La Frontera Semoviente

Son pocos los estados en el mundo -como es el caso de la República Dominicana y Haití- que comparten el territorio de una pequeña isla de 76 mil km2, dividida por una porosa frontera de 388 kilómetros cuya dinámica diaria tiene múltiples lecturas. Es la vía de acceso de un incesante flujo de inmigrantes ilegales atraídos por mayores oportunidades de empleo, mejor calidad de vida y el acceso a servicios sociales, cuyo volumen ha desbordado por décadas los controles de las autoridades dominicanas, generando un problema crónico motivo de frecuentes tensiones bilaterales y de serias presiones internacionales.

Si bien los haitianos suplen la fuerza de trabajo para la zafra en la decaída industria azucarera, las principales cosechas, la ganadería y la construcción, entre otros sectores de la economía dominicana, la multiplicación de su visibilidad en las ciudades (incluyendo las esquinas de mayor tráfico), la gravitación sobre los servicios públicos de salud y educación, y la informalidad de su status legal y laboral -junto al trasfondo histórico de conflictos entre los dos pueblos y el virtual colapso del Estado haitiano- han incrementado el temor en sectores de la población dominicana respecto a un inminente "riesgo de contagio". Los últimos incidentes violentos entre grupos de haitianos y dominicanos registrados en diferentes lugares del país son signos preocupantes de confrontaciones étnicas.

La percepción de "riesgo de contagio" se ha visto reforzada por la creciente impresión de que actores claves de la comunidad internacional buscan viabilizar la dramática situación del vecino país mediante "soluciones conjuntas" con la República Dominicana, que conllevarían pérdida de soberanía efectiva y de identidad cultural, así como regresión en muchos de los indicadores de desarrollo que el país ha logrado alcanzar. Una señal que apuntaló esa creencia fue nuestra inclusión en el rango 19 de las 20 naciones más expuestas a convertirse en Estados Fallidos -conforme a un Index del 2005 publicado en junio de ese año por la revista Foreign Policy y el Fund for Peace de Washington-, compartiendo méritos en esa black list con Irak, Afganistán, Haití y Colombia (los tres primeros ocupados militarmente por fuerzas multilaterales y el otro en situación de insurgencia crónica).

Según afirmó el director de Información y Análisis de la Presidencia (DIAPE), detrás de la igualación de los dos países limítrofes se escondía "una idea nunca oficialmente planteada, como es la fusión de la isla Hispaniola". Reaccionando con presteza, el presidente Fernández rechazó tajantemente la calificación del Index y cualquier idea intervencionista, advirtiendo: "No hay soluciones conjuntas para República Dominicana y Haití. Haití es una realidad distinta a la República Dominicana". Las recientes declaraciones del humanitario ex presidente Carter a raíz de su visita al Palacio Nacional para promover un programa binacional de combate a la malaria y la filariasis, descontextualizadas o no, reavivaron este sensitivo asunto. Revelando de paso una notoria fractura de enfoque entre importantes personeros oficiales.

En otro plano de esta realidad binacional, por la frontera se mueven las exportaciones de productos de consumo básico que abastecen las necesidades de la población del país más pobre del hemisferio occidental -nuestro segundo mercado luego de Estados Unidos-, dinamizando la economía regional del Cibao y las actividades comerciales de sus comunidades. Tan relevante es este comercio que el cierre del mercado haitiano para los pollos cibaeños propinó un duro golpe a nuestra pujante industria avícola. Además, esta zona relativamente despoblada, exhibe los indicadores sociales más deprimidos de la isla, recibiendo auxilio humanitario de ONG's nacionales e internacionales y de fondos de cooperación como los de la Unión Europea, ya que Haití y República Dominicana pertenecen al grupo de países ACP. Parecería que los dolientes de esta franja empobrecida de la isla son, cada vez más, actores transnacionales, como lo revela su figuración prioritaria en las agendas y proyectos de múltiples agencias de cooperación.

Desde que la inestabilidad política se adueñó de Haití tras la salida del poder de Jean Claude Duvalier en 1986, los informes de la DEA señalan que su territorio ha devenido en una base del narcotráfico internacional con destino a los Estados Unidos en una ruta que vincula a la República Dominicana. La DEA afirma que aunque el 65% de la cocaína enviada a Estados Unidos se mueve a través del corredor Centroamérica-México, el trasiego de droga colombiana continúa activo en el Caribe vía Puerto Rico, República Dominicana y Haití, algo que sabemos con solo leer la prensa nacional. "Debido a la ausencia de la ley y al deterioro de las condiciones económicas, Haití es un creciente punto de transporte de la cocaína colombiana destinada al mercado del Este de los Estados Unidos. Los traficantes de droga haitianos, que utilizan embarcaciones marítimas para transportarla al Sur de la Florida, se han convertido en la mayor amenaza." En cambio, el informe de la DEA del 2008 resalta que en el 2007 la República Dominicana -también atrapada por este flagelo- incrementó en más de 60% los arrestos relacionados con el tráfico, mantuvo niveles consistentes de captura de drogas, cooperó en las deportaciones y extradiciones de narcos, y avanzó en su capacidad institucional, así como en la coordinación interagencial para perseguir este delito.

