Dudas sobre la deuda de Puerto Rico
Diario Libre
Nuevas dudas sobre la capacidad de Puerto Rico para cumplir sus pagos de deuda preocupan al mercado de $4 billones de dólares donde los estados y municipios estadounidenses recaudan capital, proyectando así una sombra sobre las perspectivas de los bonos municipales, los populares títulos valores exentos de impuestos.
Standard & Poors la semana pasada rebajó en tres grados la calificación de la deuda de obligación general (GO) de Puerto Rico, alegando la disminución de los ingresos y un reciente fallo de la corte de distrito de la isla. Un juez federal revocó este mes un plan de la isla, un Estado Libre Asociado con EEUU, que le hubiera permitido a Puerto Rico colocar algunas agencias del gobierno en reestructuración de deuda, una decisión que enfureció a algunos grandes tenedores de deuda.
La decisión del juez y la rebaja de la calificación han afectado la demanda de la deuda de Puerto Rico, que oscila alrededor de los $70 mil millones, y han puesto más presión sobre el mercado estadounidense de los bonos municipales más amplio.
Los rendimientos de la deuda de obligación general a 30 años de Puerto Rico han aumentado 36 puntos básicos desde el inicio del mes, hasta situarse en el 8.06 por ciento el viernes, según Thomson Reuters MMD. Los rendimientos de los bonos municipales generales con calificación AAA con vencimientos similares también subieron en el mismo período, aumentando 37 puntos básicos hasta el 2.87 por ciento el viernes.
Los analistas dijeron que una prolongada disputa legal que involucra a Puerto Rico y sus tenedores de deuda podría impedir que el estado libre asociado aborde algunas de sus restricciones financieras más urgentes.
"La rebaja de S&P fue bastante rigurosa, pero en cierto modo, los mercados ya estaban preparados para ello", dijo Nick Venditti, gerente de cartera de Thornburg Investment Management.
"Sin embargo, mientras más tiempo continúen las disputas legales, menos probable es que exista una solución satisfactoria para los problemas de deuda de Puerto Rico. Mientras tanto, están sangrando dinero".
El jueves, S&P rebajó la calificación de la deuda de GO de Puerto Rico de BB a B, alegando la "posible incapacidad de la isla para pagar sus deudas, después de que la debilidad económica persistente ha afectado los ingresos durante muchos años".
La agencia de calificación también dijo que la decisión del juez de invalidar la ley de reestructuración de deuda de Puerto Rico puede terminar afectando la capacidad de la isla para recaudar dinero a un "costo razonable".
"El acceso de Puerto Rico a la financiación de flujo de efectivo necesaria para el siguiente año fiscal podría verse seriamente limitada", dijo S&P.
Puerto Rico ha tenido dificultades para cumplir sus obligaciones de deuda, que exceden los $70 mil millones. A diferencia de algunos municipios de EEUU, su constitución impide que el gobierno y las empresas públicas acudan a los tribunales de quiebra para protegerse de los acreedores.
La aprobación de la llamada Ley de Recuperación en junio pasado por parte del gobernador Alejandro Padilla hubiera permitido que algunas de sus más grandes empresas de servicios públicos, como la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, negociaran con los tenedores de bonos para reducir las grandes cargas de deuda.
El gobierno de Puerto Rico está apelando la decisión.
Al declarar inconstitucional el estatuto de Puerto Rico, "el tribunal de distrito ha privado a Puerto Rico de hacer uso de su propia ley y, por lo tanto, ha consignado a sus corporaciones públicas al peonaje permanente por deudas y a los acreedores de esas corporaciones al riesgo de un impago desordenado", dijo Jim Millstein, especialista en reestructuración y asesor financiero del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico.
(c) 2015 The Financial Times Ltd. All rights reserved
Standard & Poors la semana pasada rebajó en tres grados la calificación de la deuda de obligación general (GO) de Puerto Rico, alegando la disminución de los ingresos y un reciente fallo de la corte de distrito de la isla. Un juez federal revocó este mes un plan de la isla, un Estado Libre Asociado con EEUU, que le hubiera permitido a Puerto Rico colocar algunas agencias del gobierno en reestructuración de deuda, una decisión que enfureció a algunos grandes tenedores de deuda.
La decisión del juez y la rebaja de la calificación han afectado la demanda de la deuda de Puerto Rico, que oscila alrededor de los $70 mil millones, y han puesto más presión sobre el mercado estadounidense de los bonos municipales más amplio.
Los rendimientos de la deuda de obligación general a 30 años de Puerto Rico han aumentado 36 puntos básicos desde el inicio del mes, hasta situarse en el 8.06 por ciento el viernes, según Thomson Reuters MMD. Los rendimientos de los bonos municipales generales con calificación AAA con vencimientos similares también subieron en el mismo período, aumentando 37 puntos básicos hasta el 2.87 por ciento el viernes.
Los analistas dijeron que una prolongada disputa legal que involucra a Puerto Rico y sus tenedores de deuda podría impedir que el estado libre asociado aborde algunas de sus restricciones financieras más urgentes.
"La rebaja de S&P fue bastante rigurosa, pero en cierto modo, los mercados ya estaban preparados para ello", dijo Nick Venditti, gerente de cartera de Thornburg Investment Management.
"Sin embargo, mientras más tiempo continúen las disputas legales, menos probable es que exista una solución satisfactoria para los problemas de deuda de Puerto Rico. Mientras tanto, están sangrando dinero".
El jueves, S&P rebajó la calificación de la deuda de GO de Puerto Rico de BB a B, alegando la "posible incapacidad de la isla para pagar sus deudas, después de que la debilidad económica persistente ha afectado los ingresos durante muchos años".
La agencia de calificación también dijo que la decisión del juez de invalidar la ley de reestructuración de deuda de Puerto Rico puede terminar afectando la capacidad de la isla para recaudar dinero a un "costo razonable".
"El acceso de Puerto Rico a la financiación de flujo de efectivo necesaria para el siguiente año fiscal podría verse seriamente limitada", dijo S&P.
Puerto Rico ha tenido dificultades para cumplir sus obligaciones de deuda, que exceden los $70 mil millones. A diferencia de algunos municipios de EEUU, su constitución impide que el gobierno y las empresas públicas acudan a los tribunales de quiebra para protegerse de los acreedores.
La aprobación de la llamada Ley de Recuperación en junio pasado por parte del gobernador Alejandro Padilla hubiera permitido que algunas de sus más grandes empresas de servicios públicos, como la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, negociaran con los tenedores de bonos para reducir las grandes cargas de deuda.
El gobierno de Puerto Rico está apelando la decisión.
Al declarar inconstitucional el estatuto de Puerto Rico, "el tribunal de distrito ha privado a Puerto Rico de hacer uso de su propia ley y, por lo tanto, ha consignado a sus corporaciones públicas al peonaje permanente por deudas y a los acreedores de esas corporaciones al riesgo de un impago desordenado", dijo Jim Millstein, especialista en reestructuración y asesor financiero del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico.
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