Seguridad alimentaria y agricultura familiar en República Dominicana
Diario Libre
La República Dominicana acaba de dar dos pasos firmes hacia su desarrollo. En la misma semana. El miércoles 8 de junio, el Congreso aprobó la ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, y el jueves 9, el ministro de Agricultura, Ángel Estévez, publicó una resolución a favor de la Agricultura Familiar.
No pretendo en este breve artículo profundizar en el contenido de ambos textos, sino analizar su importancia de forma conjunta. Primero, resaltar que el proceso para haber llegado a estos resultados concretos es tan importante como el contenido de los documentos, y en los dos casos la sociedad en su conjunto se ha involucrado con tesón y madurez.
El Estado dominicano, como no podía ser de otra forma en un país de renta media alta que tiene clara su apuesta por el desarrollo y el fortalecimiento institucional, ha dirigido el proceso según su mandato: el Congreso de la República para aprobar la ley, con un destacado rol realizado por el Frente Parlamentario contra el Hambre, y el Ministerio de Agricultura para articular de forma consensuada la Resolución RES-MA-2016-14, por la que se crea el Consejo Consultivo de la Agricultura Familiar que deberá, entre otras funciones, “coordinar el diseño y ejecución de las políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la agricultura familiar en el país”.
Si hubiera que destacar a un actor de la sociedad, habría que resaltar a las asociaciones de productores y productoras del país, que ahora formarán parte del Consejo Consultivo mencionado. A través de estas asociaciones, los ciudadanos de zonas rurales se han involucrado tanto en la formulación de la ley como de la resolución, lo que me lleva a un segundo punto que quiero resaltar en este análisis conjunto: la relación entre la seguridad alimentaria y la agricultura familiar.
La inseguridad alimentaria se puede medir de varias formas, una de ellas a través del indicador de subalimentación, que expresa el déficit en el consumo de energía alimentaria. Este indicador se actualiza a nivel global cada año, en una publicación conjunta de la FAO, el FIDA y el PMA. En el año 2015, los datos reflejaban que la República Dominicana cumplió con la meta relativa al hambre en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, al haber reducido este indicador del 34% en el año 1992 al 12% en 2015.
Pero un 12% de ciudadanos con hambre en un país, cuyo PIB ha crecido de media un 4.8% en los últimos 20 años, no debe conformarnos. Además de continuar los esfuerzos de redistribución de la riqueza a través del gasto público social, expresado entre otros a través del Programa de Alimentación Escolar o el Programa Progresando con Solidaridad, que alcanza casi al 25% de la población dominicana, hay que proteger y fortalecer los medios y condiciones de vida de un sector de la población que al mismo tiempo que padece hambre es clave para la producción de alimentos en el país: la agricultura familiar.
Según datos del Precenso Nacional Agropecuario 2015, que la Oficina Nacional de Estadística (ONE) presentó hace unas semanas, en el país existen unas 319,676 unidades productivas agropecuarias, y el 57% de ellas dispone de menos de 4,4 Has (70 tareas) para seguir produciendo bienes públicos tan importantes como la producción de alimentos, generación de empleo, reducción de la pobreza rural y la protección del medio ambiente.
La resolución de Agricultura Familiar, y la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria que aún debe ser promulgada por el Gobierno, son dos hitos importantes en el desarrollo del país. Pero no son un fin en sí mismos, sino un medio para seguir fortaleciendo los procesos de gobernanza necesarios para reducir la pobreza, especialmente la rural, y cumplir con los compromisos internacionales suscritos por la República Dominicana en relación al Derecho a la Alimentación.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que tengo el honor de representar en el país, continuará apoyando estos procesos aportando asistencia técnica, que es posible gracias a países amigos como los de España, Brasil, México y el conjunto de la Unión Europea, facilitando espacios de diálogo y conocimiento, pero sobre todo animando a la sociedad y al Estado dominicano a mantener una visión conjunta y justa del desarrollo deseado.
Anexo estadístico
La proporción de la población dominicana que consume menos energía alimentaria de la necesaria se ha reducido del 34% en el año 1992 al 12% en 2015, según datos del indicador de subalimentación de la FAO. Como se observa en la gráfica, esta reducción permite decir que la República Dominicana ha cumplido con la meta relativa al hambre de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
En parte, esta tendencia positiva para el país se debe a una combinación de crecimiento económico con políticas públicas sociales que redistribuyen la riqueza. En el mismo período de análisis de la gráfica anterior, la República Dominicana ha tenido un crecimiento promedio del PIB de 4.79 por ciento, cifra superior al 3.06 por ciento que presenta la región de América Latina y el Caribe en el mismo. Según la CEPAL, el Estado dominicano aumentó el gasto público en materia social desde un 6.4 % del PIB en 2004 a un 7.1 % en 2011, reflejado principalmente en implementación de medidas sociales como el programa de transferencias sociales Progresando con Solidaridad. En 2014, la cobertura del programa alcanzaba a casi el 25 por ciento de la población dominicana, cinco puntos porcentuales más que la tasa de pobreza extrema de 2013.
Los resultados del Pre censo Nacional Agropecuario 2015, que la Oficina Nacional de Estadística (ONE) presentó hace unas semanas, ponen de relieve que en el país existen unas 319,676 unidades productivas agropecuarias; un 41% de ellas tiene una superficie entre 8 y 40 tareas, y un 16% entre 41 y 70 tareas. Como una tarea equivale a 629 metros cuadrados, estos datos suponen que el 57% de las fincas del país tienen menos de 4,4 Hectáreas de superficie, conformando un sector agropecuario nacional en el que la Agricultura Familiar juega un rol clave en términos de producción de alimentos, de empleo y pobreza rural, de protección del medio ambiente y desarrollo rural.
Diario Libre
Continuar con Google