En el Oeste, pese a los esfuerzos para restablecer el orden público de las tropas de la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (MINUSTAH), la fragmentación y erosión de la autoridad ha facilitado la organización de bandas criminales y el funcionamiento de un mercado de armas que también afecta los niveles de seguridad de su vecino y los estándares regionales. No en balde en julio del 2005, una misión del Comando Sur, de los departamentos de Seguridad Nacional, Justicia, Estado, y de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, en coordinación con sus contrapartes dominicanas, realizó una evaluación de esta zona a fin de recomendar medidas para reforzar su control. Las autoridades dominicanas reaccionaron creando una task force para fortalecer la seguridad fronteriza: el CESFRONT.

Durante las últimas tres décadas el problema haitiano en Santo Domingo ha sido tema central de debate en sus múltiples facetas. Prácticamente todos los sectores que inciden en la agenda pública han planteado su evaluación y propuestas. Estudios académicos, seminarios, reportajes, artículos y editoriales, informes de comisiones parlamentarias y gubernamentales, cartas pastorales -junto a frecuentes reportes de organismos internacionales, grupos de derechos humanos y agencias oficiales extranjeras-, han documentado ampliamente esta problemática. Su análisis evidencia una gran dispersión de enfoques entre los actores nacionales claves y la ausencia de consensos fundamentales que sirvan de marco a políticas públicas consistentes orientadas a introducir cierto orden en un asunto de por sí sensitivo y complejo.

Más aún, cuando se contrastan los puntos de vista nacionales con los que rigen los informes internacionales, el abismo se profundiza. Los cargos que se le hacen al país desde el exterior sobre esta materia -en ocasiones válidos, otras veces fuertemente sesgados- tienden a encender los ánimos nacionalistas, propiciando reacciones que oscurecen la identificación de políticas realistas. Se percibe que los intereses legítimos dominicanos suelen ser relegados bajo premisas humanitarias a favor de la población haitiana, cuyos parámetros sus propios sustentantes no están en disposición de aplicarse a sí mismos. Máxime cuando los controles migratorios y de seguridad en Estados Unidos y Europa se han endurecido tras los atentados terroristas del 11-S, Madrid y Londres.

Al respecto conviene recordar la crisis migratoria de los llamados "boat people" en los años 90, que obligó al gobierno de George Bush (padre) a establecer un cordón naval en las costas de Haití para impedir su llegada a la Florida, ordenando devolver las embarcaciones interceptadas. Crisis que llevó al gobernador Bob Graham a solicitar la declaración del estado de emergencia en la Florida. El Presidente Bill Clinton, ante el éxodo migratorio haitiano rumbo a la Florida, habilitó campamentos para los refugiados en la base naval de Guantánamo, Cuba. En esa ocasión, el Departamento de Estado diligenció ante varios gobiernos de la región, incluyendo el de la República Dominicana, la aceptación en su territorio de contingentes de refugiados haitianos. Entre las razones de seguridad nacional que han llevado a Estados Unidos a invadir militarmente a Haití en dos ocasiones en la última década, figura la de evitar la reedición de éxodos migratorios como el de los "boat people". Sin embargo, esta lógica parece no ser válida para otros países.

En los últimos años, a medida que la situación en Haití se ha agravado, han recrudecido las presiones internacionales para que República Dominicana regularice el status de los nacionales haitianos que residen ilegalmente en el país y el de sus familiares. Un enfoque sesgado de este asunto se halla en ciertas propuestas del reporte Personas Ilegales (2002), de Human Rights Watch. Una de cuyas recomendaciones al gobierno dominicano, de adoptarse, desvirtuaría el sistema nacional de registro civil y de identidad personal: "Los funcionarios del registro civil no deben exigir a los padres de niños nacidos en la República Dominicana que presenten cédulas (de identidad) para obtener las actas de nacimiento de sus hijos."

Con ello se ignora que los mayores traumas político-electorales del país en las últimas décadas han girado en torno a la fiabilidad del registro civil y el sistema de identificación personal. Lo cual ha requerido de reformas legales e institucionales y cuantiosas inversiones para su modernización, como lo revela la informatización de las oficialías y la captura de datos biométricos para su integración a la cédula de identidad y electoral.

Continuará…

José del Castillo Pichardo