En menos de un mes, las autoridades han decomisado más de 15,400 plantas de marihuana en distintos operativos realizados en las zonas montañosas de la provincia, una cifra que revela la existencia de una actividad organizada y sostenida, imposible de atribuir a la improvisación o al esfuerzo individual de unos pocos. 

La pregunta ya no es cuántas plantas se han encontrado. La verdadera interrogante es quién está detrás de ellas.

Porque sembrar miles de plantas en terrenos apartados exige financiamiento, logística, vigilancia, transporte y una estructura capaz de mantener la operación durante meses sin ser detectada. Eso no se construye con tres jornaleros ni con agricultores que apenas sobreviven del trabajo diario.

Precisamente por eso resulta acertada la reflexión del abogado de los tres hombres inicialmente detenidos y luego liberados por falta de pruebas suficientes. Su planteamiento merece atención: “Hay que investigar de quién son las matas, de quién es el terreno y quiénes son los verdaderos responsables”. Esa debería ser también la prioridad de las autoridades.

Someter judicialmente a tres obreros puede satisfacer la necesidad inmediata de presentar responsables, pero difícilmente desmontará la organización criminal que parece haberse instalado entre las montañas ocoeñas. Si la investigación se queda en los últimos eslabones de la cadena, el problema volverá a reproducirse una y otra vez.

La República Dominicana ya conoce demasiado bien las consecuencias de perseguir únicamente a los ejecutores, mientras los verdaderos financiadores permanecen en las sombras. La experiencia demuestra que, cuando no se sigue el rastro del dinero, de la propiedad de los terrenos y de quienes financian las operaciones, el negocio ilícito simplemente cambia de manos y continúa.

Ocoa merece algo mejor. Merece seguir siendo conocida por sus aguacates, fresas, café, paisajes y sus proyectos turísticos, no por convertirse en una referencia nacional del cultivo ilegal de marihuana. El prestigio de una provincia se construye durante generaciones, pero puede deteriorarse rápidamente cuando el crimen organizado encuentra espacio para operar.

Las autoridades han demostrado capacidad para localizar las plantaciones. Ahora deben demostrar la misma determinación para identificar a quiénes las financian, las protegen y obtienen las ganancias.

Porque arrancar miles de matas es un éxito operativo. Desmantelar la estructura criminal que las siembra, es la verdadera victoria que espera el país.

El texto promulgado permite considerar difamatoria la imputación pública de un hecho que afecte el honor o el buen nombre de una persona, pero no establece claramente que ese hecho debe ser falso. Tampoco exige que quien lo divulga conozca su falsedad o actúe con desprecio temerario hacia la verdad. En esas condiciones, una investigación periodística verdadera, documentada y de interés público podría originar una persecución penal simplemente porque perjudica la reputación de alguien.

Pérez propone corregir ese problema desde la definición misma del delito. Su proyecto exige que la imputación sea falsa y que haya sido difundida con conocimiento de su falsedad o con manifiesto desprecio hacia la verdad. También protege las opiniones, críticas, denuncias, investigaciones periodísticas y expresiones de interés público, reconoce la base razonable de verificación y elimina la prisión para la difamación simple. 

Las demás propuestas contienen avances, pero dejan preguntas importantes. La presentada por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, reduce la pena y añade protecciones para informaciones vinculadas con corrupción, políticas públicas y función estatal. 

Sin embargo, conserva intacta la definición que no distingue entre verdad y falsedad. La propuesta colectiva de varios diputados crea una excepción para asuntos de interés público, siempre que no se demuestre “dolo”, pero no aclara si ese dolo significa intención de publicar, intención de afectar la reputación o conocimiento de que la información era falsa. Esa imprecisión puede convertirse en otra puerta para la intimidación judicial.

La iniciativa de Pérez también necesita ajustes: debe establecer expresamente que corresponde al acusador probar la falsedad y que la verdad excluye, no sólo atenúa, la responsabilidad. Pero ofrece la base más coherente para comenzar la discusión.

Pérez depositó su proyecto sola, sin el respaldo visible de un bloque de legisladores o del Poder Ejecutivo. En los últimos meses el Congreso ha demostrado que puede ser un sello gomígrafo cuando es necesario del Poder Ejecutivo, espero que pese al poco tiempo que se tiene para la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, todas las propuestas sean tomadas en cuenta. Descartarla por falta de acompañamiento sería un error.

La capacidad de asombro ante los feminicidios se ha reducido a la atrocidad del caso más que al hecho mismo. Su constancia es tal que la palabra en sí alarma a pocos.

Un cartel en una protesta de Brasil en 2025 decía: "El feminicidio empieza en el discurso". Ahí no comienza todo, pero con el feminicidio sí acaba todo.

El llamado constante a la mujer para que elija bien, mientras se le humilla y presiona por estar sola (eligiendo bien), crea escenarios injustos que rara vez son catalogados como tal. Es hipocresía.

Hace semanas, en radio nacional, una entrevistadora cuestionó a una invitada sobre "las de más de treinta sin pareja". Primero lo llamó tendencia, luego crisis y, por último, epidemia.

Como mujer, en estos tiempos se requiere una identidad sólida y fuentes de validación sanas, muy sanas, para no "coger la cuerda".

Un feminicidio enluta familias y destapa un acordeón de consejos para las que sobreviven: aprender a elegir bien, detectar señales a tiempo, no ser estúpidas. ¿Ellos? Ellos no tienen que entregar sus armas, respetar límites, nada.

En República Dominicana, ser un inocente vivo no es suficiente para merecer justicia, cuanto menos ser un inocente muerto.

Existe un mensaje que interpreto en cada feminicidio: te voy a matar y esa será mi razón de existir. Y ese mensaje no aparece de la nada. En algunos madura. En otros se construye.

Ganan. Duele, pero ganan. Y lo hacen cada vez que perdemos una. Ganan cuando el foco de la conversación se centra exclusivamente en lo que ella hizo o dejó de hacer. Ganan cuando seguimos exigiendo a las mujeres más herramientas para sobrevivir que a los hombres para convivir.

Aquel cartel tenía razón. El feminicidio empieza en el discurso. Y si empieza en el discurso, también es ahí donde debemos comenzar a cambiarlo. Sin distinción de género ni edad.

Cuando hablamos de conflicto de interés, solemos pensar inmediatamente en corrupción. Buscamos un pago, una dádiva o la prueba de que alguien favoreció deliberadamente a una empresa. Mientras nada de eso aparezca, tendemos a concluir que no existe ningún problema.

Pero la integridad pública funciona al revés. Su finalidad es identificar anticipadamente las circunstancias que pueden comprometer la independencia de una decisión o generar una duda razonable sobre ella.

El procedimiento FITRAM-CCC-LP-2025-0001 para la Fase I del Monorriel de Santo Domingo plantea una cuestión de esta naturaleza.

1. De una iniciativa privada a dos proyectos públicos

Una primera fuente son las iniciativas privadas de alianza público-privada presentadas en 2021 y publicadas por la Dirección General de Alianzas Público-Privadas. La documentación de una de ellas identifica la participación de un consultor externo en infraestructura y transporte y de un interlocutor técnico de la propuesta privada de un monorriel para Santo Domingo.

La segunda fuente es la documentación remitida por el Ministerio de Hacienda y Economía a requerimiento del ingeniero Mariano Germán, tras la impugnación presentada ante la Dirección General de Contrataciones Públicas. Hacienda entregó, entre otros documentos, el perfil del proyecto, estudios de demanda, análisis socioeconómicos, presupuestos y evaluaciones financieras.

El análisis conjunto de ambas fuentes permite reconstruir una continuidad funcional. El consultor e interlocutor técnico de la iniciativa privada pasó posteriormente a dirigir la Oficina de Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana del Ministerio de la Presidencia. Bajo esa estructura se desarrollaron los estudios y procesos de contratación del Monorriel de Santiago. Más adelante, el mismo responsable asumió la Dirección Ejecutiva de FITRAM.

En septiembre de 2025 presidió el Comité de Compras y Contrataciones que autorizó el procedimiento del Monorriel de Santo Domingo, revisó y aprobó el proyecto de pliego y designó a los peritos evaluadores. La secuencia es clara: iniciativa privada de monorriel ? dirección pública de proyectos ? desarrollo y contratación del Monorriel de Santiago ? Dirección Ejecutiva de FITRAM ? contratación del Monorriel de Santo Domingo.

La continuidad funcional está documentada. No demuestra, por sí sola, corrupción, favorecimiento ni una actuación ilegal. La cuestión es si ese antecedente profesional fue identificado, declarado, evaluado y gestionado por la Administración.

2. El conflicto empieza antes de la corrupción

Las directrices de la OCDE sobre conflictos de interés parten precisamente de esta idea. Las organizaciones públicas deben identificar y gestionar no solo los conflictos reales, sino también los potenciales y aparentes, antes de que puedan comprometer la integridad de una decisión.

Un conflicto real supone que un interés o relación afecta efectivamente a la función pública. El potencial aparece cuando existen circunstancias que podrían comprometer posteriormente la independencia. Y la apariencia objetiva de conflicto surge cuando, aun sin demostrarse una influencia efectiva, una persona razonablemente informada podría cuestionar la imparcialidad del proceso.

No afirmo que alguna de estas categorías esté jurídicamente demostrada en el Monorriel de Santo Domingo. Una persona puede actuar honestamente y encontrarse, sin embargo, en una posición en la que sus relaciones profesionales anteriores o su participación previa en un proyecto generen dudas razonables sobre su independencia posterior.

El sistema de integridad no debe limitarse a juzgar intenciones; debe proteger las decisiones públicas. La pregunta es qué hizo la Administración para acreditar la independencia respecto de la iniciativa privada anterior y de la solución tecnológica que aquella promovía.

3. De Santiago a Santo Domingo: el modelo se repite

El precedente de Santiago adquiere especial relevancia porque Santo Domingo reproduce una estructura contractual semejante. En Santiago se contrataron primero el proyecto y la obra civil y, posteriormente, el sistema electromecánico y el material rodante. Cuando llegó el segundo paquete, la infraestructura había definido ya buena parte de las condiciones tecnológicas del sistema.

Dividir un proyecto ferroviario en paquetes no constituye una mala práctica. El problema aparece cuando el primero condiciona técnicamente el segundo. La geometría del viaducto, los radios de curva, las pendientes, las estaciones, las cargas estructurales y las interfaces pueden reducir el número de soluciones y proveedores compatibles.

Es lo que denomino encapsulación tecnológica: una contratación inicial adopta decisiones que restringen la competencia en las contrataciones posteriores. El primer paquete puede terminar definiendo una parte sustancial del segundo antes de que este llegue al mercado.

El Monorriel de Santo Domingo avanza mediante un esquema semejante. Se contratan inicialmente la ingeniería de detalle, las obras de infraestructura y sistemas conexos, mientras componentes tecnológicos esenciales quedan fuera de esta licitación. La pregunta no es solo si habrá una segunda contratación, sino cuánta competencia real quedará cuando se convoque.

