Abogados de Donald Trump rechazan investigación de documentos
Solicitaron a una jueza mantener una orden que suspende temporalmente algunos aspectos clave de la investigación que realiza el Departamento de Justicia
AP
Los abogados de Donald Trump desestimaron el lunes como una “disputa de almacenamiento” la retención de documentos ultrasecretos por parte del exmandatario en su residencia de Florida, y solicitaron a una jueza mantener una orden que suspende temporalmente algunos aspectos clave de la investigación que realiza el Departamento de Justicia.
El equipo jurídico de Trump también se refirió a los documentos recuperados como “supuestos registros clasificados”, señalando que el Departamento de Justicia no ha demostrado que el material que recuperó el FBI durante su allanamiento del 8 de agosto en la finca Mar-a-Lago era secreto o siga siéndolo. Los abogados también aseguraron que no existe evidencia de que alguno de los registros haya sido revelado a alguna otra persona y argumentaron que, como expresidente, Trump tiene “derecho de acceso ilimitado” a documentos presidenciales.
“Esta investigación sobre el 45to presidente de Estados Unidos es sin precedentes y errónea”, escribieron los abogados. “En esencia es una disputa sobre almacenamiento de documentos que se ha salido de control, el gobierno intenta criminalizar injustamente la posesión por parte del 45to presidente de sus propios registros presidenciales y personales”.
El documento de 21 páginas pone en evidencia los significativos desacuerdos legales y de hechos entre los abogados de Trump y el gobierno federal en un momento en que el Departamento de Justicia intenta avanzar en su investigación penal sobre la retención de información de defensa nacional en Mar-a-Lago y en la posible obstrucción de dicha pesquisa.
Los abogados del Departamento de Justicia han rechazado la idea de que los documentos, muchos de ellos clasificados a nivel ultrasecreto, pertenecían a Trump o que Mar-a-Lago era un lugar adecuado para almacenarlos.
El equipo jurídico de Trump también anunció el lunes que se opone a los candidatos propuestos por el Departamento de Justicia para fungir como árbitro independiente a cargo de revisar los documentos incautados por el FBI. La dependencia respondió diciéndole a la jueza que, además de los dos jueces jubilados que propuso, también estaría dispuesta a recomendar a uno de los elegidos por los abogados de Trump para el cargo.
La investigación se topó con un obstáculo la semana pasada cuando la jueza de distrito Aileen Cannon concedió la solicitud que presentaron los abogados de Trump para designar al árbitro independiente, al que también se le llama perito especial, y prohibió por el momento que el departamento examine los documentos con fines investigativos.
El Departamento de Justicia le ha solicitado a la jueza levantar esa suspensión y dijo que impugnaría su fallo ante un tribunal federal de apelaciones. La dependencia señaló que su investigación corría el riesgo de resultar irremediablemente perjudicada si la orden se mantenía vigente, subrayando que la confusión en torno a su alcance y significado ya ha llevado a la comunidad de inteligencia a poner en pausa una evaluación de riesgos a la seguridad nacional que llevaba a cabo.
Pero en su moción, los abogados de Trump dijeron el lunes que Cannon no le debería permitir al FBI reanudar su revisión de los documentos clasificados. Argumentaron que el gobierno ha determinado de manera unilateral que los registros son confidenciales, pero aún no ha demostrado que siguen siéndolo.
“Al oponerse a una revisión neutral del material incautado, el gobierno intenta bloquear un primer paso lógico hacia la restauración del orden a partir del caos e incrementar la confianza del público en la integridad del proceso”, escribieron los abogados.
En tanto, ambas partes propusieron el viernes por la noche una serie de candidatos que asumirían el papel de árbitro especial, aunque discreparon en el alcance de las deberes que tendría esa persona. Cannon ha dicho que el árbitro por designar estaría encargado de revisar los documentos y eliminar de la investigación cualquier registro que esté protegido por el privilegio ejecutivo o la confidencialidad entre cliente y abogado.
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