Celso pide a FMI liberar tope inversión eléctrica

SD. El vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Celso Marranzini, advirtió ayer al Fondo Monetario Internacional (FMI) que este no es momento para subir la tarifa, porque la población ha sido muy castigada con subidas de los precios de los combustibles y los alimentos.

El funcionario dijo que es "vergonzoso" que en el país no haya un millón de clientes con medidores eléctricos, porque el FMI no autoriza el aumento del techo de inversión de las distribuidoras de energía, tras señalar que con US$75 millones, las distribuidoras tendrían a todos sus clientes con medidores, lo que se traduciría en una reducción de las pérdidas de entre seis y siete puntos.

Marranzini dijo que habrá que buscar una solución y negociarla con el Fondo, pero eso es parte de lo que tendrá que hacer el equipo económico y la parte de la CDEEE es seguir mejorando el sector eléctrico. "El FMI tiene que aceptar que ya no existe el hoyo eléctrico y que uno de los problemas que ha tenido el sector en los últimos dos años se debe a la enorme limitación sobre inversión", por lo que si le prestaran ese dinero lo devolvería en un mes.

Expuso que no puede quitarle ese dinero a Educación, Salud, ni a Obras Públicas ni a ningún otro sector como alegadamente pretendería el FMI, por lo que llamó al organismo a ser "un poco más flexible" y permitir que el país invierta en áreas donde se pueda reducir el déficit.

Expuso que "a los clientes que no tienen medidores se les cobra en base al levantamiento de carga, convirtiéndolo en clientes que no ahorran energía y ahí se pierde un gran ahorro, porque no se le procesa su consumo real", precisó.

Marranzini dijo, por otro lado, que en los próximos seis años la CDEEE producirá ahorros al país por US$738 millones (un promedio de US$123 millones al año) por la renegociación de precios de compra de energía con las generadoras.

Expuso que "este logro se presenta en momentos en que la estructura del subsidio eléctrico otorgado por el Gobierno registra, por primera vez en su historia, un viraje para concentrarse menos en las transferencias a las empresas distribuidoras de electricidad y más en mantener relativamente estable la tarifa que pagan los consumidores.