La selección tecnológica merece un análisis específico que abordaré en próximos artículos. Entre los documentos entregados por Hacienda figuran análisis de alternativas y matrices multicriterio. Examinaré los criterios utilizados, sus ponderaciones y las valoraciones asignadas a cada tecnología. Una matriz puede parecer sofisticada y conducir a resultados muy distintos según cuánto pese cada criterio y cómo se puntúe cada alternativa.

4. La integridad también está en el diseño del contrato

El posible conflicto de interés no debe analizarse únicamente desde las relaciones profesionales anteriores. También importa cómo se estructura el proyecto. Cuando quien participó técnicamente en una iniciativa privada pasa a dirigir proyectos públicos similares, la Administración debe acreditar su independencia y la neutralidad competitiva de las decisiones adoptadas.

La iniciativa privada de 2021 generó conocimiento sobre el corredor, la demanda, las alternativas tecnológicas y la estructuración del proyecto. FITRAM debería explicar qué información fue posteriormente utilizada y si el contenido material relevante estuvo disponible para los interesados en condiciones equivalentes.

También debería explicar por qué el esquema contractual utilizado en Santiago vuelve a reproducirse en Santo Domingo y qué medidas se adoptaron para evitar que la primera contratación condicione los futuros suministros tecnológicos. La cuestión no es si dividir contratos es legal, sino si la fragmentación preserva una competencia efectiva.

Cuando coinciden continuidad funcional, continuidad tecnológica y repetición de un modelo contractual capaz de condicionar futuras adquisiciones, el estándar de transparencia debe ser mayor. No porque exista corrupción demostrada, sino porque la integridad debe gestionarse antes.

5. El silencio documental no gestiona conflictos

La experiencia me ha enseñado que los riesgos de un proyecto no desaparecen porque nadie los mencione. En ingeniería, financiación o contratación los identificamos, evaluamos y mitigamos. La integridad pública debería seguir una secuencia igualmente sencilla: identificar ? declarar ? evaluar ? mitigar ? documentar.

En una situación como esta cabría esperar una declaración de relaciones profesionales anteriores, una evaluación del posible conflicto, una decisión sobre una eventual abstención o mecanismos de separación funcional y revisión independiente. El Reglamento de aplicación de la Ley 340-06 contempla la declaración de conflicto de interés y la sustitución temporal de miembros del Comité de Compras cuando concurra esta circunstancia.

La documentación disponible acredita que las especificaciones técnicas fueron elaboradas por un equipo distinto. Pero también que el responsable cuya continuidad funcional se analiza presidió el Comité que autorizó el procedimiento, aprobó el proyecto de pliego y designó a los peritos evaluadores.

La conclusión debe ser prudente: no consta en los documentos disponibles una evaluación específica y documentada del posible conflicto de interés derivado de esta continuidad funcional. Esto no permite afirmar que nunca haya existido, pero tampoco elimina la pregunta.

Si FITRAM dispone de declaraciones, evaluaciones, decisiones sobre abstención o mecanismos de separación funcional, debe aportarlos. También debería explicar cómo gestionó el riesgo de que el primer paquete condicionara las futuras contrataciones tecnológicas. El silencio documental no es una política de gestión de conflictos de interés.

6. Cada uno es hijo de sus obras

Cervantes pone en boca de don Quijote una expresión especialmente pertinente: «cada uno es hijo de sus obras». En la Administración pública ocurre algo parecido. No se trata de especular sobre intenciones, sino de examinar actuaciones y los documentos que permiten reconstruirlas.

FITRAM debe explicar si conocía formalmente la participación profesional anterior, si fue declarada y si evaluó el posible conflicto. También debe aclarar qué información de la iniciativa privada de 2021 utilizó posteriormente y cómo preservó la competencia en la estructuración tecnológica del proyecto.

Pero la cuestión ya no depende únicamente de FITRAM. La impugnación presentada por el ingeniero Mariano Germán ha situado el procedimiento ante la Dirección General de Contrataciones Públicas. Corresponde ahora a la DGCP examinar las garantías de imparcialidad, igualdad de trato y competencia.

Carlos Pimentel no es responsable de la continuidad funcional descrita ni del diseño inicial de estos proyectos. Su responsabilidad es otra: dirige el órgano rector que debe determinar si FITRAM identificó y gestionó adecuadamente estos riesgos y si su acumulación afecta a la integridad del procedimiento.

La DGCP debe decidir si puede validar una contratación de esta magnitud sin esclarecer la relación entre la iniciativa privada de 2021, la posterior dirección pública de los monorrieles de Santiago y Santo Domingo y un esquema contractual capaz de condicionar desde la obra civil los futuros suministros tecnológicos.

Porque el conflicto de interés no empieza cuando se demuestra la corrupción, ni la falta de competencia cuando se adjudica el segundo contrato. Ambos riesgos pueden haber comenzado mucho antes: cuando las decisiones del primero dejaron demasiado poco por decidir en el segundo.

¿Se acabaron las balas? ¿Aprendieron los uniformados a tratar a la población? ¿Una orden detuvo los llamados “intercambios de disparos”? No sabemos. Lo que sí esperamos es que el exceso del uso de la fuerza letal por parte de los agentes policiales se controle.

Durante años predominó una visión que reducía su trayectoria a los capítulos más oscuros de la represión política y las restricciones democráticas. Esa lectura sigue siendo indispensable para comprender una época y para honrar a sus víctimas. Pero el juicio histórico rara vez permanece inmóvil.

Las generaciones que sucedieron a Balaguer prometieron una política más transparente, instituciones más sólidas y una democracia de mayor calidad. Los avances existen, pero también abundan los desencantos: corrupción persistente, clientelismo, deterioro institucional y una gestión pública que muchas veces ha quedado por debajo de las expectativas.

Ese contraste ha provocado una revisión inevitable. No convierte a Balaguer en un gobernante ejemplar ni absuelve las responsabilidades de su régimen. Simplemente obliga a reconocer que la historia rara vez admite retratos en blanco y negro. Como suele ocurrir, el tiempo atenúa las simplificaciones. Quienes vinieron después no resultaron tan buenos como prometían, ni Balaguer fue tan malo como algunos insistían en retratarlo.

Hoy, 30 años después, con 72 años de edad, Leonel Fernández se mantiene activo y en la lucha por llegar nuevamente al Palacio Nacional, ahora con la ventaja de la experiencia como uno de sus principales activos para volver a dirigir el país.

La política parece experimentar importantes cambios a nivel mundial, pero la edad no constituye un escollo para algunos líderes. Tal es el caso de Joe Biden y Donald Trump, el más reciente y el actual gobernante de los Estados Unidos, respectivamente, ambos con más de 75 años. Biden llegó a la Presidencia con una amplia trayectoria tras desempeñarse durante 36 años como senador, ocho años como vicepresidente y cuatro años como presidente, mientras que Trump contaba únicamente con un período presidencial.

En muchos casos, la experiencia, más que representar una desventaja, se convierte en el elemento que brinda mayor confianza y garantía al electorado al momento de votar, pues los ciudadanos buscan dirigentes capaces de asegurar la estabilidad política, económica y, sobre todo, social, condición indispensable para el desarrollo.

El expresidente Leonel Fernández tiene como carta de presentación haber impulsado la modernización de las instituciones públicas, llevando muchos procesos del papel y las máquinas de escribir a la era de la informática. También inició la transformación del transporte masivo y la modernización de la infraestructura vial de la República Dominicana, además de promover la Constitución de 2010, considerada por muchos como una de las más amplias de la historia dominicana.

Tres períodos de gobierno y doce años como presidente constituyen la carta de presentación del exmandatario, quien, según todo parece indicar, busca regresar al poder. Para sus seguidores, ese retorno representaría una reivindicación política; para sus adversarios, respondería a la necesidad de mantenerse en el poder.

La República Dominicana parece encaminarse hacia una nueva etapa de transformación institucional y, sobre todo, hacia un análisis profundo de las finanzas públicas que permita alcanzar un mayor equilibrio entre los ingresos y el gasto del Estado, con el propósito de redefinir el país que se quiere construir.

Si bien es cierto que con la llegada de Luis Abinader al poder se produjo un relevo en el liderazgo político y se convirtió en el primer presidente nacido después de la Guerra de Abril de 1965, abriendo espacios a nuevas generaciones dentro de su partido, no es menos cierto que cada aspirante deberá convencer a la sociedad dominicana de por qué merece dirigir el país y por qué su organización debe continuar al frente del Estado.

En el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), por su parte, parece producirse una especie de renacer. Algunas de las figuras que aspiran a la nominación presidencial utilizan como principales argumentos que "saben gobernar" o que "con el PLD se vivía mejor", apelando a los logros alcanzados durante sus años de gestión pública.

Leonel Fernández, sin embargo, presenta como principal fortaleza su experiencia, la cual hoy combina con el liderazgo emergente que representa su hijo, Omar Fernández, quien cada vez tiene mayor presencia en las actividades públicas junto a su padre y se proyecta como una de las principales figuras de la Fuerza del Pueblo.

Si bien existen aires de relevo generacional, el expresidente Fernández sobresale por su experiencia al frente de la administración pública y, especialmente, por el manejo de crisis como la bancaria de 2003-2004 y la crisis financiera internacional de 2008, episodios que sus seguidores consideran le otorgan la capacidad necesaria para enfrentar situaciones futuras.

Leonel tendrá que demostrar que posee la capacidad de reinventarse y el compromiso de dejar un verdadero legado a la República Dominicana. Como político y gobernante, su trayectoria ya ha sido puesta a prueba; sin embargo, su mayor desafío será conectar con las nuevas generaciones y ofrecer respuestas convincentes a sus inquietudes, aspiraciones y demandas.

La exsenadora tampoco ayuda siempre a su causa. Tiene la desafortunada inclinación de responder algunas preguntas con un tono que parece sugerir que cuestionarla equivale a no entender el problema.  Otra cosa es convertirla en la responsable exclusiva de una reforma policial que lleva años atrapada entre inercias, resistencias y una autonomía institucional mucho mayor de la que admite el organigrama oficial. La dependencia de la Policía respecto del Ministerio de Interior y Policía existe en el papel; en la práctica, la institución conserva amplios márgenes de decisión y una cultura propia, poco permeable a los cambios.

Quienes conocen a Faride difícilmente la identificarían con una doctrina de “darle pa’ abajo”. Esa no ha sido su trayectoria ni su discurso.

Administremos las culpas con la misma prudencia con que deberían administrarse las armas. Dejemos respirar a la ministra. Ya habrá tiempo de volver a juzgarla cuando llegue —ojalá no llegue— el próximo “intercambio de disparos”. Si la reforma sigue avanzando al paso actual, ese examen, lamentablemente, no tardará demasiado.

El Estado comienza a existir para una persona el día que necesita un servicio público. Ese es el momento en que la Constitución deja de ser un texto y se convierte en una experiencia. Cuando una madre busca atención médica para su hijo, cuando un agricultor solicita un permiso, cuando un estudiante aspira a una beca, cuando un adulto mayor necesita orientación o cuando una familia reclama justicia, la pregunta no es cuántas instituciones existen, sino si alguna de ellas responde con eficiencia, respeto y sentido humano.

