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Presupuesto, Banco Central y Punta Catalina

«Las autoridades fiscales ya nos tienen acostumbrados cada año a este juego de solicitar modificaciones presupuestarias al Congreso Nacional al finalizar el año, cuando ya los hechos están cumplidos. Lo hacen así porque el Ejecutivo sabe que el Congreso no sirve de contrapeso ni cumple su papel de fiscalización en materia presupuestaria, y que la propuesta será aprobada sin mayores miramientos ni sentido de responsabilidad. (...) Igualmente, de esos, 29,500 millones de pesos, 25,500 millones servirán para pagar facturas pendientes de ser saldadas, asociadas al proyecto de Punta Catalina, gastos que tampoco estaban consignados en el presupuesto y que el gobierno, frente a los hechos cumplidos, logró que el Congreso le diese el visto bueno formal». Pavel Isa, El Caribe, diciembre 9, 2017

En El viejo y el mar Hemingway nos narra las vicisitudes por las que tiene que pasar un viejo pescador cuando logra capturar el pez más grande jamás visto. Con mil libras de carne el pescador pensó que haría un buen dinero. Solo tenía que amarrar el gran pez al lado del bote -no cabía dentro- y llevarlo hasta la orilla en donde, además de venderlo, quedaría como un héroe. Pero el viejo no contaba con los ataques de los tiburones que fueron despedazando su gran pez hasta convertirlo en un largo y blanco esqueleto. Esto fue todo lo que pudo llevar hasta la orilla, para su total frustración. Algo parecido está ocurriendo con Punta Catalina. El Gobierno pensó que tenía en sus manos el gran proyecto y contra viento y marea está tratando desesperadamente de terminar un proyecto que ha estado -desde sus inicios- siendo despedazado por los tiburones de Odebrecht. Contrario a lo que hizo el viejo pescador -que enfrentó con valentía los ataques de las fieras marinas- el gobierno permitió que las reglas del juego para la ejecución de dicho proyecto pusieran en riesgo los intereses del Estado. Hoy ni siquiera se sabe cuál será el costo final de Punta Catalina.

Son muchas las consecuencias que se derivan de la ejecución del cuestionado proyecto. Una de ellas es el impacto presupuestario de una obra que el gobierno se ha visto en la obligación de buscar el financiamiento que no fue posible conseguir a través de Odebrecht -como era su compromiso- por sus propias faltas éticas. Pero el gobierno se lo perdonó como le perdonó otras tantas cosas. Es así como en el presupuesto original del presente año ya el gobierno había incluido unos 30 mil millones de pesos para ser transferidos a la CDEEE. Sin embargo, para sorpresa de todos, en las modificaciones presupuestarias que el gobierno sometió en noviembre ante el Congreso Nacional se incluyó una partida que prácticamente duplicaba dichas transferencias hasta un monto total cercano a los 60 mil millones de pesos. Claramente, se trata de una carga financiera muy pesada para las finanzas públicas.

Pero más grave aun es el hecho de que la mayoría de esos fondos adicionales para Punta Catalina están siendo sustraídos de los recursos presupuestarios que estaban consignados para el Banco Central. Desde que este monto fue colocado en la ley del Presupuesto General del Estado, el Banco Central generó un ingreso devengado para el 2017 que se iría percibiendo de acuerdo con el programa de desembolso del gobierno. De manera que esos recursos pudieran ser considerados como legítimamente pertenecientes al Banco Central. Al pasarlos ahora a Punta Catalina es como si el Banco Central estuviera financiando forzosamente actividades del gobierno, lo cual no es permitido por la ley Monetaria y Financiera. La gravedad del hecho no se nota tanto porque el gobierno no había transferido esos recursos al BC. Pero en el fondo esa es la realidad. En cierta forma, el mensaje implícito del gobierno es que el BC se lo cobre del señoreaje.

Si el Banco Central se viese en la necesidad de emitir certificados -a la luz del programa monetario y la meta de inflación- por un monto equivalente a los recursos que el gobierno le sustrajo para pasarlos a Punta Catalina estaría realizando una operación cuasi fiscal, pues el pasivo generado por tal emisión le habrá permitido al gobierno disponer de mayores recursos para el gasto público. Asimismo, tendría que pagar un monto mayor de intereses y, en consecuencia, un mayor déficit cuasi fiscal que es reclamable al mismo gobierno como nueva deuda.

Una de las razones que el gobierno utiliza para justificar la transferencia de recursos desde la cuenta del BC a Punta Catalina es que está en proceso la formulación de una propuesta que modificaría el esquema de recapitalización del órgano emisor y adecuarlo a las limitaciones fiscales del gobierno. Es una tarea que hace tiempo debió ejecutarse, pero mientras tanto está vigente una ley de recapitalización que debe cumplirse. Una negligencia del gobierno no puede ser utilizada como argumento para el incumplimiento de una ley.

Como se puede apreciar, el impacto negativo de Punta Catalina desborda los límites del sector eléctrico y se permea hacia áreas tan sensibles como el gasto público, el endeudamiento y la política monetaria. Todo esto de la mano de una vulneración de los estamentos institucionales de la nación. Mientras la agonía del viejo pescador terminó cuando llegó a puerto con su esqueleto inservible, en el caso de Punta Catalina podría suceder que aun llegando a puerto con la terminación de la obra comiencen a develarse como falsas todas las ilusiones que se han vendido para justificar un proyecto que no tiene futuro. El esqueleto podría transmutarse en un gran elefante blanco...

Pedrosilver31@gmail.com

@pedrosilver31

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