Participación Ciudadana y la nómina pública

«Esto sugiere que se cuenta con un macro Estado con un empleado público por cada 13 habitantes y por cada ocho electores, lo que no se corresponde con el tamaño del territorio. Se trata de una estructura grande, ineficiente y cara. Una macroestructura, llena de organismos duplicados, que lejos de achicarse, en busca de una mayor productividad, se ha ampliado por las prácticas del patronazgo y el clientelismo». [...] Lamentamos que el clientelismo visceral ha duplicado en siete años el total de empleados públicos, en consecuencia, la incorporación a la administración pública no es fruto de la igualdad de oportunidades [...]». Declaración de Participación Ciudadana, junio 18, 2019

La nómina pública ha sido siempre un tema de mucho interés para la ciudadanía. En general, los gobiernos tienden a mantener un nivel de empleo público por encima del necesario o el requerido para cumplir con la función pública. Esa es una gran diferencia con el empleo en el sector privado que persigue maximizar, normalmente, una función de utilidad. En el sector público el empleo puede ser un arma de doble filo cuando el criterio político predomina sobre el técnico, aunque se debe reconocer que el perfil político es importante para un gran numero de posiciones en el gobierno. El problema surge cuando el perfil político no está acompañado de la formación profesional imprescindible para el buen desempeño de la posición.

De un predominante criterio político se deriva una empleomanía politizada y excesiva, como se puede apreciar en la mayoría de las instituciones públicas. De acuerdo con el Observatorio de la Función Pública de Participación Ciudadana «la nómina pública del gobierno central, sin los ayuntamientos y otros organismos descentralizados, era de 336,000 empleados, y para el 2014 estaba en 441,000; en el 2016 se situaba en 550,000, y hoy día sobrepasa los 650,000 servidores, duplicándose en solo siete años». Es decir que la nómina pública – esto es, gobierno central – ha estado creciendo a una tasa anual cercana al 14%. Si el empleo en el sector descentralizado – como, por ejemplo, las distribuidoras de electricidad – fuera incluido tendríamos un cuadro mucho más alarmante.

Además, esto significa que el gobierno central ha estado creando empleos a un ritmo de unos 45,000 por año; lo que confirma que una gran parte – quizás la más importante – de los empleos creados en la economía dominicana se originan en el gobierno; otra parte importante se origina en el sector informal. En fin, se trata de empleos de baja calidad que para algunos son necesarios para mantener el equilibrio social y la gobernabilidad. Pero, probablemente, la razón principal sea mantener un capital político inflado que representa una ventaja electoral. De hecho, se pudiera argumentar que parte del crecimiento de la nómina pública se debe a que el 4% para la educación preuniversitaria significó una mayor contratación de profesores y empleados administrativos. Probablemente. Pero los informes sobre el uso del 4% revelan grandes deficiencias en las contrataciones de educación, y lo que se ve es que ese 4% ha potenciado la aparición de dos precandidatos a la presidencia.

Es en este marco que debe entenderse la critica que hace Participación Ciudadana cuando afirma que «el clientelismo visceral ha duplicado en siete años el total de empleados públicos», con lo que se ha creado una macroestructura “grande, ineficiente y cara”. Se supone que el crecimiento de la nómina pública debe ser mínimo o, en cualquier caso, moderado. Este, sin embargo, no ha sido el caso dominicano, que mantiene la proporción de empleos públicos con relación a los empleos totales por encima del promedio de América Latina, y muy cercana al promedio de países desarrollados, los que cuentan con un sistema burocrático mucho más complejo.

Consistente con una nómina pública que prácticamente se ha duplicado en los últimos siete años está el hecho de que el gasto en nómina ha sido más que duplicado entre los años 2012 y 2018, al pasar de RD$ 87,770 millones a RD$ 188,651 millones durante ese período. De esta manera, el gobierno ha tenido que dedicar una proporción mayor de los ingresos tributarios para cubrir los compromisos de nómina, de tal manera que en 2012 de cada cien pesos recaudados se dedicaban veintiocho pesos para el pago de la burocracia pública, ya para 2018 esa proporción se había incrementado a 34 pesos. En otras palabras, el gasto en nómina ha aumentado más rápido que el crecimiento en las recaudaciones tributarias.

Y claro, no se necesita hacer un gran esfuerzo mental para tomar conciencia de que el clientelismo político asociado al manejo de la nómina pública ha sido un factor que ha presionado a las finanzas públicas a través de un mayor déficit fiscal y, por supuesto, ha conducido a un mayor endeudamiento público. Esto pone de relieve lo importante que es para las finanzas públicas un saneamiento de la nómina pública, que pudiera generar ahorros al gobierno por el orden de los RD$20,000 millones anuales. Sí, lo sabemos, el Gobierno no va a estar en la disposición de sacrificar el capital político que tal saneamiento implicaría.

Sin embargo, son miles los empleados que trabajan seria y eficientemente en la administración pública y que no reciben la remuneración apropiada debido a que con sus bajos salarios están subsidiando a otros tantos miles que figuran en la nómina pública sin dar un golpe; lo que, evidentemente, es una gran injusticia laboral. Esos que realmente trabajan serían los primeros en desear una despolitización de la nómina pública. Ellos también deben contar...

Pedro Silverio Alvarez