Por eso, el verdadero rostro del Estado no son sus edificios. Son las personas que representan sus instituciones. Cada servidor público es, para el ciudadano, la Constitución hecha acción. En cada respuesta, en cada trámite, en cada llamada telefónica, en cada orientación y en cada decisión administrativa, el Estado comunica qué tan comprometido está con la dignidad humana.

Nuestra Constitución coloca a la persona en el centro del orden jurídico. No es una afirmación simbólica; es una decisión política y ética. Significa que las instituciones existen para servir a la gente y no para que la gente se adapte a las instituciones. Cuando este principio se olvida, la burocracia desplaza al ciudadano, los procedimientos sustituyen al propósito y el cumplimiento formal termina imponiéndose sobre la justicia material.

Con demasiada frecuencia hemos normalizado frases que nunca debieron formar parte de la cultura pública: “vuelva mañana”, “ese no es mi departamento”, “eso siempre ha sido así”, “aquí no podemos hacer nada”. Cada una de esas respuestas erosiona la confianza en el Estado. No porque todo problema pueda resolverse de inmediato, sino porque el ciudadano espera, al menos, ser escuchado con respeto, orientado con claridad y tratado con dignidad.

Respetar al ciudadano no significa decir siempre que sí. Significa explicar con transparencia, decidir conforme a la ley, actuar sin discriminación y reconocer que detrás de cada expediente existe una persona con expectativas, preocupaciones y derechos. La buena administración pública no consiste únicamente en aplicar normas; consiste en aplicarlas con humanidad.

Cuando una institución responde de manera oportuna, evita que un problema administrativo se convierta en un conflicto social. Cuando escucha antes de decidir, fortalece la legitimidad de sus actuaciones. Cuando informa con claridad, reduce la desconfianza. Cuando actúa con imparcialidad, fortalece el Estado de derecho. Y cuando reconoce sus errores y los corrige, demuestra que la autoridad también puede ejercerse con humildad.

El respeto al ciudadano también exige un cambio de cultura. Durante décadas se ha pensado que el ciudadano debe agradecer cualquier servicio que recibe del Estado. En realidad, ocurre exactamente lo contrario: el servicio público no es un favor. Es el cumplimiento de una obligación constitucional. Los impuestos que paga la sociedad sostienen las instituciones para que estas garanticen derechos, protejan libertades y promuevan el bienestar general. Comprender esta realidad transforma la relación entre el Estado y la ciudadanía: desaparece la lógica del privilegio y emerge la lógica del derecho.

Sin embargo, esta relación también implica responsabilidades compartidas. Un ciudadano respetado debe ser igualmente un ciudadano responsable. Respetar las normas de convivencia, cuidar los bienes públicos, cumplir con las obligaciones legales, rechazar la corrupción y participar de manera constructiva en la vida democrática son expresiones de una ciudadanía madura. La democracia florece cuando el respeto circula en ambas direcciones.

Las sociedades que han logrado instituciones sólidas no lo hicieron únicamente mediante reformas legales. Lo consiguieron construyendo una cultura del servicio. Comprendieron que la confianza pública es un activo estratégico. Cada respuesta eficiente fortalece esa confianza; cada abuso la debilita. Cada acto de transparencia la multiplica; cada privilegio indebido la erosiona. Cada servidor que comprende el valor de su misión acerca al Estado a la ciudadanía.

En la República Dominicana tenemos la oportunidad de seguir avanzando hacia una administración pública cada vez más cercana, más eficiente y más humana. Ese camino no depende solamente de nuevas tecnologías, mejores edificios o mayores presupuestos, aunque todos ellos sean importantes. Depende, sobre todo, de entender que la calidad institucional comienza en la relación cotidiana entre el Estado y las personas.

Un Estado moderno no es aquel que acumula más competencias. Es aquel que resuelve mejor. No es el que produce más normas. Es el que logra que esas normas mejoren la vida de la gente. No es el que exige más obediencia. Es el que inspira más confianza. La fortaleza institucional no se demuestra por la distancia que separa al poder de la ciudadanía, sino por la capacidad de ese poder para servir con eficiencia, integridad y respeto.

Cada generación tiene la responsabilidad de fortalecer las instituciones que recibe. No basta con heredarlas; hay que mejorarlas. No basta con exigirles resultados; también debemos contribuir a que funcionen mejor mediante una ciudadanía activa, informada y comprometida con el bien común. La calidad de nuestras instituciones terminará siendo el reflejo de la calidad de nuestra cultura cívica.

Cuando un ciudadano sale de una institución sintiéndose escuchado, orientado y respetado, la democracia ha dado un paso adelante. Cuando sale frustrado, ignorado o humillado, todos retrocedemos un poco. La diferencia entre ambos escenarios no es únicamente administrativa; es profundamente constitucional.

El Estado que funciona comienza mucho antes de las grandes reformas. Comienza cuando cada institución comprende que su mayor patrimonio no es el presupuesto que administra, sino la confianza que inspira. Y esa confianza empieza con un gesto tan sencillo como trascendental: respetar al ciudadano.

Porque cuando el Estado respeta a las personas, las personas comienzan también a respetar al Estado. Y en ese encuentro nace la institucionalidad que sostiene una democracia fuerte, una ciudadanía responsable y un verdadero bien común.

Vamos por lo que nos une.

¿En qué parte de la Constitución de la República o que ley establece el derecho a un ciudadano, de publicar en sus redes sociales, historias inventadas, falacias, calumnias, acusaciones, calificativos y sentencias personales disfrazadas de “opiniones“ sobre otras personas, empresas, asociaciones, instituciones, organizaciones sin fines de lucro, sin ningún tipo de regulación o sanción?

Aquí se ha hecho costumbre que cualquier persona que tenga la oportunidad de prender la cámara y el micrófono de su celular, sobre la base del derecho a expresarse libremente, pueda tener el libertinaje de opinar su percepción, y sin ninguna prueba, como si fuera juez o jueza, sentenciar y publicar que otra persona es ladrona, bandida, infiel, prostituta, asesina, corrupta, y cuantos insultos le venga en gana, sin ninguna prueba, de manera irresponsable y lo que es peor, a veces desde cuentas falsas y sin querer asumir ningún tipo de responsabilidad y pretendiendo no tener ningún tipo de consecuencias.

Y cuando se habla de regulación y establecer algún tipo de control y supervisión, entonces empiezan una campaña de chantaje y extorsión, para desacreditar la acción de las autoridades de querer poner un poco de orden al desorden existente.

El gobierno y el congreso parecen ceder a la extorsión y al chantaje disfrazada de presión mediática. Escogen interlocutores a quienes pretenden legitimar, confundiendo vistas, me gusta y supuesta popularidad, con una falsa representación de mayorías, alimentando a la criatura, como lo hiciera el científico italiano, en la obra de “Frankenstein o el moderno Prometeo“ de la escritora británica Mary Shelley.

La Constitución establece el derecho de libre tránsito para las personas, ahora bien, para poder manejar un vehículo en el que podamos desplazarnos, necesitamos tener una licencia de conducir, que emite el INTRANT, y nos preguntamos: ¿acaso tener licencia para conducir vehículo y ejercer derecho a desplazarnos, nos da el derecho a cruzar un semáforo en rojo, o a subirnos en las aceras de los peatones, o a entrar en vía contraria por una calle o avenida, sin ningún tipo de consecuencias?

Lo más risible de todo este show y espectáculo de mal gusto, es que mientras los que levantan la bandera contra el gobierno, el congreso y las autoridades, haciendo acusaciones de “ley mordaza“ son los mismos actores que cuando se pelean entre ellos, se mandan a reportar sus cuentas en redes sociales, con acusaciones falsas e infundadas, para que se las suspendan. ¿Y a eso, como se le pudiera llamar, mordaza o bozal?

Ojalá las autoridades y todos los ciudadanos recordemos y tengamos presente, aquella frase de Albert Einstein que reza: “Lo que es correcto no siempre es popular y lo que es popular no siempre es correcto“.

En nuestro país hay temas candentes: queman ante el más leve contacto. Y se convierten en ríspidos en la medida en que más se acerca el torneo electoral del 2028, pues las pasiones se ahondan y las ambiciones se desbordan.

En el ámbito económico existen temas que están calientes (en la mente de los ciudadanos). Por ejemplo, el bajo tono en que late la economía; la tortuosa adecuación de indicadores relevantes, tales como, pero no únicamente, las tasas de interés; la insuficiente competitividad de la economía; la reforma fiscal hecha en forma acelerada y sorpresiva sin solucionar los problemas graves que afectan las finanzas públicas; la erosión progresiva del monto de la inversión pública; la insuficiente atención al campo, desprovisto de quienes “le escriban” y de políticas que le den apoyo efectivo.

Proyectos tan relevantes como el de la reforma laboral se acometen con visión nublada para no ver lo esencial, y se pretende imponerla para complacer intereses que hacen daño a la estructura económica, en vez de acometerla teniendo en la mira dar un salto histórico en el umbral de desarrollo del país.

El proceso de desnacionalización continúa su marcha al parecer indetenible. Se tocan los pétalos externos (deportaciones intermitentes con retornos recurrentes), pero se dejan intactas las raíces conectadas con fuertes intereses económicos. Son estos los que amamantan un mercado laboral informal sin protección social plagado de inmigrantes ilegales que sustituyen el trabajo de dominicanos, apartados por la fuerza de los hechos de actividades agropecuarias, construcción y algunos servicios.    

En otros ámbitos existen preocupaciones de índole parecida, verbigracia las relativas a la preservación de la libertad de expresión en contraposición al derecho a no ser difamado, o las restricciones a publicar encuestas sobre simpatías de eventuales candidatos e informarse de sus resultados.

O se contempla con estupefacción y rabia las colas kilométricas de vehículos atrapados por los tapones que se forman en las arterias de Santo Domingo, sin solución a la vista (a la par que en las calles perviven los eternos conchos y moto conchos). Y la circulación caótica de vehículos pesados en las carreteras del país en violación de las leyes de tránsito, sin que nadie se interese por imponer soluciones, educar o penalizar comportamientos inapropiados.

Y, ¿qué decir de los ruidos causados por bocinas estridentes colocadas en vehículos, colmados o en cualquier lugar que les apetezca a los contertulios, casi siempre asiduos consumidores de productos estimulantes, que hacen caso omiso del derecho de la gente a vivir en tranquilidad, sin ruidos ni escándalos, protegidos en ocasiones por las mismas autoridades llamadas a suprimir esos excesos.

O la demora en la solución de conflictos de propiedad en los tribunales del país, cuyas sentencias llegan cuando ya el tiempo acaecido las convierte en nada, pues no hay peor injusticia que la que se comete cuando se duermen los expedientes en las gavetas judiciales.

Pero lo que más pesa es la sensación de que el principio de autoridad se ha degradado. Los “chivos sin ley” campan a su antojo y no se adoptan decisiones necesarias si por asomo tocan engranajes del rosario de exigencias de quienes en nombre del populismo defienden intereses que chocan con el progreso de la nación.

El pasado fin de semana, compartiendo con unos amigos entrañables, llegamos a la conclusión de que el país demanda, por encima de cualquier otra consideración, el cumplimiento de la ley y el mantenimiento del orden.

