Juez de Nueva York no suspende sentencia que obliga a Argentina a pagar a los fondos buitre
El principal litigante es NML Capital Ltd. del multimillonario Paul Singer.
Diario Libre
NUEVA YORK. El juez de Nueva York Thomas Griesa no le echó una mano a Argentina el martes al negarse a concederle una medida cautelar que dejaría en suspenso la sentencia que obliga al país a pagar 1.500 millones de dólares a bonistas litigantes.
En su lugar, Griesa ordeno que el país y los bonistas se reúnan de forma continua en Nueva York, con un mediador, hasta llegar a una solución.
"Un 'stay' (medida cautelar) no es algo necesario para la negociación de un acuerdo", dijo el juez en una audiencia con las partes.
Argentina había pedido a Griesa que suspendiera la sentencia al asegurar que le es imposible pagar a los litigantes que no ingresaron a dos canjes de deuda en cese de pagos realizados en 2005 y 2010, los cuales representan 1% del total de los acreedores. El principal litigante es NML Capital Ltd. del multimillonario Paul Singer.
Suspender el fallo significaba además para Argentina poder cancelar obligaciones con los tenedores de deuda reestructurada, que representan más del 92% del total de los acreedores. Griesa congeló ese pago de 539 millones de dólares que Argentina debía realizar el 30 de junio a los bonistas reestructurados al considerar que no era viable si el país no pagaba al mismo tiempo a los litigantes. La situación ha dejado a Argentina al borde de un nuevo default.
Griesa dijo el martes que tal escenario debe evitarse como sea.
"Nos queda poco tiempo. Una suspensión de pagos sería algo triste. Una verdadera pena", dijo el juez, que destacó que este un problema que "puede solucionarse".
Un portavoz de NML señalo en un comunicado que la compañía está preparada para cumplir con la sentencia y reunirse con Argentina y el mediador. "Creemos que este asunto podría resolverse rápidamente si Argentina se une a nosotros en negociaciones para lograr un acuerdo", dijo el vocero, que según normas de NML, no hizo público su nombre.
Jonathan Blackman, el abogado que representa a Argentina, respondió al juez que es imposible llegar a una solución con los litigantes antes del 30 de julio, la fecha en que el país podría caer en cese de pagos.
Blackman dijo que la cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers o Derechos Sobre Futuras Ofertas) es un obstáculo para lograr una solución rápida porque impide al gobierno argentino ofrecer mejores condiciones de pago que las aceptadas por los inversores que ingresaron a los canjes. Esa cláusula vencerá el próximo 31 de diciembre.
Las reuniones que propuso Griesa el martes se llevarán a cabo en las oficinas de Daniel Pollack, el mediador que designó el juez para el caso. Empezarán el miércoles a las 10 de la mañana (1400 GMT).
La audiencia del martes en la corte federal de Manhattan duró dos horas durante las cuales se discutieron sobre todo mociones propuestas por los bancos que tienen depositado el dinero con el que Argentina debe pagar a los bonistas reestructurados.
Los 539 millones dólares se encuentran congelados en el Bank of New York Mellon (BoNY), una de las entidades que solicitó celebrar la audiencia para que el juez aclarase qué debe hacer el banco con el dinero. Griesa dijo que el banco actuó correctamente al no entregar el dinero a los bonistas reestructurados ya que hacerlo habría ido en contra de su decisión judicial.
Eric Schaffer, representante del banco, dijo a Griesa que devolver el dinero a Argentina probablemente supondría más demandas judiciales, a lo que Griesa respondió que es mejor hacer lo posible para evitar más litigación. La conclusión que se dedujo del intercambio es que los 539 millones se quedarán de momento en el banco.
Representantes de Citibank dijeron a Griesa que Argentina pagó casi 300 millones de dólares al banco para los bonistas reestructurados y aproximadamente dos millones de dólares a JP Morgan Chase.
Griesa repasó de forma general la historia de la deuda argentina desde 2001 e insistió en que el país latinoamericano "debe cumplir con sus obligaciones" a pesar del "rencor" que Argentina ha sentido por los litigantes. El juez destacó que este es un momento crucial y que no resolver el problema no afectará sólo a bonistas sino también a los ciudadanos de a pie.
Tras conocer la decisión del juez neoyorquino, Matías Carugati, de la consultora Management & Fit de Buenos Aires, dijo a The Associated Press que "el riesgo de caer en default es un poco más alto, aunque seguimos manteniendo la opinión de que el gobierno va encontrar una salida acordada para evitar el cese de pagos, lo que podría incluir, por ejemplo, la cancelación con bonos".
El economista señaló que "la solución va a terminar siendo al filo del límite del 30 de julio".
Para Carugati, un default implicaría, entre otros perjuicios, "más brecha cambiaria o una profundización de la recesión", además de que el gobierno sufriría costos políticos porque "después de conseguir logros económicos y sociales nos puso en una situación de cesación de pagos".
Según el analista, es mucho más grave que se produzca un default a la hipotética situación de que antes del 31 de diciembre se gatille la cláusula RUFO.
"Es mucho más costoso para el país otro cese de pagos hoy, que la posibilidad de un juicio de los reestructurados mañana", sostuvo.
