Punta Catalina e institucionalidad

El destape del caso Lava Jato ha llevado a la cárcel a altos dignatarios, funcionarios y empresarios brasileños y latinoamericanos, conectados a una red continental de sobornos y sobrevaluaciones en proyectos de obras del Estado.

El objetivo de la trama era distribuir un enorme botín, generado bajo la modalidad de licitaciones de obras públicas, con ganadores definidos previamente.

Tal mecanismo permitía el enriquecimiento de empresarios y políticos, al tiempo que facilitaba el mantenimiento en el poder de mandatarios comprometidos, a través de financiamiento, contribuciones, asesorías de campañas políticas, compra de voluntades, modificaciones constitucionales, o la conquista del poder, pues también se apostaba por líderes emergentes o en la oposición.

Aquí, en el país, la mayor parte del iceberg constituido por las operaciones estructuradas de Odebrecht, puede que aun no haya emergido, pero se presiente, está ahí, casi oculto por el velo que lo protege, sin que a nadie quepa duda de que en algún momento será develado con sus dramáticas consecuencias.

La noticia reciente de que se hicieron pagos por cerca de US$40 millones a personas y empresas, relacionados con la adjudicación a Odebrecht del proyecto de construcción de la termoeléctrica de Punta Catalina, ha resultado ser una bomba periodística, aun sin que se haya revelado nada que el común de los dominicanos no estuviera convencido de que hubiera ocurrido.

El detalle que faltaba es que se expresara en forma pública, con datos. Es lo que ha sucedido ahora.

Es un enigma por qué en el proceso de licitación del proyecto de Punta Catalina, Odebrecht terminó siendo la única empresa licitante, al haber sido descartadas alrededor de una decena de empresas participantes. Y lo es porque la adjudicación se hizo a pesar de las sugerencias surgidas dentro del equipo encargado de la licitación, dirigidas a reparar lo que lucía ser una anomalía. Esas sugerencias fueron desestimadas.

Dados los hechos conocidos, el ministerio público ha quedado puesto en evidencia al no incluir al proyecto de Punta Catalina en el expediente elaborado relativo a los sobornos pagados por Odebrecht, quizás para liberar a las autoridades del enojoso trámite de dar explicaciones y alejarlas del peso de una eventual investigación.

Con eso se ha sembrado un mar de dudas y sospechas de encubrimiento.

El problema estriba en que en ausencia de independencia y de frenos judiciales, el poder tiende, en sentido general, a imbuirse de una peligrosa sensación de inmunidad, lo cual es susceptible de afectar el estado de derecho.

En ese contexto, algunas personalidades destacadas, sobre todo del mundo empresarial, aceptaron formar parte de una comisión de notables, creada con el propósito de dirimir el caso de Punta Catalina fuera del proceso judicial. Aunque el informe que presentaron contiene aportes valiosos, las noticias recientes apuntan a que los comisionados erraron en su apreciación central.

Con posterioridad al informe de la comisión, se ha estado proyectando la imagen de una pequeña cúpula económica inclinada hacia el poder político, sin que pareciera que le importaran un comino los agravios a la institucionalidad.

Ese pequeño grupo, enredado en las patas del poder, actúa como si representara al universo de empresarios, cuando en realidad hace daño a los intereses de largo plazo de esa clase.

Y eso es muy grave.

El apoyo que prestaron a la apisonadora que alteró la composición de la Corte Suprema de Justicia sin que mediara evaluación de desempeño de los jueces, como lo impone la Constitución, así como las recientes poses mediáticas junto al poder político en estos días de incertidumbre sobre el necesario acatamiento a la Carta Magna, proyectan un mensaje preocupante.

Esa parte de la cúpula económica no se da cuenta de que las señales que envía han estado diluyendo la credibilidad del sector empresarial en su conjunto, lo cual es de extrema gravedad, pues su concurso podría ser muy necesario en caso de crisis, pero no tendría ningún valor si terminaran de perderla.

La reflexión debería llevarlos a pensar que el interés individual quedaría mejor servido dentro de un estado de derecho que dentro de la arbitrariedad creada por una sociedad que opera sin instituciones funcionales.

Y llevarlos a concluir que la única forma de mantener la estabilidad política y la paz social, es mediante el acatamiento a las normas establecidas para que se apliquen sin excepción ni retorcimientos. O sea, permitir que impere la ley, en igualdad de condiciones para todos.

Siendo así, ni Punta Catalina puede romper la regla, ni pueden ser apoyados desacatos ni interpretaciones interesadas del texto sustantivo.

Eduardo García Michel

Eduardo García Michel, mocano. Economista. Laboró en el BNV, Banco Central, Relaciones Exteriores. Fue miembro titular de la Junta Monetaria y profesor de la UASD. Socio fundador de Ecocaribe y Fundación Siglo 21. Autor de varios libros. Articulista.