Urge poner orden (función primaria de los Estados) y que cada funcionario, desde los más encumbrados hasta los más bajos cumplan con las responsabilidades puestas a su cargo.

No es el presidente de la República quien debe resolverlo todo. Son los funcionarios los llamados a cumplir a rajatabla con sus obligaciones y, de lo contrario, salir de las funciones que ocupan.

Quedan menos de dos años para las elecciones del 2028. Al primer mandatario de la nación le vendría muy bien terminar su mandato dejando un legado: ley y orden. Y acelerando la realización de las obras en proceso.

Los “me gusta” de las redes y los sondeos de opinión no deberían desviarlo de su misión más trascendente: dejar al país en mejores condiciones de cuando lo recibió. Resolver los problemas, no amamantarlos ni dejarlos a mediatinta. Su cita es con la historia, no con estructuras ni apetencias partidarias.

Como segundas partes nunca fueron buenas, la manifestación en la Plaza de la Bandera, el jueves,  fue un estruendoso fracaso. Hay porfiados que dicen que no, que igual de poco concurridos fueron los primeros mítines anteriores al 2020. Quizás faltan más pica-pollos y más boronas económicas.

La reflexión nace del fútbol, pero sirve para mirar con más justicia a sectores productivos que también viven bajo examen permanente. La minería formal es uno de ellos: tampoco aparece por azar, ni nace de una ocurrencia, de una concesión aislada o de una maquinaria puesta sobre la tierra sin más. Antes de producir, debe atravesar estudios geológicos, levantamientos técnicos, evaluaciones ambientales, tramitación de permisos, financiamiento, ingeniería, auditorías, estándares de seguridad, controles públicos, exigencias comunitarias y vigilancia reputacional. También es una criba brutal.

Y, sin embargo, muchas veces el debate público no mira esa trayectoria. Mira el error. Mira el conflicto. Mira la sospecha. Mira la foto parcial. Mira el pase fallado.

Por supuesto que la minería debe ser exigida. Precisamente porque administra recursos naturales, transforma territorios, convive con comunidades y genera impactos que deben ser prevenidos, mitigados, compensados y fiscalizados. La minería responsable no puede pedir confianza sin rendición de cuentas, ni estabilidad sin transparencia, ni reconocimiento sin estándares verificables.

Pero una cosa es exigir con rigor y otra muy distinta es juzgar sin distinguir.

No toda actividad que remueve tierra es minería formal, ni toda extracción representa lo mismo. No toda operación cumple los mismos estándares, y no todo conflicto o señalamiento debe convertir a una industria completa en culpable.

Ahí está uno de los desafíos más importantes para la República Dominicana: aprender a diferenciar entre la minería formal, regulada, auditada, fiscalizada y sometida al escrutinio público, y aquellas prácticas extractivas que operan en la informalidad, sin controles, sin trazabilidad, sin obligaciones ambientales claras y sin responsabilidad institucional.

Cuando un país pierde esa distinción, termina castigando al que cumple y dejando espacio al que actúa al margen de las reglas.

La confianza, como la excelencia deportiva, no se improvisa: se entrena, se construye, se pierde, se recupera y se sostiene. Requiere consistencia, no solo discursos; instituciones que fiscalicen, empresas que respondan, comunidades que participen, autoridades que decidan y una sociedad capaz de evaluar con seriedad.

La minería formal dominicana ha vivido durante años bajo esa mirada. Cada permiso, cada estudio, cada monitoreo, cada inversión, cada exportación, cada empleo, cada pago fiscal, cada tensión social y cada proceso ambiental forman parte de una evaluación continua. No es una actividad invisible. Es, quizás, una de las más observadas del país.

Por eso el debate minero necesita menos reacciones automáticas y más discernimiento; menos condenas generales y más preguntas precisas; menos simplificación y más institucionalidad.

Esas preguntas precisas son las que un país que está en crecimiento debe hacerse: dónde se está cumpliendo y dónde debe mejorar, qué corresponde a la ley y qué a los reglamentos, cómo se fortalece la fiscalización y se garantiza la participación comunitaria, cómo se diferencia la minería responsable de la informalidad destructiva, y cómo se convierte la riqueza del subsuelo en desarrollo visible sobre la superficie.

La minería no debe pedir indulgencia, sino reglas claras, evaluación objetiva y trato justo: eso se gana con hechos, con evidencia y con capacidad de corregir, no con comunicados ni campañas.

Pero también el país debe aceptar algo: ningún sector estratégico puede ser evaluado únicamente por su peor momento, por su mayor conflicto o por el prejuicio más cómodo.

Un jugador de élite puede fallar un penalti y seguir siendo de élite. Una industria responsable puede enfrentar tensiones, errores, retrasos o cuestionamientos, y seguir siendo necesaria, productiva y capaz de mejorar. La madurez está en no confundir el episodio con la esencia, ni el ruido con la trayectoria.

La minería formal ha pasado, y sigue pasando, por una criba brutal: técnica, ambiental, financiera, comunitaria, regulatoria y reputacional. Esa criba debe hacerse más exigente, no más arbitraria; más transparente, no más ideológica; más institucional, no más emocional.

Porque al final, la confianza también necesita justicia.

Y conviene no olvidarlo.

La escena cambió desde que llegó al Palacio Nacional. Cada 12 de julio se inaugura una peculiar competencia en las redes sociales: ¿quién felicita primero al Presidente? Funcionarios, legisladores, directores y hasta quienes rara vez publican algo se apresuran a redactar un mensaje cargado de elogios, acompañado, por supuesto, de una fotografía junto al mandatario. 

La imagen parece ser tan importante como el texto.

Los veteranos periodistas de Palacio recuerdan otra época. Entonces había que cubrir interminables filas de funcionarios, dirigentes y simpatizantes que acudían personalmente a estrechar la mano del cumpleañero presidencial. Lo mismo ocurría en los saludos de Año Nuevo.

Las filas desaparecieron, pero solo del pasillo. Hoy se forman en X, Instagram y Facebook. Cambió el escenario, no la costumbre. La tecnología modernizó la forma de decir presente, pero el viejo reflejo cortesano sigue intacto: que se vea la felicitación, que quede constancia del saludo y, sobre todo, evitar que alguien piense que uno se enfrió... o que se calentó.

En este espacio hemos profundizado en dos ideas clave: la inclusión no es suficiente; necesitamos ciudadanía financiera, y la digitalización es el principal puente para lograrlo. Hay una tercera: un marco regulatorio capaz de evolucionar al ritmo del cambio. A eso le llamamos regulación ágil. 

No sugiere regular menos ni renunciar a la prudencia. Tampoco regular en exceso. Implica fortalecer la capacidad institucional para responder oportunamente. Es un cambio de enfoque: pasar de reglas rígidas para mantener entornos estables a marcos flexibles frente a la incertidumbre tecnológica. En este modelo, la regulación deja de ser solo normativa: se convierte en una herramienta dinámica de aprendizaje. 

Para su aplicación, son indispensables cuatro capacidades: la primera es escuchar. La innovación nace en el mercado. Por ello, los espacios de diálogo entre reguladores, entidades financieras, emprendedores fintech y usuarios son vitales para anticipar tendencias y riesgos. 

La segunda es experimentar. No toda innovación demanda respuestas definitivas. Habilitar pilotos controlados permite recopilar evidencia y ajustar gradualmente. 

En tercer lugar, y muy de la mano con el punto anterior, regular con proporcionalidad, diferenciar riesgos y ajustar supervisión según impacto permite un espacio seguro para innovar. 

Por último, el aprendizaje continuo, con tecnologías como IA, esquemas de finanzas abiertas o identidad digital, adaptarse rápido es la mayor ventaja institucional. 

Regulación ágil tampoco significa abandonar los estándares internacionales; al contrario, facilita su adopción ordenada y sostenible. Así lo demuestra la evolución normativa hacia los principios de Basilea III, orientados a fortalecer la resiliencia de las entidades financieras mediante mayores niveles y calidad de capital, una gestión más robusta de los riesgos, mejores estándares de liquidez y una mayor capacidad para enfrentar escenarios de estrés. Alcanzar estos objetivos requiere una transición gradual, sustentada en análisis técnicos, evaluaciones de impacto y diálogo permanente con la industria; precisamente las capacidades que caracterizan a una regulación ágil.  

¿Dónde estamos hoy?  

República Dominicana avanza firmemente en la aplicación de este enfoque: onboarding digital, cuentas básicas, HUB de Innovación Financiera, modelos novedosos y pilotos regulatorios, innovación supervisora y transición a supervisión basada en riesgos son claros ejemplos. Todo esto acompañado por el refuerzo gradual de marcos de riesgo y adopción progresiva de Basilea III, lo que consolida una mayor resiliencia y confianza en el sistema financiero. 

La regulación ágil también tiene un propósito humano: que las personas se beneficien de la innovación de manera segura. Cada vez que alguien abre una cuenta desde el móvil, una microempresa accede a financiamiento o un usuario reclama por canales digitales, estamos viendo su impacto. Innovar sin perder estabilidad, adaptarse sin sacrificar prudencia, ese es el verdadero reto regulatorio. 

Si la ciudadanía financiera es el destino y la digitalización el puente, la regulación ágil es la estructura que garantiza que ese puente sea seguro y sostenible. Porque en un mundo que cambia con velocidad, la mayor fortaleza de un regulador no es predecir el futuro, sino adaptarse a él. 

En la mina de Los Romeros les dobló el pulso un movimiento con flojos argumentos del que se conocían financiadores y motivaciones. Y para supuestamente satisfacer las demandas del pueblo, el Presidente olvidó garantías jurídicas, inversiones realizadas y los intereses del país. Nada importó, sin advertir que en ese momento revelaba una peligrosa vulnerabilidad.

Una debilidad que ya se observa en el distrito municipal del Aguacate, donde se determinó que se levantaría una planta de manejo de residuos sólidos. No fue una decisión caprichosa, sino producto de años de estudios que establecieron la viabilidad técnica, logística y medioambiental de esta ubicación; y no será un botadero de basura al aire libre, sino una planta moderna y eficiente con los más altos estándares que existen hoy en esa industria, para clasificar y manejar los millones de toneladas de residuos sólidos que generan el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. Una instalación que además resulta indispensable para iniciar el cierre técnico y la reparación medioambiental del Vertedero de Duquesa, probablemente el mayor pasivo ambiental de este tipo en toda la región. 

Para este proyecto el gobierno invitó capitales a participar en una alianza público privada, se realizaron planes de manejo, estudios de impacto y vistas públicas con la comunidad, a quienes se les escuchó y se aceptaron parte de sus exigencias y reclamos. Y cuando se completaron todos los requisitos se otorgaron los permisos.

Confiando en las autoridades los promotores invirtieron plata. Sin embargo un grupo de comunitarios de la zona se opone a la instalación de la planta bajo el argumento falaz de que se trata de un vertedero, pero además aduciendo la presencia de acuíferos que no sustenta ningún estudio medioambiental y solo existen en sus consignas. 

