Una investigación nada seria

Afirmo que entre Danilo Medina y Odebrecht hubo un entendimiento extrajudicial por el que ambas partes se protegieron y beneficiaron. Una prueba de ello es la investigación penal sesgada hecha por el procurador general de la República (PGR) que quedará como el más grande monumento de impunidad, ocultamiento de pruebas y encubrimiento. Examinemos algunas de las ausencias en el expediente e investigación penales de Odebrecht.

1. El PGR asumió como una verdad incontestable lo confesado por Odebrecht de que los sobornos habían sido por US$92 millones. Cualquier investigador principiante sabe que la confesión del delincuente siempre hay que tomarla como un simple dato y “con pinzas”. Que para protegerse, o a sus cómplices, nunca dice toda la verdad. Por eso, lo que correspondía era que el PGR hiciera su propia investigación de los sobornos tomando como punto de partida los US$92 millones confesados por la empresa. De esa forma procedió el Ministerio Público de Perú, Colombia y Panamá, y pudo establecer montos de sobornos mayores que los confesados.

2. El PGR investigó los sobornos aislándolos de toda la trama criminal envuelta. Una investigación seria hubiera comenzando por preguntarse ¿Qué buscaba Odebrecht obtener con los sobornos? Se trata de una interrogante elemental pues el soborno, siendo en sí mismo un delito, a su vez es un medio que, en su generalidad, tiene por fin la comisión de otros delitos. Por tanto, carece de sentido investigar el soborno sin extenderla a lo que se persigue con su comisión. La respuesta, en este caso, es fácil de establecer: Los sobornos finalmente perseguían la aprobación de obras públicas con presupuestos sobrevaluados que aseguraran a la empresa ganancias extraordinarias.

3. El PGR dejó fuera de la investigación a participantes claves en la toma de decisiones y aprobación de las obras construidas por Odebrecht de 2001 a 2014. Una investigación responsable hubiera incluido: I) a Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina; II) a Gonzalo Castillo y Rubén Bichara; III) A Vicente Bengoa, Daniel Toribio y Simón Lizardo, responsables de la aprobación en el Ministerio de Hacienda de los contratos de préstamos y sus decenas de adendas; IV) a Reinaldo Pared, Cristina Lizardo y Abel Martínez y al conjunto de legisladores de las comisiones que aprobaron los contratos de construcción y de préstamos; V) a los integrantes de los comités de licitación; VI) a los responsables de la supervisión y certificación de cada una de las obras de Odebrecht.

4. El PGR en su poco seria investigación ignoró el financiamiento ilícito de candidatos y campañas electorales, que fue uno de los medios que utilizaba Odebrecht para asegurar la aprobación de obras de su interés. Temístocles Montás admitió, en carta pública del 1 de junio de 2017, haber recibido de Odebrecht aportes para las campañas electorales del PLD de los años 2008, 2012 y 2016. Por su parte, varias organizaciones sociales denunciaron, avaladas en pruebas, 16 transferencias por un total de 4.3 millones de dólares a la campaña de Danilo Medina a través de la empresa Cine & Arte de Joao Santana y Mónica Moura.

5. Ángel Rondón es el acusado más importante de todo el expediente. Él era el intermediario entre la empresa y los sobornados. Él es una fuente principal para reforzar y ampliar las delaciones de Odebrecht. Por eso, si se hubiera buscado llegar a fondo en la investigación, el PGR hubiera privilegiado un acuerdo con Ángel Rondón y así desnudar todo el entramado de sobornos, financiamiento ilícito y sobrevaluación de obras.

6. Carece de toda lógica que el PGR, en su maltrecha investigación, dejara fuera las obras concertadas y construidas en el gobierno de Danilo Medina. Se trata de la Circunvalación de La Romana, Carretera Cibao-Sur, Circunvalación de Santiago, Bulevar Turístico del Este y Central Termoeléctrica de Punta Catalina. ¿Por qué no investigarlas si la propia empresa confesó que todas las obras construidas entre 2001 a 2014 se obtuvieron mediante el pago de sobornos? De manera particular es notorio que el PGR excluyera a Punta Catalina y que no denunciara como un acto de usurpación de funciones y de obstrucción de la Justicia el nombramiento por decreto de una comisión para investigar la licitación y adjudicación del contrato, estando ya apoderado el ministerio público de una investigación penal que incluía esta obra.

Estas ausencias en la investigación no se produjeron por ignorancia o inadvertencia. Se trata del entendimiento que hubo entre Danilo Medina y Odebrecht. Esta empresa delincuente borró, ocultó, silenció o no divulgó informaciones que comprometían a Danilo Medina y a funcionarios de su entorno cercano. Por su parte, Danilo Medina le gestionó a través del PGR, un acuerdo de impunidad que exoneró a la empresa de toda responsabilidad penal y, sobre todo, que le permitió continuar la construcción de la obra en la que hubo sobornos y la sobrevaluación más escandalosa: Punta Catalina. Alguna vez, tal vez no muy lejos en el tiempo, Danilo Medina y Jean Alain Rodríguez tendrán que responderle a este país por la comisión de estos graves hechos.

Guillermo Moreno

Guillermo Moreno es abogado y político. Presidente de Alianza País.