Purgante moral para la salud económica

Luego de la nefasta experiencia que se tuvo con las emisiones hechas en los mercados internacionales por Báez y Lilís en el siglo XIX, que culminaron primero con la intervención de las aduanas y de las finanzas públicas y después con la ocupación armada de los Estados Unidos en 1916, la República Dominicana se atrevió en el año 2001 a colocar bonos soberanos por un monto de US$500 millones.

En ese momento no había la preocupación de que el país se acercara al lindero de la insolvencia porque la deuda pública tenía poca significación, no sobrepasaba el 1.66% del PIB, y la carga de intereses era ínfima, de 0.78% del PIB.

Alguien pudiera atreverse a afirmar que en la virtud se esconde el pecado, pues es terreno abonado para las tentaciones. En cambio, en lo mundano suele crecer una templanza que se aferra como un cactus al rocío cuando siente su caricia en el desolador desierto.

Mediante esa lógica, algunos concluyeron que lo apropiado sería empezar a pecar para ser mundanos, y alcanzar por ese medio la virtud, quizás hasta por arte del hastío. Y aplicado a escala de nación, esa parece ser la situación de la deuda pública.

Desde el año 2001, y hasta la fecha, desde el poder y para el poder han estado surgiendo actitudes y decisiones que, a la postre, pudieran resultar de tan malas consecuencias como las que provocaron las emisiones de bonos del siglo XX.

En efecto, grupos rebosantes de oportunismo y adornados por la habilidad de saber trepar por los vericuetos del Estado y cosechar en su favor, empezaron a destacar y a propalar que existía un amplísimo margen para el endeudamiento externo, pues en esa materia se estaba casi en el terreno de la virginidad.

En el año 2001 existía una gran preocupación por la colocación de esos bonos en los mercados internacionales, y ante la decisión inevitable se optó por presionar para que los recursos fueran invertidos, en vez de ser utilizados en gasto corriente.

Tal criterio formaba parte de los principios de buena administración de los recursos ajenos, que son los públicos. Pero, ¡oh destino!, aquello era poner un débil impedimento a la contratación de este tipo de deuda, como habría de demostrarse en los años subsiguientes.

Tanto la crisis financiera del 2008 como la recesión mundial que la acompañó, derribaron muchas barreras, entre ellas la prudencia.

En el pánico de la recesión, los organismos multilaterales como el FMI, incitados por el G-7, empezaron a presionar a los países a que aumentaran el gasto mediante la concertación de préstamos, con el objetivo de estimular la demanda mundial y contrarrestar la recesión. El propio FMI, y luego el Banco Mundial y el BID, prestaron a los gobiernos para llenar un capítulo al que se le llamó “apoyo presupuestario”.

Y ahí se rompió una soga muy fina, la de la disciplina fiscal, bendecida por los centros multilaterales de poder, que son los mismos que en el futuro cercano pondrán a este pueblo la soga en el cuello para obligarlo a aceptar un durísimo ajuste fiscal. (Anótenlo y reclámenlo a quien escribe, si no sucediera así).

Antes de eso el financiamiento multilateral se dirigía a proyectos de desarrollo, como presas, carreteras, puertos. Y los desembolsos se producían previa comprobación de los avances en las obras y de la entrega de la contrapartida.

Sucedió que, entre trepadores que aconsejaban lo fácil, endeudarse para gastar más en lo que fuere, y reelegirse, y los consejos de los organismos internacionales para que se aumentara el gasto y el déficit, se ha llegado a una situación en la que de esos organismos salen advertencias a las autoridades de cuidarse de no sobrepasar la línea, ya cercana, de la falta de sostenibilidad de la deuda.

En este momento cualquier choque externo o interno podría poner el país al borde de la insolvencia. Y esto pudo y debió de haberse evitado.

No ha habido consciencia crítica para alejarse de ese abismo.

A enero de 2017, es decir 16 años después de la colocación de los primeros bonos soberanos del siglo XXI, su monto asciende a US$11,800 millones; la carga de intereses de la deuda pública supera el 3% del PIB, lo que significa que de cada 100 pesos de ingreso tributario, algo más de la quinta parte se destinará al pago de intereses.

Y la amortización ronda por una cifra equivalente.

Desde la alta esfera de poder algunos, afortunadamente no todos, dan por descontado que la deuda se amortizará por si misma, con más deuda, pero hay circunstancias, aun fuere con probabilidad baja, en que los mercados cierran esa opción, como ocurrió en este país a principio de la década de 1980.

Endeudar la nación en moneda extranjera para pagar gastos corrientes es una mala práctica que jamás podrá ser objeto de indulgencia, y que muestra hasta qué punto se ha perdido el sentido del rubor.

Es necesaria la reacción de las autoridades para corregir el rumbo, bajo el entendido de que la regeneración habrá de acontecer cuando se administren purgantes poderosos que devuelvan la salud moral a la nación.

Eduardo García Michel