Después de marchas, protestas y bandidajes violentos, montaron un campamento en la entrada de los terrenos donde estará la planta, negando el accesos a ejecutivos y empleados de la empresa. Y los policías allí apostados, en lugar de retirarlos y restaurar el orden, lo que hacen es sumarse a la ilegal disposición de impedir la entrada a esos predios a sus legítimos propietarios. 

Y como ante una autoridad cobarde no valen derechos adquiridos ni acciones judiciales, todo indica que así como San Juan no podrá explotar las riquezas de su subsuelo, el Gran Santo Domingo se quedará sin solución al problema del manejo de los residuos sólidos; y en un par de años, cuando colapse Duquesa, la basura terminará de inundarnos y enfermarnos. 

El próximo capítulo va camino de producirse en la Autovía del Ámbar, a la que se oponen comunitarios con los mismos métodos y mentiras que en Los Romeros y en El Aguacate.

Locos tendrían que estar los empresarios del consorcio al que adjudicaron la obra para atreverse a invertir dinero, contando con garantías de un gobierno vacilante y temeroso, que ante el menor ruido no dudará en dejarlos enganchados y con una amarga sensación de impotencia. 

Abrir las puertas del Palacio a quienes medran en el espacio digital plantea una pregunta tan incómoda como inevitable. ¿Con qué criterio se les reconoce como interlocutores del Estado? Una cosa es aceptar que las redes sociales han transformado la comunicación política; otra, muy distinta, conferir legitimidad institucional a quienes han construido su audiencia sobre la vulgaridad o la provocación calculada.

No patrocino excluir voces. La democracia se fortalece precisamente escuchando a quienes discrepan. El problema aparece cuando el poder deja de distinguir entre el crítico y el pendenciero, entre quien aporta argumentos y quien solo acumula clics alimentando la degradación del debate público.

Las instituciones también comunican con sus gestos. Cada reunión presidencial envía un mensaje inequívoco: estas son voces que el Estado considera dignas de reconocimiento. Ese sello de respetabilidad tiene un valor político que ningún algoritmo puede medir.

La popularidad jamás ha sido un certificado de autoridad moral. Si así fuera, el griterío siempre derrotaría a la razón. Gobernar exige un criterio más exigente que el de las métricas de una plataforma digital.

Abinader haría bien en recordar que los interlocutores de un presidente no solo hablan con él; terminan hablando en nombre de una parte del país. Elegirlos mal supone otorgar prestigio inmerecido a quienes han hecho de la estridencia un negocio y de la confrontación un modelo de influencia.

Quien alimenta cuervos no debería sorprenderse cuando, al final, le saquen los ojos.

La mejor ley sobre libertad de prensa es la que no existe, decimos, y eso es cierto. Hay caminos y leyes para defenderse de la difamación, la mentira y la injuria sin necesidad de poner cortapisas, supuestas o ciertas, al derecho a expresarse.

La gran paradoja de estos días es que después de años de hablar de que los medios de comunicación “tradicionales” han sido desbordados por los “alternativos”, asistimos a la sustitución de los políticos por agitadores que ellos mismos engordaron.

Si usted va a Palacio a “cambiar” leyes… ya no es tan alternativo como le gustaría. En realidad es una pieza más del sistema y acaba de ser aceptado y engullido por él. Los legisladores le agradecen las sugerencias y aprueban sus sugerencias entre otras cosas porque van a seguir a lo suyo y les da bastante igual lo que se diga de ellos.  Si es el nuevo mejor amigo de la embajada de Estados Unidos… trabaja para el Imperio. Nada que objetar, cuidado. Otros trabajan para China o Vietnam y consiguen cargos. Cada uno defiende lo que quiere y dice lo que le place. Y estando totalmente en contra de cualquier tipo de censura, hay que admitir que se siente cierto alivio cuando algunos acaban ante la Justicia por mentir, difamar y extorsionar.

Los jóvenes políticos, los llamados a tomar el relevo deberían estar más preocupados que los periodistas de verdad por lo que se vislumbra. No es el periodismo el que se tambalea…

Las estadísticas indican que, en lo que va de año, 147 personas han fallecido en acciones policiales, 22 más que en igual período del año pasado.

Sin embargo, esa dolorosa realidad no significa que la reforma policial impulsada por el Gobierno haya fracasado. Por el contrario, tragedias como la muerte de Mercado Reyes confirman por qué esa transformación sigue siendo indispensable. Todos quisiéramos que avanzara con mayor rapidez, pero también entendemos que constituye una de las mayores esperanzas para construir una Policía profesional, respetuosa de la ley y de la dignidad de cada ciudadano.

La reforma enfrenta dos desafíos distintos: transformar la organización policial y transformar la cultura policial. En lo primero se han registrado avances importantes; en lo segundo radica todavía la tarea más difícil.

Hoy la institución cuenta con mejores normas, procesos más modernos y programas de formación más completos. Pero el verdadero reto consiste en modificar la conducta cotidiana de los más de 40,000 agentes que interactúan diariamente con la población.

No es una tarea sencilla. Requiere tiempo, perseverancia y una voluntad política sostenida. Reformar una policía significa, sobre todo, transformar personas: enseñar nuevos métodos de actuación y fortalecer el autocontrol, la paciencia, la tolerancia y el respeto absoluto por los derechos humanos.

América Latina ofrece numerosas experiencias. Han sido muchos los intentos de reforma policial, pero pocos han alcanzado resultados plenamente satisfactorios.

Colombia, después de los años más violentos del narcotráfico, modernizó su Policía mediante el uso de tecnología, fortaleció la investigación criminal, incorporó formación universitaria para sus oficiales y estableció sistemas de evaluación del desempeño. Aun así, las protestas sociales de 2021 obligaron a introducir nuevas reformas.

Uruguay y Costa Rica también son citados como referentes. Este último ha privilegiado un modelo basado en la prevención del delito y la cercanía con las comunidades.

La revisión de estudios de organismos especializados conduce a una conclusión clara: ninguna reforma policial en la región ha sido perfecta. Todas han enfrentado críticas, retrocesos y nuevas demandas sociales. Pero también demuestran que es posible construir instituciones más confiables cuando existe continuidad en las políticas públicas.

Los especialistas coinciden en que el éxito no depende únicamente de comprar vehículos, cámaras corporales o equipos modernos. Descansa, sobre todo, en una selección rigurosa del personal, capacitación permanente, ascensos por méritos, salarios dignos, supervisión efectiva, sanciones contra la corrupción y mecanismos reales de rendición de cuentas.

La República Dominicana ha comenzado a recorrer ese camino. Los avances en formación, modernización tecnológica, revisión de protocolos y mejores condiciones laborales son pasos importantes, aunque todavía insuficientes para dar por concluido un proceso que apenas comienza. Ninguna reforma policial seria se consolida en dos o tres años.

La verdadera prueba será mantener este esfuerzo más allá de los períodos de gobierno y convertirlo en una auténtica política de Estado.

Porque el éxito de una reforma policial no se mide únicamente por la reducción de los delitos ni por la cantidad de patrullas en las calles. Se mide por la confianza que inspira en la ciudadanía. El día en que un padre vea a un policía acercarse a su hijo y sienta tranquilidad, no miedo; el día en que el uniforme vuelva a simbolizar autoridad legítima y no amenaza, podremos decir que la reforma dejó de ser un decreto para convertirse en una realidad. Ese es el país que esperamos los dominicanos, y esa es una deuda que el Estado no puede darse el lujo de seguir postergando.

Douglass North, Premio Nobel de Economía, sostenía que el desarrollo depende de instituciones capaces de reducir los costos de transacción y generar certidumbre para la inversión. Aunque la infraestructura no constituye una institución en el sentido estricto que planteaba North, sí es uno de los principales activos que permiten a las instituciones funcionar eficientemente.

Vista desde esta óptica, la Autopista del Ámbar deja de ser una simple obra de ingeniería para convertirse en un activo de productividad nacional. No se trata únicamente de construir una vía entre Santiago y Puerto Plata. La obra significa integración de economías complementarias que hoy funcionan por debajo de su potencial, debido al costo que impone la distancia efectiva. Y la distancia se mide en tiempo más que en kilómetros.

La experiencia dominicana ya ofrece una evidencia difícil de ignorar: la Autovía del Coral. Cuando fue inaugurada en 2012, muchos la analizaron únicamente como una carretera turística. Catorce años después resulta evidente que fue mucho más que eso. La conexión rápida entre Santo Domingo y Punta Cana modificó profundamente la dinámica territorial del país.

Verón multiplicó aproximadamente cinco veces su población, el parque habitacional prácticamente se duplicó, la superficie urbanizada se expandió aceleradamente de alrededor de 9 a 28 kilómetros cuadrados y la capacidad hotelera superó las cincuenta mil habitaciones, incorporando más de veinte mil nuevas habitaciones durante ese período. La inversión privada encontró condiciones para desarrollarse porque el Estado había reducido uno de sus principales costos: la conectividad. Sin proponérselo, la vía terminó integrando tres aeropuertos internacionales a lo largo de su corredor económico. No fue casualidad. Fue consecuencia. Eso es exactamente lo que hoy puede ocurrir entre Santiago y Puerto Plata.

El Gran Santiago —que incluye Santiago, Moca y La Vega como parte de una misma dinámica económica regional— constituye uno de los principales centros industriales, comerciales, universitarios, de salud y empresariales de la República Dominicana. Puerto Plata representa uno de los polos turísticos más importantes del Caribe, con un extraordinario crecimiento del turismo de cruceros, una sólida oferta hotelera, más de 25 mil habitaciones de corta estadía y un importante potencial inmobiliario aún en expansión. Además, ofrece a toda la región del Cibao su principal acceso estratégico al océano Atlántico.

Con una población que supera el millón de habitantes y cerca de 100 mil estudiantes universitarios, Santiago concentra una masa crítica de talento que alimenta uno de los ecosistemas productivos más dinámicos del país. Allí operan 16,858 empresas formales que generan más de 263 mil empleos, incluyendo 431 empresas exportadoras, equivalentes al 84 % de todas las exportadoras de la región Norte. El Aeropuerto Internacional del Cibao moviliza ya más de un millón de pasajeros al año, aproximadamente la mitad de ellos extranjeros no residentes, fortaleciendo su conexión con los principales mercados internacionales.

Ambas economías poseen fortalezas distintas, pero permanecen parcialmente desconectadas. Paradójicamente, el recorrido entre Santo Domingo y Punta Cana, separados por aproximadamente 200 kilómetros —una distancia similar a la existente entre Santo Domingo y Puerto Plata— requiere cerca de una hora menos de viaje. La diferencia no es geográfica. Es infraestructura.

Más allá del costo: el retorno económico

Con frecuencia el debate público se concentra en cuánto cuesta construir una carretera. Esa es una pregunta necesaria, pero insuficiente. La verdadera interrogante es cuánto cuesta no construirla.

Los estudios de evaluación económica utilizados por organismos multilaterales valoran este tipo de proyectos considerando beneficios que trascienden el peaje o el ahorro en combustible. Incorporan la reducción del tiempo de viaje, la disminución de accidentes, el aumento de la productividad, la generación de nuevas inversiones, la valorización del suelo, la creación de empleos y las externalidades positivas derivadas de una mayor integración territorial.

