Odebrecht

El hecho criminal ha sido establecido: la empresa brasileña Odebrecht, de 2001 a 2014, para obtener obras de infraestructura diversas en la República Dominicana pagó sobornos ascendentes a US$92 millones, registrando beneficios netos por US$163 millones. De la suma de ambas cantidades puede deducirse un aproximado de la sobrevaluación de las obras construidas por Odebrecht en el país.

Asumamos por un momento que al Ministerio Público del país le surgiera la voluntad de hacer, en este caso, una investigación independiente, y tuviera la determinación y el carácter para frenar las presiones políticas. En ese supuesto, imaginario, el Ministerio Público no debería dejar de hacer, de forma simultánea y con la celeridad necesaria, cumpliendo con los procedimientos de ley, lo siguiente:

1. Allanar las oficinas de la Odebrecht en el país e incautación de la documentación física y virtual que pudiera guardar relación con el hecho criminal.

2. Intervención de todas las obras en ejecución en el país por Odebrecht y adopción de medidas cautelares sobre maquinarias, bienes y cuentas bancarias.

3. Impedimento de salida de los altos funcionarios de la empresa en el país.

4. Entrar en contacto directo con las autoridades del ministerio publico en EE.UU. y Brasil, responsables de las investigaciones en curso para, al amparo de nuestra relaciones diplomáticas y acuerdos judiciales de cooperación existentes, proveernos de toda la documentación relacionada con el hecho criminal cometido en nuestro país, incluyendo la posibilidad de que investigadores nuestros puedan tomarle testimonios indiciarios a los directamente implicados, y que han llegado a acuerdos de cooperación con la justicia de los países citados.

5. Disponer una auditoría por parte de peritos expertos, en físico y en los registros contables y presupuestos, de cada una de las obras construidas por Odebrecht, en el período 2001-2014. Entre las obras a auditar están los elevados y pasos a desnivel, los acueductos de la Línea Noroeste y Samaná, las carreteras de Casabito-Constanza, Piedra Blanca-San José de Ocoa, Sabana de la Mar-Miches, las hidroeléctricas de Pinalito y Palomino, el corredor Vial del Este y las plantas a carbón de Punta Catalina.

6. Abrir una investigación a los ingenieros jefes que participaron en cada una de estas obras y al personal que en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones tenía funciones de supervisión para buscar su colaboración, a menos que resulte comprometida su responsabilidad.

7. Investigación de los que integraron los comités de licitaciones por las que se adjudicaron estas obras.

8. Investigación de los legisladores, en especial, el comportamiento de los presidentes de ambas cámaras y los integrantes de las comisiones que tuvieron que ver con la aprobación de los contratos o préstamos relacionados con estas obras.

9. Investigación de los ministros de MOPC en el período 2001-2014, a saber: Miguel Vargas Maldonado (200-2004), Freddy Pérez Gómez (2002-2007), Víctor Díaz Rúa (2007-2012) y Gonzalo Castillo (2012- en funciones).

10. Respecto de todos los investigados, examinar la evolución de su patrimonio. De manera particular buscar en cuentas provenientes del banco de Antigua y Barbuda comprado por Odebrecht para realizar transferencias a los receptores de soborno. Darle seguimiento a las posibles operaciones de lavado de activos para blanquear el dinero obtenido del soborno por estos funcionarios.

11. Es imprescindible incluir en la investigación a los presidentes de la República del período 2001-2014, a saber: Hipólito Mejía (2000-2004), Leonel Fernández (2004-2012) y Danilo Medina (2012-en funciones). Es sabido que este volumen de obras contratadas con una empresa en particular no es la decisión sola del ministro de Obras Públicas.

12. En el caso de Danilo Medina, el Ministerio Público tiene que despejar algunas variables de la investigación. La primera se refiere a Joao Santana, quien fue uno de los estrategas de la campaña del Danilo Medina, en la actualidad preso en Brasil como parte de la operación “Lava Jato”, que es la versión brasileña de la investigación del esquema de corrupción montado por Odebrecht. Uno de los modus operandi de la empresa era enviar a este “genio del fraude y de la perversión electoral” como asesor de campaña para que luego del “triunfo”, Odebrecht recibiera en pago la construcción de obras con licitaciones amañadas y presupuestos abultados. La segunda variable se refiere a la asignación a Odebrecht de la planta a carbón de Punta Catalina tomando en cuenta que Odebrecht gana la licitación sin tener experiencia en la construcción de plantas termoeléctricas y su oferta superar en más de mil millones de dólares a su competencia, una empresa china con basta experiencia en el área.

Pero no se asusten corruptos nuestros. Este ha sido un ejercicio imaginario. Sabemos que en el país no existe, por ahora, ni el Ministerio Público, ni el Poder Judicial para investigar, perseguir y condenar a los responsables de actos de corrupción como el develado.

Tengamos por seguro que no será así por siempre.

Guillermo Moreno