Los “derechos adquiridos” en el sector eléctrico

Durante las discusiones del Pacto Eléctrico la defensa de los “derechos adquiridos” y de la “seguridad jurídica” ha sido tema recurrente. Parecería, sin embargo, que muchos de los “derechos adquiridos” a que se hace referencia emanan, no de la ley, sino de arreglos especiales entre funcionarios públicos, empresarios y consumidores. Y que la “seguridad jurídica” no es el respeto a la ley, sino el respeto a los “derechos así adquiridos”.

Dada la insostenibilidad financiera del servicio eléctrico, habría razones para pensar que los llamados “derechos adquiridos” y la “seguridad jurídica” que los ampara, son en sí mismos la esencia del problema eléctrico.

Algunos ejemplos para ilustrar el punto. Primero, en este país, los ciudadanos siempre han pagado sus alimentos, vestidos, medicina, teléfono y quinielas. Y un infeliz termina herido o preso por robarse una pieza de salami o un racimo de plátano. Dentro de esa tradición, la falta de pago de la energía consumida y la conexión irregular siempre han sido violaciones de la ley. Y hubo tiempos en que esas violaciones eran castigadas. Pero en diversas curvas del camino, las conveniencias políticas indujeron a convertir aquellas violaciones y el congelamiento de la tarifa eléctrica en compromisos irrevocables.

Hoy, la falta de pago de la energía consumida, la conexión irregular, y el congelamiento de la tarifa son “derechos adquiridos” “defendibles” y defendidos por cientos de miles de consumidores. Las pérdidas de ingresos generados por esos “derechos adquiridos” son parte importante del déficit sectorial que ha debido ser cubierto por el Ministerio de Hacienda.

Segundo. Como regla general, durante las últimas tres décadas, la compra y venta de energía entre generadores privados y el Estado ha sido el fruto, no de mecanismos transparentes sino de negociaciones de aposentos, de las cuales han emanado contratos que no pueden ser tocados sin afectar la “seguridad jurídica”. Aunque resulta difícil estimar los sobreprecios logrados en esas negociaciones de aposento, cual que sean los montos, los mismos han sido parte del déficit sectorial que ha debido ser cubierto por el Ministerio de Hacienda.

Tercero. Un elemento común de la reforma eléctrica a nivel mundial es la apertura, sin exclusión, de las infraestructuras de transmisión. Públicas y/o privadas, esas deben estar disponibles a todo generador, distribuidor o consumidor que la solicite, sujeta solo a las normas de operación y al pago del valor agregado que defina la autoridad reguladora. Por conveniencias políticas aquí se han otorgado líneas exclusivas que no pueden ser cuestionadas sin ofender “la seguridad jurídica”. Además de los costos implícitos en la balcanización del sistema eléctrico de una media isla, algunas de esas líneas han generado miles de millones de pesos de costos adicionales al sistema nacional interconectado. Y todos esos costos son partes del déficit sectorial que ha debido cubrir el Ministerio de Hacienda.

Cuarto. Con una sola empresa y un consejo de administración de carácter honorario, el Estado compraba energía a los generadores privados, y administraba sus intereses en distribución, transmisión, generación hidroeléctrica y generación térmica. Se hizo una reforma. Y luego una contrarreforma. Ahora, para comprar energía a los generadores privados y administrar los viejos intereses del Estado en el sector, se necesita una unidad de electrificación rural, tres empresas de distribución, una empresa de transmisión, una empresa de generación hidroeléctrica, una empresa que coordina a las anteriores, un organismo coordinador, una superintendencia de electricidad y una comisión de energía. Aunque esa estructura obedece a la lógica de una reforma que fue revertida, aquella reforma ha dejado muchos “derechos adquiridos”. Los costos de esa mega estructura institucional, son parte del déficit sectorial que ha debido cubrir el Ministerio de Hacienda.

La lista es larga y creciente. Pero a la hora de pactar, eso no importa demasiado. Pues las empresas públicas y privadas y demás entidades del sector tienen las capacidades para defender sus “derechos adquiridos” al interior del gobierno y del sistema judicial. Y como los consumidores son muchos, pueden defender sus “derechos adquiridos” en las calles y en las urnas. Conscientes todos, que no importa cuántos sean y cuesten esos “derechos adquiridos”, por respeto a la “seguridad jurídica”, el Ministerio de Hacienda siempre paga.

Ramón Flores