En economías pequeñas y abiertas como la dominicana, donde el turismo, las exportaciones y la logística representan motores esenciales del crecimiento, la conectividad adquiere un valor estratégico. Cada minuto ganado en movilidad reduce costos de transacción, mejora la competitividad y amplía el mercado efectivo para empresas y trabajadores. Por ello, la discusión sobre la Autopista del Ámbar no debería limitarse a su presupuesto de construcción. Debería centrarse en su capacidad para incrementar la productividad del país durante las próximas décadas y transformar la geografía económica del norte dominicano.

La evidencia empírica internacional respalda ampliamente esta visión. En su influyente estudio Is Public Expenditure Productive?, David Aschauer demostró que la inversión en infraestructura pública constituye un determinante significativo de la productividad del sector privado, al reducir costos, elevar la eficiencia y estimular la inversión. Décadas después, numerosos estudios del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo han confirmado que los proyectos de transporte generan sus mayores retornos cuando integran mercados previamente fragmentados, facilitan economías de aglomeración y amplían el tamaño efectivo de los mercados laborales y de consumo. La infraestructura, por tanto, no solo crea capacidad de movilidad; es un impulsor del crecimiento.

Desde esa perspectiva, la Autopista del Ámbar es una inversión estratégica con capacidad de expandir la frontera productiva de la República Dominicana. Su verdadero rendimiento no debe medirse únicamente por el flujo de vehículos o por la recaudación de peajes, sino por la inversión privada que atraerá, las empresas que surgirán, los empleos que facilitará, el incremento del valor económico del territorio y la productividad adicional que generará durante las próximas décadas.

La infraestructura no cambia el destino de una nación por sí sola, pero difícilmente una nación logra cambiar su destino sin infraestructura. Y, en ocasiones, una sola carretera basta para cambiar la historia económica de toda una región.

Durante décadas, la legislación dominicana reconoció que quien divulga un hecho verdadero y de interés público no debe ser castigado penalmente por ello. La supresión de ese principio dejaba expuesta la investigación periodística a un riesgo evidente: que la amenaza de una condena por difamación terminara convirtiéndose en un instrumento para desalentar denuncias sobre corrupción, abuso de poder o mala administración.

Al excluir del ámbito penal las informaciones sustentadas en pruebas o precedidas de una verificación razonable, la modificación devuelve al ordenamiento un equilibrio que nunca debió perderse. No concede inmunidad al periodista irresponsable ni protege la mentira; protege la búsqueda diligente de la verdad y el debate sobre asuntos que conciernen a toda la sociedad.

Una democracia necesita funcionarios honestos, jueces independientes y también una prensa libre para investigar sin temor. La exceptio veritatis es una salvaguarda del interés público, porque allí donde la verdad puede probarse, el silencio jamás debería imponerse por la vía del derecho penal.

Sargent y Neil Wallace (Penn State) desarrollaron la idea de que la disciplina fiscal constituye una condición indispensable para que el banco central controle la inflación. Si el valor presente de los superávits primarios futuros es inferior al monto de la deuda pública, los agentes racionales prevén que, tarde o temprano, dicha deuda se pagará mediante emisión monetaria, evento incompatible con el control de la inflación. Por ello, los bancos centrales deben comprometerse con firmeza a no financiar al gobierno, ya sea directa o subrepticiamente. Con el fin de asegurar la credibilidad de ese compromiso y de facilitar a la población el acceso a información fidedigna, se requiere que exista por parte de las autoridades una política de máxima transparencia de sus actuaciones.

Kevin Warsh, presidente de la Reserva Federal (Fed), está dispuesto a implementar un proceso de reforma de la institución que dirige con el propósito de reforzar su credibilidad y capacidad de situar la inflación en la meta del 2 %. Para llevar a cabo ese cambio estructural, el pasado 9 de julio anunció los nombres de los coordinadores de los cinco grupos de trabajo encargados de conducir la reforma del banco central estadounidense.

El primer grupo se centrará en comunicaciones. Los responsables son: Mervyn King, exgobernador del Banco de Inglaterra; Peter Fisher, exfuncionario de la Fed de Nueva York y profesor de Economía en la Universidad de Washington; y Arminio Fraga, exgobernador del Banco Central de Brasil. Su misión consiste en promover una comunicación del banco central que, en un entorno caracterizado por la elevada volatilidad, sea independiente, transparente y creíble, de modo que contribuya al anclaje de las expectativas. En particular, King, experto en la incertidumbre radical, sostiene que la imposibilidad de predecir con exactitud convierte la orientación futura (“forward guidance”) basada en el gráfico de puntos (“dot plot”) en una promesa difícil de sostener, pues “la inflación no se mantendrá baja solo porque el banco central diga que así será.” La credibilidad se gana con acciones monetarias verificables y consistentes con la meta de inflación que se desprendan de una función de reacción conocida, no con medidas de política arbitrarias, inesperadas y zigzagueantes, acompañadas de una narrativa incoherente que intente manipular las expectativas mediante el anuncio de predicciones difíciles de justificar.

Los profesores Raghuram Rajan (Universidad de Chicago), Jeremy Stein y Karen Dynan (Universidad de Harvard), estarán a cargo de examinar los costos, beneficios e implicaciones institucionales del balance general de la Fed. Rajan, exgobernador del Banco de la Reserva de la India, ha criticado con dureza la política de flexibilización monetaria aplicada en diversas ocasiones desde 2008, porque ha creado una excesiva vulnerabilidad y dependencia del sistema financiero de esa liquidez. Dicha política ha colocado en 3.1 billones de dólares el nivel de reservas bancarias depositadas en la Fed y ha elevado el grado exposición de la banca al riesgo de liquidez de los depósitos de los agentes económicos. El objetivo del grupo de trabajo es el diseño de un marco analítico riguroso que permita la reducción del voluminoso balance de la Fed, sin provocar estrés de liquidez que lleve al colapso del valor de mercado de los títulos del Tesoro y desencadene una severa crisis financiera.

La mejora de la calidad y disponibilidad de los datos sobre la economía utilizados por la Fed en la toma de decisiones recaerá sobre los profesores Raj Chetty (Harvard), Kevin Murphy (Chicago), y Doug McMillon (expresidente de Walmart). Chetty, creador de un sistema de seguimiento de datos de consumo, ingresos y empleo del sector privado, contribuirá a que se incorporen nuevas tecnologías que permitan comprender con rapidez lo que sucede en la economía mediante el uso de datos de alta frecuencia, como los generados por empresas como Walmart. Se espera que Murphy aporte metodologías rigurosas de análisis desagregados, idóneas para capturar la heterogeneidad del mercado laboral y de los precios.

El análisis del impacto económico de la inteligencia artificial (IA) —sobre la innovación, la productividad y el empleo—, que se incorporará en el proceso de toma de decisiones de política monetaria, lo llevará a cabo el profesor Chad Jones (Stanford), vinculado en la actualidad a Anthropic. El grupo contará también con Asha Sharma, la CEO de Xbox/Microsoft Gaming, y con Marc Andreessen, promotor de la economía de mercado y experto en la influencia de la tecnología sobre la productividad.

Con el fin de analizar el marco de política que la Fed utiliza para entender y responder a los factores que impulsan la variación de los precios, se seleccionó a los profesores Thomas Sargent (NYU), Greg Mankiw (Harvard) y a William White, ex funcionario del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés). Con este quinto y último grupo se completa un cuadro coherente: Sargent aporta el marco de credibilidad y régimen fiscal-monetario; Mankiw incorpora rigor macroeconómico y un amplio conocimiento sobre reglas y comunicación; y White aporta la experiencia de haber advertido, con mucho tiempo de anticipación a la crisis de 2008, que ignorar los ciclos financieros y de crédito —y solo concentrarse en el objetivo de inflación— constituye un error que puede desembocar en una severa crisis económica.  

En síntesis, la composición de cada grupo de trabajo sugiere que el objetivo de Warsh es la adopción de medidas destinadas a fortalecer la credibilidad institucional de la Fed, condición indispensable para anclar las expectativas de inflación de forma rápida y duradera.

Durante décadas, el sistema eléctrico ha representado una pesada carga para las finanzas nacionales y un factor limitante para la competitividad económica y el bienestar social.

Diversos organismos multilaterales, como la Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, han señalado reiteradamente la necesidad de profundizar las reformas institucionales y regulatorias del sector eléctrico dominicanoo, debido al elevado nivel de subsidios, las pérdidas operativas y los desafíos de sostenibilidad financiera que persisten desde hace décadas.

El Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) ha experimentado una expansión considerable durante los últimos años. Al cierre de 2025, la capacidad nominal instalada del país se aproximó a los 6,000 megavatios (MW), sustentada principalmente en generación térmica a gas natural y carbón, complementada por una creciente participación de fuentes renovables como la energía solar, eólica e hidroeléctrica.

La composición aproximada de la capacidad instalada nacional presenta la siguiente estructura:

Dentro de la generación basada en carbón destaca la Central Termoeléctrica Punta Catalina, propiedad del Estado dominicano, integrada por dos unidades que aportan conjuntamente 720 MW y que desde 2019 constituyen uno de los principales pilares de la generación de carga base del país.

Asimismo, durante 2026 entró en operación comercial la central de ciclo combinado Manzanillo Power Land, ubicada en Pepillo Salcedo, provincia Monte Cristi, aportando alrededor de 414 MW netos alimentados con gas natural. Esta incorporación fortalece la estrategia nacional de transición hacia combustibles menos contaminantes y consolida la región noroeste como un nuevo polo energético nacional.

La red eléctrica constituye probablemente la infraestructura más grande y compleja administrada por el Estado dominicano. Su funcionamiento eficiente resulta indispensable para sostener el crecimiento económico, la actividad empresarial, el desarrollo industrial y la calidad de vida de los hogares. La demanda energética nacional continúa creciendo a una tasa promedio anual superior al crecimiento poblacional, impulsada por el aumento de la actividad económica, la urbanización y la expansión del parque industrial y comercial.

La historia moderna del sistema eléctrico dominicano comenzó en 1896 con la instalación de la primera planta generadora en Santo Domingo. Posteriormente, en 1955, fue creada la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE), que operó durante décadas como monopolio estatal hasta el proceso de capitalización desarrollado entre 1997 y 2001, mediante el cual el sector fue reorganizado en actividades separadas de generación, transmisión y distribución.

Actualmente, la política energética nacional se orienta hacia la expansión de la generación basada en gas natural y energías renovables. De hecho, las fuentes renovables no convencionales, particularmente la solar y la eólica, ya aportan aproximadamente una cuarta parte de la capacidad instalada nacional y continúan aumentando su participación gracias a nuevas inversiones privadas y a incentivos regulatorios.

Uno de los aspectos más favorables del sistema corresponde a la transmisión eléctrica. Las pérdidas técnicas de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) se mantienen alrededor de 1.5 %, un indicador comparable con los estándares internacionales más eficientes. Sin embargo, el principal problema estructural continúa concentrándose en el área de distribución.

