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Aplicar la ley a los choferes

El Gobierno vendió como la panacea la Ley No. 63-17 que propicia soluciones al sector transporte, pero debido a su complejidad ha sido de muy lenta ejecución, lo que no quita que donde se pueda aplicar haga honor a la fama asignada, como lo sería si se pusiera freno a la fijación antojadiza de precios en el transporte público de pasajeros y de cargas. Esa ley dispuso que el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) es el único organismo con potestad para regular las tarifas, por lo que el momento es ideal para demostrar qué vale más, si lo que ordena esa legislación, o las amenazas, coacción y chantajes de los choferes. Se puede dialogar, pero nunca negociar ni flexibilizar la aplicación de la ley.

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