El índice Merval de las acciones líderes de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró con una caída de 1,08%. En tanto, el dólar oficial se mantenía estable pero en el mercado paralelo aumentaba 1% respecto del lunes.
En su lugar, Griesa ordeno que el país y los bonistas se reúnan de forma continua en Nueva York, con un mediador, hasta llegar a una solución.
"Un 'stay' (medida cautelar) no es algo necesario para la negociación de un acuerdo", dijo el juez en una audiencia con las partes.
Argentina había pedido a Griesa que suspendiera la sentencia al asegurar que le es imposible pagar a los litigantes que no ingresaron a dos canjes de deuda en cese de pagos realizados en 2005 y 2010, los cuales representan 1% del total de los acreedores. El principal litigante es NML Capital Ltd. del multimillonario Paul Singer.
Suspender el fallo significaba además para Argentina poder cancelar obligaciones con los tenedores de deuda reestructurada, que representan más del 92% del total de los acreedores. Griesa congeló ese pago de 539 millones de dólares que Argentina debía realizar el 30 de junio a los bonistas reestructurados al considerar que no era viable si el país no pagaba al mismo tiempo a los litigantes. La situación ha dejado a Argentina al borde de un nuevo default.
Griesa dijo el martes que tal escenario debe evitarse como sea.
"Nos queda poco tiempo. Una suspensión de pagos sería algo triste. Una verdadera pena", dijo el juez, que destacó que este un problema que "puede solucionarse".
Un portavoz de NML señalo en un comunicado que la compañía está preparada para cumplir con la sentencia y reunirse con Argentina y el mediador. "Creemos que este asunto podría resolverse rápidamente si Argentina se une a nosotros en negociaciones para lograr un acuerdo", dijo el vocero, que según normas de NML, no hizo público su nombre.
Jonathan Blackman, el abogado que representa a Argentina, respondió al juez que es imposible llegar a una solución con los litigantes antes del 30 de julio, la fecha en que el país podría caer en cese de pagos.
Blackman dijo que la cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers o Derechos Sobre Futuras Ofertas) es un obstáculo para lograr una solución rápida porque impide al gobierno argentino ofrecer mejores condiciones de pago que las aceptadas por los inversores que ingresaron a los canjes. Esa cláusula vencerá el próximo 31 de diciembre.
Las reuniones que propuso Griesa el martes se llevarán a cabo en las oficinas de Daniel Pollack, el mediador que designó el juez para el caso. Empezarán el miércoles a las 10 de la mañana (1400 GMT).
La audiencia del martes en la corte federal de Manhattan duró dos horas durante las cuales se discutieron sobre todo mociones propuestas por los bancos que tienen depositado el dinero con el que Argentina debe pagar a los bonistas reestructurados.
Los 539 millones dólares se encuentran congelados en el Bank of New York Mellon (BoNY), una de las entidades que solicitó celebrar la audiencia para que el juez aclarase qué debe hacer el banco con el dinero. Griesa dijo que el banco actuó correctamente al no entregar el dinero a los bonistas reestructurados ya que hacerlo habría ido en contra de su decisión judicial.
Eric Schaffer, representante del banco, dijo a Griesa que devolver el dinero a Argentina probablemente supondría más demandas judiciales, a lo que Griesa respondió que es mejor hacer lo posible para evitar más litigación. La conclusión que se dedujo del intercambio es que los 539 millones se quedarán de momento en el banco.
Representantes de Citibank dijeron a Griesa que Argentina pagó casi 300 millones de dólares al banco para los bonistas reestructurados y aproximadamente dos millones de dólares a JP Morgan Chase.
Griesa repasó de forma general la historia de la deuda argentina desde 2001 e insistió en que el país latinoamericano "debe cumplir con sus obligaciones" a pesar del "rencor" que Argentina ha sentido por los litigantes. El juez destacó que este es un momento crucial y que no resolver el problema no afectará sólo a bonistas sino también a los ciudadanos de a pie.
Tras conocer la decisión del juez neoyorquino, Matías Carugati, de la consultora Management & Fit de Buenos Aires, dijo a The Associated Press que "el riesgo de caer en default es un poco más alto, aunque seguimos manteniendo la opinión de que el gobierno va encontrar una salida acordada para evitar el cese de pagos, lo que podría incluir, por ejemplo, la cancelación con bonos".
El economista señaló que "la solución va a terminar siendo al filo del límite del 30 de julio".
Para Carugati, un default implicaría, entre otros perjuicios, "más brecha cambiaria o una profundización de la recesión", además de que el gobierno sufriría costos políticos porque "después de conseguir logros económicos y sociales nos puso en una situación de cesación de pagos".
Según el analista, es mucho más grave que se produzca un default a la hipotética situación de que antes del 31 de diciembre se gatille la cláusula RUFO.
"Es mucho más costoso para el país otro cese de pagos hoy, que la posibilidad de un juicio de los reestructurados mañana", sostuvo.
El índice Merval de las acciones líderes de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró con una caída de 1,08%. En tanto, el dólar oficial se mantenía estable pero en el mercado paralelo aumentaba 1% respecto del lunes.
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