Las empresas distribuidoras estatales registran pérdidas totales que rondan el 35 % al 40 % de la energía servida, producto de pérdidas técnicas, fraude eléctrico, conexiones ilegales, insuficiencias de facturación y deficiencias administrativas. Estas pérdidas representan para el Estado dominicano un costo fiscal anual cercano a los dos mil millones de dólares, constituyendo una de las principales fuentes de presión sobre las finanzas públicas.

Este panorama impone importantes restricciones a la inversión pública. Los recursos destinados a subsidiar el sistema eléctrico limitan la capacidad del Estado para financiar áreas estratégicas como educación, salud, infraestructura, innovación tecnológica y protección social.

La gestión moderna de la demanda eléctrica constituye otro de los grandes desafíos del sector. Los sistemas eléctricos deben garantizar una capacidad suficiente para satisfacer la demanda máxima o demanda pico, que suele producirse durante las horas de mayor actividad económica y consumo residencial.

Cuando la capacidad de generación o la estabilidad de las redes resultan insuficientes, aumentan los riesgos de interrupciones y apagones, con consecuencias económicas y sociales significativas.

Tradicionalmente, la generación destinada a cubrir la demanda pico ha dependido de combustibles fósiles con elevados niveles de emisiones de carbono.

Sin embargo, la tendencia mundial apunta hacia una combinación más equilibrada entre gas natural, hidroelectricidad, almacenamiento mediante baterías y energías renovables, apoyadas por redes inteligentes y sistemas avanzados de gestión de la demanda.

La reconfiguración del sistema energético dominicano exige, por tanto, una estrategia integral basada en cinco pilares fundamentales: expansión de la generación eficiente, fortalecimiento de la transmisión, reducción drástica de las pérdidas en distribución, aceleración de la transición energética y modernización institucional.

Solo mediante estas transformaciones será posible garantizar un suministro eléctrico confiable, sostenible y competitivo, capaz de respaldar el crecimiento económico y elevar la calidad de vida de la población dominicana durante las próximas décadas.

-Sí…no me atrevía a decírtelo. No sé qué me sucedió. No quería…pero no pude y luego…

En manos hundió el rostro, mientras sus ojos las humedecían, el religioso cuyas obras le habían ganado tanto respeto y admiración desde que regresara de Cuba.

Su ahora palidecido rostro bondadoso experimentó entonces una abrupta metamorfosis, enrojeciendo y mostrando una cólera que parecía desconocerlo. Su inquebrantable firmeza de carácter y temperamento resoluto, con las que había emprendido tantas obras filantrópicas, tomaron control

-Esto que ahora me dices, y me enteré con don Luciano, cuando le llevaba un abonado de la lotería, llena de vergüenza a nuestra familia y mi sacerdocio, María. Vamos ahora mismo a dar solución a este grave error y enfrentar lo que venga.

De inmediato, logró a confesión obligada tener las señas donde podía localizar la causa de la ocultada vergüenza y despojándose de sus hábitos, conminó a su “Rossy” como cariñosamente la llamaba, en recordación de la madre de ambos, a visitar al prelado a quien había servido, increpándolo acremente e iniciando allí mismo un alejamiento que duraría toda la vida.

Sus diarias visitas, al hospital que había refundado, a los comerciantes y habitantes de algún recurso y medios del Santo Domingo de esa mitad del siglo XIX, a quienes les insistía para comprar números de su lotería cuyos proventos destinaba a los pobres y su provisión de alimentos al sanatorio de perturbados mentales fueron ese día interrumpidas al dirigirse con la también hija de sus padres a las orillas del Ozama y ser cruzados en yola hasta Pajarito, hoy conocido como Villa Duarte.

Allí, entre preguntas y señas, finalmente llegaron a la pequeña vivienda hecha de tablas y guano y no respondiendo nadie, la rodearon para encontrar detrás un tendedero con sábanas, camisas, y piezas colgadas advirtiendo entre las telas al sol, en el fondo, una señora que con energía estrujaba ropas en una batea y rápidamente las colocaba en una segunda, para enjuagarlas.

Con temor, Rossy se resistía a acercarse, mientras el sacerdote la alentaba, tomando su brazo para adelantarla. Tras descorrer la última sábana para abrirse paso, en el suelo, desnudo, tropezaron sorprendidos con el objeto de su búsqueda, sentado y probando las lavazas que caían de las bateas.

Contemplándolo María -Rossy- congeló su paso y vista prorrumpiendo en llanto, mientras el hermano, tras mirarlo bien, procedió a levantar y limpiar, sacándose la propia camisa, a un niño que no alcanzaba seis meses y entregarlo a su madre. Cerrando los ojos, al recibirlo, lo sostuvo y apretó fuerte, sin pronunciar palabra ni atreverse a encontrar sus ojos con los del clérigo.

Tras breves palabras con la lavandera, que meses atrás recibiera el bebé por encargo, regresaron, criatura envuelta en humilde paño, al modesto embarcadero y una vez del otro lado, el sacerdote rehusó abordar un coche de los varios que se encontraban esperando cruzantes, para hacer caminar en medio de calles a la vista de todos, a la hermana y el hijo cuyo embarazo había disimulado, denunciando a todos la deshonra y a la vez reparando valientemente el error, por temor cometido.

No se hicieron esperar las comidillas que señalaban como autor y seductor a connotado prelado, reconocido por sus excelsas aptitudes en la oratoria y roles protagónicos en los asuntos públicos, como por su irredenta afición a las faldas y zayas, a quien se le atribuían vástagos resultantes de sus profanas aficiones.  

En tanto, con el tiempo María reparó con creces su honor ante el ultraje no consentido, convirtiéndose en notable maestra precursora del aprendizaje y lo hoy conocido como pensamiento crítico y fundadora del colegio más prestigioso de Santo Domingo.

Por su parte, el casto y devoto benefactor de pobres, enfermos y orates, prosiguió su maravillosa obra, prescindiendo de cualquier apoyo y alejándose por siempre de la sotana perpetradora de la infamia, a partir de aquel día en que rescató la dignidad de la familia.  

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Fue Director del Colegio San Luis Gonzaga durante 26 años. Prestó servicios en varias parroquias de diferentes localidades del país y en 1867 fue Vicario General de la Arquidiócesis de Santo Domingo.

En 1869 funda la Casa de Beneficencia donde mantenía personas desvalidas, y crea varios periódicos entre los cuales se cuentan “La Crónica” y “El amigo de los niños”. Establece además una Biblioteca Popular para favorecer a las personas de escasos recursos. Dedicado a la caridad y a la enseñanza, no dudó en pedir ayuda a los gobiernos para destinarla a los necesitados.

En 1880 solicitó al Poder Ejecutivo, presidido en ese momento por el doctor Fernando Arturo Meriño y Ramírez, el edificio del Hospital San Andrés para dedicarlo a sus obras de beneficencia. Hoy día es un moderno hospital que lleva su nombre.

Entre sus actividades se recuerda la fundación de la Lotería de la Junta de la Caridad cuyos beneficios eran destinados al bien social. A la hora de su muerte el 9 de marzo de 1896 pidió “Átenme, las manos y los pies… Acuéstenme para reposar así, con toda humildad.”

No hizo referencia a calles ni a números.

Habló de almas.

De un pueblo cibaeño, devoto y trabajador, que cargaba un contrasentido en el pecho: florecía entre café y cacao, se enaltecía con esfuerzo propio, pero su té no tenía casa digna.

Alix, el inmenso poeta popular, lo dijo sin rodeos: “Es una pena que un cantón que bien florece y tanto se enaltece no tenga un templo bueno y adecuado”.

Porque si la tierra da frutos en abundancia, la Iglesia está llamada a tener una casa hermosa donde alabar al Divino Creador.

Consciente de que la décima es más que verso.

Es llamado.

Es una especie de sermón criollo.

Juan Antonio Alix sintió y valoró la religiosidad profunda de los juananúñenses y su compromiso, al tiempo que los comprometió a quemar el rancho existente para transformarlo en un auténtico, hermoso y espacioso templo católico en el epicentro del parque de recreación, allí donde hoy Juan Pablo Duarte da nombre y sombra.

Con fe del pueblo, recordó que el Dios del Altar siempre devuelve con más lo que real y efectivamente aportamos.

Por eso, no era limosna lo que pedía.

Exigió a viva voz inversión celestial.

Hoy, cuando se camina el parque central de Salcedo y se levanta la vista al templo mayor, se entiende que Alix no sólo produjo décimas.

Diseñó planos de incalculable valor.

Con rima, sagacidad y amor por su gente, puso la primera piedra.

Porque hay versos que no se recitan.

Se construyen.

Como muestra de su talento y agudeza, a continuación, observemos algunos de los pies de décimas de la autoría del poeta de origen mocano, en torno a la realidad referida en esta entrega.

Señores, por el presente se ve que, en esta región, aumenta la población de manera sorprendente.

Y una Iglesia más decente espaciosa y más bonita, Juan Núñez necesita para que honre lo mejor, a Dios, nuestro Redentor, y a este pueblo progresista.

Y además ya causa pena que un lugar que bien florece, y que tanto se enaltece no tenga una iglesia buena.

De tristeza mucha llena que tan bonito poblado no tenga un templo adecuado a su bella posición, más siendo una población que bastante ha progresado.

Y al tener preponderancia este pueblo en el Cibao, por su café y cacao que cosecha en abundancia, Iglesia debe tener; y por eso es menester que la que hay en construcción, se vea ya su conclusión, sin más tiempo que perder.

Nadie diga que yo dí y por eso no doy más, porque siempre para atrás, ha de ir quien diga así.

Para Dios digan que sí cuando les suelen pedir, porque deben advertir, que en esta vida tremenda, dueño de vida y hacienda Dios lo es, no hay que decir.

Y también que por honor o ya sea por dignidad, deba esta localidad tener un templo mejor.

¡El que tiene, causa horror! Porque es un rancho apurado, con un foco soberano, ¡que dizque se llama coro!

¿Y no es acaso un desdoro, para tan bello poblado?

¡Por Dios, no más irrisión! y no se hagan esperar, porque eso es profanar nuestra Santa Religión.

Quemen ese ya ese ranchón que dizque se llama Iglesia, que el pueblo que a Dios aprecia no lo sopla en una choza; pues no indica otra cosa sino que a Dios se desprecia.

Con que, a la carga, señores, y apurar esos trabajos, antes que Dios cuatro ajos, les eche con mil amores.

Este pueblo está de flores con su excesivo adelanto, y ese Dios que tanto y tanto por siempre lo ha bendecido, ya quiere ver concluido su templo divino y santo.

Venía de recorrer una Asia que parecía contener varios siglos al mismo tiempo. Había visto la pobreza extrema de la India, una miseria tan absoluta que desafiaba cualquier capacidad de asombro; el rigor, el orden y la sofisticación tecnológica del Japón; la vitalidad mercantil del Hong Kong aún británico; la serenidad de Sri Lanka y el formidable impulso industrial de Corea del Sur y Taiwán.

