Transparencia fiscal, 3

El gasto público solo se justifica como parte de un contrato, cuyo origen ha sido diluido por el tiempo. Surge de los impuestos directos e indirectos que la gente paga al Estado; de quienes más tienen, pero también de los que menos, supieran o no que lo estuvieran pagando.

Y solo tiene sentido si se efectúa en cumplimiento de un objetivo colectivo; nunca para ser usado para fines políticos particulares, grupales o partidarios. Pues si fuese así, constituiría un uso impropio, ilegítimo, que debería ser rigurosamente castigado.

Un reciente informe calcula en decenas de miles de millones de pesos el gasto público improductivo (ilegítimo) del país, que se cuela para nutrir la telaraña en que se acuesta el quehacer clientelar, empobreciendo cada vez más a quienes solo tienen como amparo, si acaso, la piedad de Dios.

Tan malo como lo anterior, es que el gasto que fuere necesario no se realizara por renuncia deliberada a actuar como debería de actuarse. Por ejemplo, la Cámara de Cuentas acaba de afirmar que no tiene recursos para lo imprescindible (la investigación sobre el caso Odebrecht), pero sí los posee ¿para lo trivial? Es una penosa confesión, que la coloca como ornamento en vez de órgano relevante de control.

También es importante verificar si su composición es la que conviene al interés general, o no lo es. Para 2018 se prevé que la inversión pública apenas representará el 2.7% del PIB, cuando debería llegar o sobrepasar al 5% del PIB. No tiene justificación alguna el abandono de la inversión pública. Tampoco la tiene la deriva hacia el gasto corriente, salvo que se priorice el presente con recursos de reparto selectivo en detrimento del futuro de todos.

Las transferencias corrientes tienen un peso excesivo, como también lo ocupan las remuneraciones. Entre ambas engullirán algo más del 53.0% del ingreso fiscal.

Algunas de esas partidas van al sector eléctrico, causa eficiente del déficit y endeudamiento público. Es hora de abandonar decisiones que llevan sistemáticamente al fracaso, concentrarse en la regulación, hacer énfasis en la supervisión para producir y distribuir energía suficiente y competitiva.

Otra parte va a subsidios sociales. Hay que explorar maneras de desvincularlas del quehacer partidario. Una de ellas pudiera ser traspasarlas a la seguridad social para garantizar a los más necesitados servicios de salud y pensiones.

La política clientelar se afinca en la creación de empleos innecesarios que fomentan el parasitismo, cuando lo que corresponde al Estado es remover las rigideces que afectan el mercado de trabajo para ayudar a crear más empleo formal, con protección social.

Muchas empresas han tenido que compensar la falta de condiciones de competitividad por medio del freno al incremento del salario real, solución insana, pues mantiene por largo tiempo las condiciones de pobreza. Todo eso se facilita por la permisividad gubernamental y empresarial con la inmigración irregular.

El Banco Central es la otra causa eficiente del déficit:1.4% del PIB por concepto del cuasi fiscal, más 0.7% del PIB por traspasos previstos en la ley de capitalización. ¿Por qué no se intenta una opción diferente, dado que el problema se mantiene y crece?

Otra gran fuente de despilfarro es la cuenta de intereses. La carga de la deuda se ha más que comido lo que se asigna a educación preuniversitaria, el 4% del PIB, pues los intereses ascienden al 3.5% y la amortización al 3.3%

Con tanto dispendio, es un milagro que la nación todavía se sostenga en pie.

La condición necesaria para revisar el espectro fiscal, incluyendo el nivel de los ingresos, pasa por una recomposición a fondo y transparente del gasto público para eliminar lo prescindible y fortalecer lo necesario. Es lo único que daría fuerza moral.

Si se eliminaran todas las distorsiones mencionadas, el ahorro equivaldría a que el Estado recibiera nuevos ingresos por el orden de varios puntos porcentuales del PIB, para canalizarlos a fortalecer la infraestructura, los servicios y mejorar la competitividad, que es lo único con potencial de garantizar empleos permanentes bien remunerados.

¡No nos engañemos! La reforma que podría poner los pilares de un futuro próspero es la de fortalecer las instituciones y dotarlas de independencia funcional, lo cual daría paso al manejo de los recursos de todos en función de los intereses generales y no de grupos ni personas.

En ese sentido, la discusión sobre las primarias partidarias no debería prestarse para seguir apuntalando el modelo clientelar, sino para erradicarlo.

El signo del futuro dependerá en alto grado de que la sociedad logre llevar a cabo las reformas institucionales.

Hay un milagro cotidiano que se origina en el modo de ser del dominicano, que convierte en energía creativa las distorsiones que cotidianamente lo impactan. El día que esas desnaturalizaciones sean reconducidas, habrá desarrollo.

Eduardo García Michel