República Dominicana legisla para energía limpia, pero invierte en plantas a carbón

SANTO DOMINGO. Pese a que en República Dominicana existe una ley, desde el 2007, para impulsar el desarrollo de la energía renovable, en el país se está llevando a cabo la construcción de dos plantas a carbón que deberán estar listas en tres años y medio, por un monto de US$1,945 millones, valor que triplica la cantidad que se ha invertido en generación limpia en seis años.

En el año 2013, República Dominicana alcanzó una inversión de US$645 millones, según un informe del Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dado a conocer por el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Enrique Ramírez, quien ve positivo la construcción de las plantas a carbón porque, según entiende, la idea es tener en los próximos tres años 600 megavatios adicionales, y así tener un mayor margen de independencia energética a un menor costo.

Las plantas a carbón que se construyen en Punta Catalina, Baní, las cuales deberán estar listas el 7 de octubre de 2017, se realizan luego de que el Gobierno declarara de emergencia nacional el aumento de la capacidad energética del país, para evitar el colapso del Sistema Eléctrico Nacional.

Y aunque en el cuarto y quinto considerando de la Ley 57-07 se explican dos razones fundamentales que motivaron la aprobación de la legislación que promueven el desarrollo de las energías limpias, la construcción de las plantas a carbón se sustenta en la necesidad del país de aumentar la capacidad de generación de energía a más bajo costo.

El considerando cuarto de ley 57-07 dice que "La República Dominicana no dispone de fuentes fósiles conocidas hasta el presente, en volúmenes comercializables, lo que contribuye a aumentar la dependencia externa, tanto en el consumo de combustibles importados y de fuentes no renovables, como en la dependencia tecnológica y financiera en general".

Y el considerando quinto dice que "la República Dominicana es signataria y ha ratificado diferentes convenciones y convenios internacionales, como lo son la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto, donde el país se compromete a realizar acciones en la producción de energías renovables que reducen las emisiones de gases efectos de invernadero, que contribuyen al calentamiento global del planeta".

Pero a pesar de esas razones, se impuso la necesidad de aumentar la capacidad de generación eléctrica con medios más económicos que los renovables.

Disminuyen incentivos renovables

Además de que lo invertido en energía renovable se ha quedado atrás con relación a lo que se ha invertido, y se está invirtiendo en electricidad convencional, en la pasada reforma tributaria (Ley 253-12), la legislación sobre incentivos a las energías limpias recibió una mutilación de los beneficios que ofrecía a sus adquirientes, al recortar el crédito fiscal de 75% de la inversión este tipo de generación a 40%, lo que podría alejar las pretensiones de algunos inversionistas de desarrollar proyectos en este campo.

Amílcar Nivar