Pero ninguna visión me impresionó tanto como la de China. Desde Hong Kong podía verse, detrás de las alambradas de la frontera, un país que apenas comenzaba a despertar del largo letargo impuesto por Mao y de los estragos de la Revolución Cultural. A un lado prosperaba uno de los puertos más dinámicos del capitalismo; al otro permanecía una nación inmensa, hermética, disciplinada hasta el extremo, donde el futuro parecía aguardar pacientemente su hora. Nadie imaginaba entonces lo que ese futuro contendría.

Con ese equipaje de contrastes llegué a California. LAX era todavía un aeropuerto con escala humana, distante del monstruo que es hoy. Los Ángeles representaba otra forma de modernidad. No tenía la disciplina japonesa ni la densidad histórica de Asia. Era el triunfo de la amplitud, del automóvil, de la industria del entretenimiento y de una confianza casi ilimitada en el porvenir.

El impacto de la modernidad

A primera vista desconcertaba. Se diferenciaba del perfil compacto de Nueva York y de la solemnidad de Washington que ya conocía. Era una ciudad horizontal e interminable, donde los barrios parecían emancipados unos de otros y cada comunidad defendía su propia identidad. Hollywood, Beverly Hills, Santa Mónica, Pasadena, Long Beach, Burbank o Anaheim eran casi ciudades independientes enlazadas por una gigantesca telaraña de freeways por las que millones de automóviles fluían desde el amanecer hasta bien entrada la noche.

Allí las distancias no se medían en kilómetros, sino en minutos —o en horas— de tráfico. Casi nadie caminaba. Todo invitaba a conducir. Bajo el sol perpetuo convivían mansiones imposibles y barrios modestos, playas de postal y extensiones interminables de asfalto.

Hollywood Boulevard seguía siendo un santuario. El Paseo de la Fama reunía estrellas que para cualquier extranjero eran nombres casi mitológicos. Frente al Teatro Chino, turistas de todos los idiomas comparaban el tamaño de sus manos con las huellas de Clark Gable, Marilyn Monroe o John Wayne, mientras el inmenso letrero blanco sobre las colinas recordaba que aquella ciudad había aprendido a convertir un simple nombre en una marca universal.

No muy lejos, los estudios de Universal permitían recorrer los escenarios donde se fabricaban películas y series, y Disneyland seguía siendo el parque temático por excelencia. California entendía antes que nadie que el ocio podía exportarse con la misma eficacia que un automóvil o un avión.

Aquella América todavía olía a John Wayne y al polvo de los westerns, pero comenzaba a cambiar de piel. El país acababa de enamorarse de Rocky Balboa, un boxeador desconocido que representaba menos el triunfo del héroe invencible que la dignidad de quien se niega a rendirse. Rocky había estrenado a fines de 1976 y en marzo de 1977 acababa de conquistar el Óscar a Mejor Película. Era el momento exacto en que el viejo Hollywood cedía el testigo a una generación distinta, y yo había llegado justo cuando una época entregaba el protagonismo a la siguiente sin que nadie lo anunciara.

De ahí seguí a Las Vegas, en autobús, partiendo de Los Ángeles cuando el sol comenzaba a ponerse pero aún alumbraba las arenas del desierto. Durante horas, el Mojave desfiló en tonos ocre y malva por las ventanillas, una vastedad calma y severa que parecía negar cualquier posibilidad de ciudad. El silencio del desierto tiene una cualidad particular al atardecer: no es ausencia de ruido sino presencia de algo anterior al ruido, algo que existía antes de que los hombres llegaran a nombrarlo.

Entonces, antes de verla, se intuía: un resplandor bajo en el horizonte, como una brasa en el suelo del desierto. Luego apareció entera, de golpe, encendida contra el ocaso, un océano de luces parpadeantes derramado sobre la llanura, absurdo y magnífico a la vez. Un espejismo hecho neón. La estampa de otro mundo.

Las Vegas de la ilusión inagotable

Era todavía Las Vegas de la mafia en retirada, del Rat Pack como memoria reciente, de hoteles que parecían grandes sin ser los faraónicos monstruos temáticos que vendría a construir Steve Wynn en los ochenta y noventa. El Caesars Palace, el MGM Grand original, el Sands todavía en pie. Una ciudad que no pretendía ser familiar ni sofisticada. Era abiertamente, descaradamente, lo que era.

Tocqueville habría encontrado Las Vegas fascinante, la inquietud hecha ciudad, la búsqueda de felicidad convertida en arquitectura, el pragmatismo americano en su forma más pura y más absurda.

La igualdad democrática produce la ilusión de que cualquiera puede ganar porque nadie nace perdedor. El casino es esa ilusión destilada y vendida a cinco centavos la ficha. La casa siempre gana, pero la democracia promete que esta vez quizás no.

Hunter Thompson lo había entendido mejor que nadie en Fear and Loathing, apenas seis años antes: Las Vegas como autopsia del sueño americano, todo el optimismo y toda la inquietud que Tocqueville describió, llevados hasta su conclusión lógica y grotesca bajo las luces de neón. Aferrado a mis pocos dólares, la vi sin jugar, a la distancia crítica perfecta: la del observador que entiende el espectáculo precisamente porque no participa en él.

La banda sonora de aquel Estados Unidos aún en efervescencia del bicentenario era dual y contradictoria, como el país mismo. Nobody Does It Better sonaba en la radio con su romanticismo orquestal y la perfección inalcanzable del héroe, el James Bond de El espía que me amó.

Fifty Ways to Leave Your Lover de Paul Simon —con el prodigioso ritmo de batería de Steve Gadd y su wit neoyorquino, irónico y desencantado— era el contrapunto perfecto a la grandilocuencia del aniversario de la independencia recién celebrado. Las ondas hertzianas eran, en esa época, un documento sociológico en sí mismas. Sin algoritmos, sin playlists personalizadas, sin burbujas. Todo el mundo escuchaba lo mismo simultáneamente.

Era quizás la última tecnología verdaderamente comunitaria que ha tenido esa cultura. Tocqueville habría visto en la radio el antídoto perfecto al individualismo atomizador que tanto le preocupaba. Una voz común para una sociedad de individuos. Ya no existe nada equivalente.

La escala comercial del patriotismo

En todas partes, las inmensas esferas naranjas de las estaciones Union 76 recordaban el bicentenario. El nombre tenía un doble significado que los americanos cultivaban con orgullo: era referencia patriótica a 1776, el año de la Declaración de Independencia, y coincidía con el octanaje de la gasolina que la empresa había lanzado en 1932.

Durante aquellos años, la cadena explotó esa asociación con el eslogan Go With the Spirit… the Spirit of '76, convirtiéndose en símbolo casi no oficial de la celebración nacional. Para un mulato caribeño como yo, hasta llenar el tanque parecía formar parte de la fiesta. Era ese tipo de síntesis que América dominaba como ningún otro país. Convertir lo cotidiano en liturgia; la gasolinera en monumento; el eslogan en identidad colectiva.

Ese era el país que encontré: uno que terminaba de celebrar sus doscientos años con una mezcla única de convicción y nostalgia; que comenzaba a despedirse de sus viejos héroes sin saber todavía quiénes serían los nuevos; que exportaba sueños a una escala que ninguna otra nación había logrado y que contenía, dentro de sus fronteras, tantas contradicciones como el mundo entero. La memoria quieta de Pearl Harbor y el delirio encendido de Las Vegas. Los Ángeles, el Mojave, John Wayne, Rocky Balboa: todo cabía, sin pedir permiso, en el mismo país.

Para quien llegaba desde el Caribe o desde Europa, Estados Unidos parecía más un estado de ánimo que un país: la promesa de una frontera siempre desplazándose unos kilómetros más allá. A cincuenta años de aquel viaje, y cincuenta antes del tercer centenario, me pregunto cuánto de aquello sobrevive y cuánto se ha perdido en la velocidad. Pero eso es otra historia. O quizás la misma, contada desde el otro extremo del tiempo.

Dar el impulso final a ambos pactos fue una decisión eminentemente política de Bruselas. En un contexto marcado por tensiones geopolíticas y arancelarias con Estados Unidos, la guerra en Ucrania y una relación compleja con China, la UE optó por acelerar la diversificación de mercados para reducir vulnerabilidades económicas y reforzar su autonomía estratégica, sin renunciar a preservar su influencia internacional.

Al describirlo como “la madre de todos los acuerdos”, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, subrayó la magnitud de la asociación con la India, hoy la cuarta economía mundial. El pacto creará una amplia zona comercial que abarcará a cerca de dos mil millones de personas y abrirá oportunidades de negocios bajo reglas más claras y menos burocráticas, con un impacto potencial significativo en la generación de empleo en ambas regiones.

Más allá de la reducción de aranceles, esta alianza incorpora una agenda estratégica de mayor alcance. Incluye cooperación en seguridad y defensa orientada a responder de forma coordinada a ciberataques y reforzar la vigilancia de rutas marítimas estratégicas en el Indo-Pacífico. A ello se suma un marco para facilitar la movilidad de profesionales altamente cualificados, con el objetivo de dinamizar sectores tecnológicos y académicos clave, como la inteligencia artificial.

La combinación de comercio, seguridad y movilidad profesional revela que lo acordado entre la UE y la India no es solo un pacto económico, sino una apuesta estratégica para abordar los actuales desafíos globales bajo un esquema de respeto mutuo, defensa del multilateralismo y compromiso con un orden internacional más estable y previsible.

El acuerdo con Mercosur responde a una lógica similar, aunque con matices propios. Para la UE, concluir con éxito 25 años de negociaciones con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, refuerza su imagen como defensora de un comercio basado en reglas y le permite profundizar su relación con América Latina, región cada vez más relevante por su dinamismo económico.

En concreto, esta asociación abre nuevas oportunidades comerciales en un mercado de 700 millones de consumidores, especialmente en sectores industriales y agroalimentarios. También facilita las inversiones en cadenas de suministro sensibles, como las tierras raras, esenciales para la transición energética, la digitalización y la defensa, lo que reduciría la dependencia europea de China. El componente ambiental completa este enfoque, con compromisos en materia de sostenibilidad, acción climática y neutralidad de carbono en miras al 2050, que vinculan el comercio al cumplimiento del Acuerdo de París y a estándares ambientales exigentes.

No obstante, el camino hacia la aprobación final de la alianza UE–Mercosur no será sencillo. Las protestas de agricultores europeos han evidenciado que la apertura comercial sigue siendo un tema políticamente sensible en el Viejo Continente. Esto explica las dificultades para su ratificación parlamentaria y la exploración de vías alternativas para su implementación de manera provisional.

Para países como la República Dominicana, con un comercio exterior que crece a pasos acelerados, estos convenios merecen atención. No necesariamente para replicarlos, sino para entender cómo las grandes economías están reaccionando a la incertidumbre comercial y qué implicaciones puede tener ello para los mercados, las inversiones y las cadenas de suministro de menor escala.

Más que tratados comerciales tradicionales enfocados en la liberalización total, lo que emerge de estas iniciativas es el uso de la integración como instrumento de posicionamiento político y económico en un sistema internacional en transición. Para la UE y sus nuevos socios, integrar mercados implica actualmente gestionar riesgos, proyectar influencia y ganar previsibilidad en un entorno marcado por la competencia estratégica y la incertidumbre.