El presidente Abinader, el aborto y el feminismo

Finalmente, el presidente Abinader definió públicamente su posición sobre la penalización del aborto bajo cualquier circunstancia. Y lo hizo de manera muy inteligente, al comenzar diciendo que estaba en desacuerdo con el aborto libre. Claro está que esa no era la pregunta del periódico El País, ni eso estaba en discusión.

Pero era lo políticamente correcto, en una sociedad tan conservadora como la dominicana, en que eso nunca se ha traído a la discusión pública; somos un país demasiado atrasado para llegar hasta ahí. Recién Argentina acaba de aprobarlo, para unirse al reducido grupo de sociedades más civilizadas de América Latina que lo permiten libremente: Uruguay, Cuba, Puerto Rico, Guyana y la Guayana Francesa.

Resulta sintomático que, en la introducción del reporte, El País comienza presentando a la República Dominicana como un país que, previo a la pandemia, manifestaba uno de los mayores niveles de crecimiento económico de América, pero conviviendo con enormes bolsas de pobreza y “atrasos tan lacerantes como la prohibición total del aborto”.

Así nos ven. Y eso no conviene a la imagen que deberíamos proyectar. Podríamos decir que otros países también manifiestan “atrasos tan lacerantes”, pero cuando los identificamos nos encontramos que, fuera de El Vaticano y Malta, que todavía habría que discutir si realmente son “países”, los demás son Haití, Honduras, el Salvador y Nicaragua.

Con todo el respeto que debemos prodigar a nuestros vecinos, pero ¿es con ellos con los que queremos compararnos? Porque al final, ninguno de ellos se vive jactando ante el mundo por su gran progreso. Ninguno se vive pintando como la isla del jauja, como la octava maravilla del mundo. ¿No deberíamos aspirar a otras comparaciones?

La respuesta del presidente fue también valiente. Ya sabemos que la despenalización del aborto bajo circunstancias tan justificativas como las llamadas tres causales está en el programa de gobierno del PRM, pero la historia nos enseña que no siempre lo que dice un programa coincide después con lo que dice o hace un presidente.

Y ya hemos visto recular a varios legisladores de ese partido ante las presiones del fundamentalismo religioso e ideológico. Esperamos que esa declaración se traduzca en veto si el Congreso insiste en aprobar el Código Penal sin considerar dichas circunstancias.

Tomando en consideración que los congresistas y los que lideran las élites (incluso religiosas) son hombres, no ayuda a la causa de los defensores que se presente el tema como un asunto de feminismo, como un problema de la mujer, cuando realmente se trata de un elemental derecho humano. Cualquier violación o muerte de una embarazada constituye un trauma para toda la familia, la comunidad y el país.

Porque respóndame usted, señor diputado, si a su hija la agarra un delincuente, la viola y la preña, ¿eso es un problema de ella? ¿Usted no tiene que ver con eso por ser hombre?

Dígame joven dominicano, si su madre o hermana muere por ser obligada a sobrellevar un embarazo incompatible con su condición médica, como pasó a Esperancita, ¿eso es un problema de ella? ¿Eso a usted no le afecta porque no es mujer?

Ningún arzobispo o pastor, ningún diputado o senador, juez o fiscal, tiene derecho a obligar a una mujer a parirle un hijo a un violador, y mucho menos cuando se trata de un hecho tan abominable como que quien la embarazó fue su propio padre, tío o hermano mayor. Y ninguno de ellos está en derecho de obligar a llevar a término el embarazo de un embrión inviable.

Como escribí en otro artículo publicado años atrás, “uno podría entender que una iglesia pida a sus feligreses adoptar determinados patrones de conducta, y que eso sea aceptado y seguido ciegamente por aquellos adeptos a esa religión, pero no que con sus dogmas se pretenda sojuzgar a todos los súbditos de una nación, imponiéndolos por el Estado como ley universal, incluyendo para aquellos que no estamos obligados a seguirlas por no ser parte de esa religión”.

Quien amenaza con llevar a la cárcel a una mujer (o al médico que la ayude), por abortar un feto que no va a poder parir, porque sufre una condición de salud que la llevaría a la muerte, es un criminal. Y el que la induzca a morir en un intento de aborto clandestino por no permitírsele bajo atención médica, es un feminicida como aquel que la mata a golpes o cuchilladas.

Esos sí son antivida, para usar una palabra tan del gusto de los fundamentalistas.

Isidoro Santana