El desarrollo fronterizo cuesta RD$8,899 millones en cuatro años

SANTO DOMINGO. El Ministerio de Hacienda estima en RD$7,820.5 millones los ingresos fiscales que entre 2011 y 2013 el Estado dejó de percibir por concepto de la aplicación de la Ley 28-01, que crea una Zona Especial de Desarrollo Fronterizo.

Durante el 2014, por el mismo motivo, a esta cifra se le sumaran otros RD$1,078.6 millones, de acuerdo al informe sobre la Estimación del Gasto Tributario que en el marco del presupuesto público anual publica ese ministerio.

Así, sólo en cuatro años, al Estado le costará RD$8,899.1 millones su política fiscal de incentivo para la creación de empresas y empleos en las deprimidas provincias fronterizas.

La Ley 28-01 fue promulgada el primero de febrero de 2001 por el entonces presidente Hipólito Mejía. El espíritu de esa ley consistía en facilitar la creación de empresas en los límites de las provincias Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Bahoruco, que "fomenten y sustenten formas de vida que cumplan con los requisitos de bienestar, seguridad, progreso y recreación" en esa región.

Sin embargo, los resultados no ha sido todo lo buenos que se esperaba. Circe Almánzar, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industria de la República Dominicana (AIRD) informa que ese gremio ha reclamado controles administrativos para lograr que no se haga competencia desleal". En respuesta, surgió una propuesta que "planteó el mismo presidente de la República", Danilo Medina, explica.

En el presente se discute un borrador de proyecto de ley, cuya autoría la AIRD se lo atribuye al Presidente de la República, y que recorta las listas de tipos de empresas que pueden ser beneficiadas con esos incentivos fiscales. De aprobarse, sólo podrán aplicar las empresas "innovadoras y agrícolas". De este modo, quedarían fuera las industriales, agroindustriales, industriales, agroindustriales, incluidas por la ley vigente.

En los considerandos del proyecto de Ley, se señala que "algunas de las empresas instaladas en la Zona Fronteriza no están respetando los límites geográficos de la jurisdicción para las cuales fueron aprobadas", y que "la Ley 28-01 ha creado distorsiones en el mercado".

Entre los cambios introducidos, se obliga a las empresas beneficiadas a concentrar todas sus operaciones en la localidad fronteriza, y que el 80% de su personal en nómina resida en las provincias amparadas por la nueva ley.

Camino hacia el congreso

Se espera que el 27 de febrero próximo, el presidente Danilo Medina someta el proyecto de ley al Congreso, revela Circe Almánzar. La pieza modifica la composición del Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, excluyendo del mismo a los senadores y diputados de las siete provincias señaladas que la conforman, "para que un poder del Estado no se inmiscuya en otro", observa la vicepresidenta de la AIRD. Considera que la actual integración es una "violación constitucional".

Edwin Ruiz