Aseguran que la medida de Aduanas viola las leyes y la Constitución

SANTO DOMINGO. La medida emitida por la Dirección General de Aduanas (DGA), en la que dispone impuestos a las compras por debajo de US$200 que se realizan por internet, violaría varios artículos de la Constitución y de las leyes sobre Derechos y Deberes de las Personas en sus Relaciones con la Administración (107-13) y la de Libre Acceso a la Información Pública.

Según el abogado constitucionalista Cristóbal Rodríguez, la medida de la DGA que pretende derogar el decreto 402-05 es contraria de manera específica a los artículos 138, 110, 169, 243 y 6 de la Constitución.

También, detalló Rodríguez, contraviene lo dispuesto en los artículos 3 y 4 de la Ley 107-13 y en el artículo 21 de la de Libre Acceso a la Información Pública. "Esto abre un importante abanico de opciones para atacar judicialmente la decisión de la DGA", aseguró el también profesor universitario.

En la Constitución

Rodríguez indicó que entre las vulneraciones a la Constitución, se encuentran la insubordinación al pleno al ordenamiento jurídico del Estado, establecido en el artículo 138; y la alteración a la situación jurídica establecida en el artículo 4 del Decreto 402-05 en la que dispone la exención del pago de impuestos a estas compras, de acuerdo al artículo 110.

Además, no estaría cumpliendo con la norma constitucional, que establece reglas mínimas del debido proceso (artículo 169). Apuntó que en el caso del artículo 243, que dispone el principio de legalidad "supone que sólo por ley pueden imponerse cargas fiscales a la ciudadanía, lo cual ha sido desconocido por la DGA en el caso que nos ocupa".

En cuanto al artículo 6 de la Constitución, la medida de la DGA violaría el principio de supremacía constitucional que dispone y que declara, en consecuencia, la nulidad de pleno derecho de toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto que le sea contrario".

"Al contravenir disposiciones expresas de la Constitución como las antes apuntadas, la decisión de la DGA infringe el principio de supremacía constitucional", enfatizó.

Otras leyes

En cuanto a la Ley 107-13, Rodríguez apunta que infringiría su artículo 3, que fija los principios de la actuación administrativa, que incluye el de juridicidad, "en cuya virtud toda la actuación administrativa se somete plenamente al ordenamiento jurídico del Estado". También violaría el derecho del consumidor "a ser oído siempre" antes de adoptar medidas que le puedan afectar.

Argénida Romero