La Ciudad Colonial ¿a unos pasos de la transformación?

SANTO DOMINGO. En medio de las quejas de sectores que hacen vida y negocios en el casco histórico capitalino, y a dos años de que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobara el préstamo de 30 millones de dólares para el remozamiento de la Ciudad Colonial de Santo Domingo, se inician los trabajos de reforma en las calles de la zona, que incluyen el soterrado de cables, restauración del acueducto y alcantarillado, y repavimentación.

Mientras la unidad coordinadora del Ministerio de Turismo (MITUR), institución responsable de la ejecución del proyecto, se toma su tiempo y analiza cada paso que da, porque considera que "los procesos de intervención en lugares de alto valor histórico y cultural son complejos y requieren de mucha atención", las entidades comerciales y sociales que inciden en la Zona Colonial manifiestan sus inconformidades ante los problemas que les afectan.

Inversionistas y empresarios, acompañados de representantes de juntas de vecinos, se quejaron recientemente de los retrasos y trabas que sufren los proyectos en la Ciudad Colonial, lo que a su juicio impide el desarrollo de la zona. El Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN), por su parte, advirtió a esos sectores que tienen que ajustarse a lo que disponen las normativas, que buscan proteger el medioambiente y el patrimonio de la Ciudad Primada de América.

Lisandro Antonio Macarrulla, presidente del movimiento Aliarse, responsabilizó al Ayuntamiento del Distrito Nacional y a la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental de los inconvenientes y aseguró que los reclamos que realizan por el deterioro de la Ciudad Colonial son el resultado de un diagnóstico de consenso entre las principales entidades y residentes de la zona.

Macarrulla, quien sostiene que el casco antiguo de la ciudad de Santo Domingo es el que menos turistas recibe porcentualmente de toda Latinoamérica, afirmó que pese a cumplir con todos los permisos de los diferentes organismos reguladores estatales y observar las regulaciones que aplican al sector, los trabajos de construcción o restauración son obstaculizados, sin justificación por escrito ni sustento legal.

La arquitecta Diana Martínez, directora de Patrimonio Cultural del ADN, en contraposición a lo dicho por Macarrulla y Aliarse, aseguró que su oficina ha aprobado el 85 por ciento de las solicitudes para remodelación de inmuebles en la Ciudad Colonial, siempre que se han adaptado a las normativas de desarrollo.

Agregó que en cuatro años se han conocido 156 expedientes de inversiones y construcciones, y que sólo se han rechazado cuando no cumplen con las normativas. Alega que no se pueden autorizar intervenciones físicas en inmuebles patrimoniales sin que se cumplan las reglas establecidas por la UNESCO, de las cuales es garante el ADN.