Un punto de inflexión

“Soy perfectamente consciente de que existe un clamor popular por conocer, en profundidad, lo sucedido en el denominado Caso Odebrecht en nuestro país. Hay un clamor por conocer la verdad y por castigar a los culpables. (...) Por eso, solicité la conformación de una comisión independiente que investigue todos los procesos llevados a cabo en Punta Catalina y rinda un informe a los ciudadanos. Esa comisión tiene pleno acceso a toda la información disponible y a la asesoría especializada que precise, para llevar a cabo sus investigaciones, sin limitaciones. Porque estoy decidido a que el pueblo dominicano conozca toda la verdad, al detalle y más allá de toda duda. Porque este gobierno no tiene nada que ocultar.” Discurso de Rendición de Cuentas del Presidente Medina, febrero 27, 2017

Para muchos analistas, la República Dominicana se encuentra en un punto de ruptura con la tradicional actitud de tolerancia o de permisibilidad -o de complicidad- que ha permeado el ejercicio del poder político y ha ido instaurando una cultura que acepta la corrupción como parte de una fatalidad superior a la voluntad humana. De hecho, es frecuente leer o escuchar que es tan grave la corrupción pública como privada, sin establecer una apropiada causalidad entre ambas. Puede haber corrupción pública sin la privada; de la misma manera que puede darse la corrupción privada sin la pública. Sin embargo, cuando en un acto de corrupción convergen la pública y la privada, la mayor responsabilidad del acto mismo recae sobre la parte pública, que tiene la obligación constitucional de proteger el patrimonio público. El funcionario público, en consecuencia, no atenúa su responsabilidad penal por el hecho de que su contraparte sea un corruptor privado, pues el manejo apropiado de los fondos públicos no puede estar sujeto a la capacidad corruptora de actores privados.

Esto no exime a la parte privada de su grave responsabilidad moral y penal. Lo que destaca, sin embargo, la gravísima responsabilidad del funcionario público que bajo ninguna circunstancia puede escudarse en la corrupción privada para justificar la propia. Mientras tanto, se sigue partiendo de la vieja premisa que pone en manos de los acusadores la obligación de presentar las pruebas, cuando es al funcionario púbico que le compete presentar las pruebas que lo eximen de su responsabilidad penal.

Tal es el caso del financiamiento ilegal a los partidos políticos. Es un hecho establecido, comprobado y penalizado que Odebrecht financió las campañas electorales en varios países de la región. En algunos países, como en Colombia, financió al gobierno, a la oposición y -como si fuera poco- a la misma guerrilla de la Farc. La estrategia ha sido que todos queden igualados y que, por lo tanto, nadie tenga fuerza moral para reclamar sanciones, ni pueda reclamar una ventaja política.

Ahora bien, si hay un interés genuino de que todo se aclare, los partidos políticos, comenzando por el partido gobernante, deben presentar transparentemente una rendición de cuentas que identifique las fuentes de los cuantiosos recursos que utilizaron durante las campañas electorales recientes. Lo contrario -esto es, pedir pruebas- es un ardid que solo pretende cubrir de opacidad al escándalo con la esperanza de que nadie quede libre de sospechas, y se ratifique que la mejor salida para el sistema es que la impunidad se mantenga.

Pero, los tiempos han cambiado. Las revelaciones de los implicados en la trama corrupta de Odebrecht han destapado una caja de Pandora difícil de recoger; en particular, en un contexto caracterizado por un predominio de las redes sociales y una sociedad más decidida a reclamar militantemente una ruptura con la impunidad. Podría decirse que el país enfrenta, en estos momentos, una coyuntura crítica. Para Acemoglu y Robinson (Why Nations Fail, 2012) “Una vez que una coyuntura critica ocurre, las pequeñas diferencias que importan son las diferencias institucionales iniciales que ponen en movimiento respuestas muy diferentes.” En el caso dominicano, las “diferencias institucionales iniciales” están tipificadas por un generalizado irrespeto a un marco institucional redefinido en el presente siglo XXI no con el propósito de fortalecer a las instituciones sino como un “paño con pasta” para la modernidad; por eso, no es sorprendente que el país padezca de una disfuncionalidad institucional que es agravada por el ejercicio del denominado pragmatismo político.

Como todo punto crítico, el curso que seguirá la nación dominicana a partir de esta encrucijada dependerá de las respuestas que se les den a los desafíos planteados por los reclamos de una ciudadanía cada vez más consciente de sus derechos. El desastre de Brasil ha tenido su origen en la corrupción patrocinada por sus gobernantes y en el esquema de populismo económico que aplicaron como pantalla para agenciarse el apoyo de los sectores más empobrecidos que, dicho sea de paso, hoy están regresando a la pobreza por la insostenibilidad del modelo económico de Lula y Rousseff. Y, francamente, ha sido un resultado cuya anticipación hace mucho tiempo ocurrió. No fueron los reclamos de los brasileños los que produjeron el caos que hoy vive su país: el caos ha sido causado por la rampante corrupción de sus gobernantes.

El gobierno dominicano tiene en sus manos las cartas con las que se juega el futuro del país; y dado los vínculos previos con el modelo brasileño, los esfuerzos para convencer a la ciudadanía de que realmente está interesado en sancionar a los involucrados deben ir más allá de simples visitas de cortesía a la Procuraduría General de la República. La ciudadanía espera que la retórica se acompañe de acciones concretas, no selectivas... solo eso.

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Pedro Silverio Alvarez