Los diputados someten un proyecto de responsabilidad fiscal
La propuesta fue elaborada con la asesoría del CREES
Diario Libre
SANTO DOMINGO. La Cámara de Diputados fue apoderada de un Proyecto de Ley sobre la Responsabilidad y Transparencia Fiscal, que busca establecer la estructura institucional encargada de la aplicación y supervisión del régimen de responsabilidad, así como un sistema de consecuencias que se deriva de su inobservancia, violación o in aplicación.
El proyecto consigna la necesidad de que las fuerzas políticas, económicas y sociales "arriben a un pacto fiscal orientado a financiar el desarrollo sostenible y garantizar, la sostenibilidad fiscal a largo plazo, mediante el apoyo sostenido a un proceso de reestructuración fiscal integral", explica la iniciativa en uno de sus considerando.
En el proyecto se abordan las Reglas Fiscales del Gasto; Reglas sobre el Endeudamiento Público y, se establece además que la deuda del Sector Público Consolidado, como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), no pueda superar en ningún caso el 40%.
La propuesta fue trabajada con la asesoría del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES) y la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), entidades que plantean que se requiere de una legislación que defina, de manera clara y precisa, los criterios para evaluar la responsabilidad fiscal, y aporte elementos de transparencia necesaria para el logro de un sistema de información oportuno y confiable.
Los diputados José Francisco Santana, Guadalupe Valdez, Isabel de la Cruz, Ramón Cabrera y Omar Marchena asumieron la iniciativa y la motivaron en que el país necesita con urgencia un marco legal de Responsabilidad Fiscal, tal y como está contemplado en la Estrategia Nacional de Desarrollo, en su artículo 36, sobre la Reforma Fiscal.
Los congresistas señalan que el régimen de transparencia fiscal promueve mejores resultados en la implementación de políticas económicas, por cuanto los resultados son visibles tanto para los hacedores de políticas públicas, como para los ciudadanos en sentido general.
La violación de la ley conlleva sanciones que van desde la amonestación, hasta la destitución del funcionario que incumpla y penas de tres a diez años de cárcel.
Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucional y Justicia (FINJUS) y Ernesto Selman, del Centro Regional de Estrategias Económicas (CREES) participaron en la presentación del proyecto
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