentivos fiscales, y de lo nefasto que es seguir el camino fácil del endeudamiento. Las finanzas públicas deben conducirse mirando siempre hacia el futuro, pero con «un ojo puesto en el espejo retrovisor» ... ahí están Puerto Rico... y muchos más.

@pedrosilver31

Pedrosilver31@gmail.com

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